Tras las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación, el Partido Socialista madrileño, bajo la batuta de Juan Lobato, presentó el pasado mes de julio una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho en contratos de ejecución de obras en diversos centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad. Ahora la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia registrada por el PSOE-M, lo que supone el inicio de las diligencias previas al inicio de la investigación.
Los hechos referidos aluden a posibles irregularidades relacionadas con el fraccionamiento de contratos para la construcción y reforma de hasta ocho centros de Formación Profesional (FP) y del Profesorado repartidos por toda la región. Se trata, en concreto, del Complejo Educativo Ciudad Escolar de San Fernando, que engloba los IES Ciudad Escolar, Hotel Escuela y San Fernando, la Escuela de Arte Alberto Corazón de Alcalá de Henares, la Escuela de Idiomas y el Centro Territorial de Innovación y Formación Sur (CTIF) de Leganés, el IES Carlos Bousoño de Majadahonda y los IES Príncipe Felipe y Pío Baroja de la capital. Una práctica, en último término, que permitiría saltarse los procedimientos de control económico propios de la contratación en el ámbito público -Ley 9/2017- al dividir las actuaciones en contratos menores, por un importe inferior a los 40.000 euros.
Por su parte, desde Más Madrid se han sumado también a la causa este mismo martes al presentar otra denuncia paralela acompañada de más de 300 contratos por valor de seis millones de euros y que, a su parecer, podrían suponer "numerosos casos" de "fraude en las contrataciones" cometidos, además, "a dedo". "Hemos venido a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a traer nuevos indicios para la causa que está abierta, en investigación, sobre los casos de FP. En total, hemos traído 342 contratos que son sospechosos de ser contratos a dedo, contratos que se han saltado la Ley de Contratación Pública y contratos troceados", ha informado la primer espada de la formación, Manuela Bergerot.
"No son casos aislados. Es el modus operandi del PP"
Para la líder de la oposición, el "escándalo" de las obras en centros de Formación Profesional "no son casos aislados" sino que representan un "modus operandi" en la acción del Partido Popular madrileño y, por ende, también del Ejecutivo autonómico: "Estamos viendo cómo bajo el gobierno de la señora Ayuso, igual que lo fue antes en el gobierno de Esperanza Aguirre, hay un modus operandi para llevarse el dinero público de los madrileños, que debería ir precisamente a esos centros de formación profesional públicos, en un momento en el que 50.000 jóvenes madrileños se han quedado sin plaza en la pública (...). No son casos aislados sino que es el modus operandi del Partido Popular madrileño".
Bergerot ha señalado asimismo al exconsejero de Educación y actual presidente de la Asamblea de Vallecas, Enrique Ossorio, y a la consejera de Economía Hacienda y Empleo, Rocío Albert, entonces segunda de abordo en Educación, como "responsables" de los hechos denunciados. "Esperamos que la investigación pueda seguir su curso. Esperamos que tanto Enrique Ossorio como Rocío Albert, que eran responsables en la Consejería de Educación durante el tiempo que se dieron estos contratos, den todas las facilidades y toda la información necesaria para esclarecer la cuestión y que se haga justicia", ha zanjado.
La propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, encabezada por Emilio Viciana, también remitió semanas atrás a Fiscalía las posibles irregularidades en la reforma del centro Ciudad Escolar, abriendo en paralelo auditorías internas para tratar de aclarar lo ocurrido. La solicitud de apertura de una Comisión de Investigación en la Asamblea a cargo de Más Madrid sería, sin embargo, rechazada por la mayoría absoluta Popular, partidaria de "dejar trabajar a la justicia".