La Comunidad de Madrid ha interpuesto este lunes un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paraliza las obras del nuevo centro de menores de La Cantueña. Este recurso llega después de que la pasada semana anunciara su intención de recurrir esta resolución "de inmediato" ante su "absoluta carencia de fundamento". Además, el Gobierno regional ha solicitado como medida cautelarísima la suspensión de esta norma municipal para que puedan proseguir los trabajos, según han confirmado a Europa Press fuentes autonómicas.
Fuentes del Ejecutivo autonómico argumentaban que el artículo 163 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid aplicado por el Gobierno regional "en escrupuloso ajuste a la legalidad" le permite "la ejecución inmediata de las obras por razones de urgencia o interés general", ambas circunstancias que "concurren en este expediente", ya que, según sostienen, la legislación obliga a la Administración autonómica "a prestar la atención a los menores que llegan de manera inmediata".
Ante esto, advierten de que "la absoluta carencia de fundamento de esta resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada" será "recurrida de inmediato" ante los órganos jurisdiccionales competentes, a fin de que adopten "las acciones oportunas para reconducir" al Consistorio "a la legalidad".
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha notificado a la Comunidad de Madrid y a la empresa constructora el decreto de paralización, también "inmediata", de las obras de adaptación del centro. Fuentes municipales confirmaron que el decreto de Urbanismo apela al expediente de reversión abierto para justificar la paralización. "No se pueden iniciar obras hasta que este expediente se resuelva y se determine la propiedad de las instalaciones", precisaron. En este sentido, señalaron que si la Comunidad o la empresa no paralizan las obras, lo "tendrá que hacer el Ayuntamiento" a través de la Policía Municipal.
Desde el Ayuntamiento fuenlabreño han informado de que el decreto está "sustentado en informes jurídicos". Al tiempo, han vuelto a calificar de "atropello" la intención de la Comunidad de Madrid de transformar el centro sin el consenso municipal.
La Comunidad prevé destinar siete millones de euros para convertir estas instalaciones en un centro para menores migrantes, con 100 plazas iniciales. El Consistorio cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental. Al incumplirse el convenio, el Ayuntamiento activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones.
El martes, el alcalde, Javier Ayala (PSOE), anunció que los técnicos municipales estaban estudiando la posibilidad de paralizar estos trabajos, advertencia que se hizo efectiva.