El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023 en materia de derechos de las personas trans y LGTBI, lo que suspende inmediatamente su aplicación.
Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se trata de dos leyes autonómicas. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto. Redondo ha asegurado que la normativa de la Comunidad madrileña es "regresiva" y que las modificaciones incorporadas "limitan y vulneran" los derechos que están reconocidos en la legislación estatal.
"Los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español", ha asegurado Redondo.
Redondo también ha matizado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.
Así, el Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
Igualmente, Redondo ha destacado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. En esta línea, ha afirmado que "no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid". Ante esta situación, el Gobierno interpondrá el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos, un recurso que Redondo ha recordado que también ha interpuesto el Defensor del Pueblo alegando "motivos similares".
La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, cree que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministra de Igualdad, Ana Redondo, les importa "más la propaganda que cuidar a los niños y sus familias". Dávila ha defendido la postura del Gobierno autonómico de "proteger a los menores" con estas leyes y cree que este anuncio de Redondo demuestra que el Ejecutivo central "no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo".
Tras conocerse esta decisión del Consejo de Ministros, la consejera madrileña ha remarcado que la normativa madrileña ha perseguido siempre "proteger a los menores de una situación, de unos tratamientos que son irreversibles" y "acompañarlos en un proceso" en el que según la consejera, la propia ministra de Igualdad reconoció en la reunión que mantuvieron "que existía mucho sufrimiento en las familias y en cada persona que se somete a un proceso de transición".
"Hemos escuchado a las sociedades científicas, a las sociedades médicas, a las propias familias, a los profesionales de la salud mental, de la endocrinología, de la pediatría, de la salud mental, infanto-juvenil", ha abundado la titular de Asuntos Sociales, que había solicitado "una nueva reunión" con Redondo que no recibió respuesta, ha aclarado.
Así, ha sentenciado que la posición del Ejecutivo estatal es "una vez más atacar a Madrid, no tener ninguna intención de negociar" y "ninguna intención de proteger a las personas vulnerables".