Continúa la pugna entre los actuales inquilinos de Tribulete 7, en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés, y la socimi Elix Rental House, nueva propietaria del inmueble. Desde que la compañía cerrase, hace apenas unos meses, la adquisición del edificio al completo –hasta 52 viviendas y dos locales–, vecinos y comerciantes comenzaron un ciclo de movilizaciones encaminado a garantizar su permanencia frente a lo que no dudan en tildar de “prácticas abusivas” por parte de este “fondo buitre”.
Puesto que los planes de la empresa pasan por la rehabilitación de las viviendas para, acto seguido, disponerlas en régimen de alquiler, ya sea vacacional o residencial, a un precio “tres veces más alto que el actual”, la continuidad de los vecinos va perdiendo, poco a poco, enteros. Más aún a tenor del desarrollo de las negociaciones, y es que las condiciones fijadas por Elix, tal y como relatan los propios afectados, son claras: entre 3.000 y 7.000 euros de indemnización para aquellos que opten por pactar la salida a título individual y apenas 1.000, más el coste de la mudanza, para quienes no renuncien a la vía de la negociación colectiva.
“Esas van a ser las condiciones. De ahí no se van a mover ni un ápice. Lo han dejado claro. Quieren que nos vayamos sí o sí. Quieren desmovilizar, desunir y desmontar 'Nos Quedamos' –la plataforma ciudadana creada ex profeso para este tipo de movilizaciones–. Hablamos de cantidades ridículas. ¿A dónde nos vamos con ese dinero tal y como están los alquileres en Madrid hoy en día? A ningún sitio. No nos da ni para la fianza. Es de risa” relata preocupado a Madridiario el portavoz de la Asociación de Vecinos La Corrala Latina-Rastro, Antolín Sánchez. Los que aún disfruten de “renta antigua”, matiza a continuación, estarían “salvados”.
“Nos van a hacer la vida imposible”
La rigidez en las condiciones expuestas por Elix Rental House bebe, a tenor del relato vecinal, de su firme intención de “dejar el edificio vacío cuanto antes” y, así, arrancar los trabajos de rehabilitación sin más dilación. El plazo sobre la mesa, de apenas “uno o dos meses como máximo”: “Hacen hincapié en todo momento en las molestias que van a ocasionar las obras. El ruido, el polvo... Es una forma suave de amenazarnos y de decirnos que o nos vamos o nos van a hacer la vida imposible. Esto genera mucho estrés y ansiedad entre los vecinos”.
Puesto que consideran esta hoja de ruta como una estrategia orientada a “amedrentar al vecindario”, los inquilinos se niegan a rendirse y abandonar su hogar. Al menos, no sin presentar batalla. “Vamos a seguir luchando. No nos planteamos tirar la toalla. Hace un par de fines de semana organizamos una manifestación contra los pisos turísticos ilegales a la que acudieron en torno a 400 o 500 personas. Esa es la línea a seguir”, detalla Antolín en conversaciones con este digital. El próximo paso por parte de 'Nos Quedamos' será, salvo giro de guion en las negociaciones, una marcha contra el “modelo de negocio” de los “fondos buitre” que “expulsa a los vecinos de sus hogares y barrios”.
El caso de Tribulete no es, ni mucho menos, una excepción en la capital. Un escenario muy similar, aunque en un estadio aún más avanzado, es el que se vive actualmente en otro edificio de la calle Galileo, donde, tras el inicio de las obras, los vecinos que aún resisten “se han quedado atrapados tras los andamios como si fuera una jaula de canarios”. También en Argumosa, donde la operación terminó por completarse con la salida de todos y cada uno de los antiguos residentes. El denominador común que subyace estos ejemplos, deslizan desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, es siempre el mismo: “la especulación inmobiliaria”.
Frente a tales prácticas, que, aseguran, traen aparejadas la proliferación masiva de pisos turísticos, los residentes han comenzado a organizarse, siguiendo el ejemplo de Canarias, Cataluña, Andalucía o Cantabria, para la puesta en marcha de numerosas iniciativas. La más sonada, la “huelga de alquileres” frente al “fondo buitre Néstar-Ázora” –también conocido como Lazora o Nestar– , el tercer mayor casero del país, y su bloque de viviendas en Villa de Vallecas. En concreto, las familias afectadas protestan contra la falta de mantenimiento en las zonas comunes, las subidas "ilegales" en el precio del alquiler y las cláusulas “trampa” vigentes en sus contratos.
“Ni un euro más a vuestros negocios especulativos”
“Los contratos de alquiler que obliga a firmar Néstar-Azora a sus inquilinas incluyen por defecto una cláusula-trampa, una bomba de relojería: al tercer año, el precio empieza a dispararse. En lugar del tres por ciento legal, te suben 150 o 200 euros de golpe. Es una clausula abusiva por la que comienzan a cobrarnos el IBI y la comunidad. O aceptas la subida o te vas. Es su fórmula mágica para saltarse la ley”, denuncian a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. El objetivo de la huelga, iniciada el pasado 7 de junio conjuntamente con otros diez bloques de Néstar en Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y el Ensanche de Vallecas, no es otro que forzar una negociación colectiva que ponga freno a las clausulas “especulativas”, tal y como ya ha ocurrido en Barcelona.