El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha anunciado este miércoles que los servicios jurídicos municipales están estudiando la posibilidad de paralizar las obras del centro de acogida de menores migrantes que la Comunidad de Madrid prevé habilitar en La Cantueña.
"Si tiene que ir la Policía Local a notificar mediante decreto a paralizar las obras, irá", ha zanjado el regidor en torno a unas obras que, valoradas en unos siete millones de euros y que aprobó el Consejo de Gobierno regional, permitirán remodelar el centro cedido por el Ayuntamiento y que estaba previsto destinar a proyectos de difusión ambiental.
El lunes la Policía local confirmó el inicio de estas obras de adaptación para crear en una primera fase para acoger a un centenar de menores migrantes, así como diferentes usos a disposición de la vecindad. Ante ello, Ayala ha anunciado que "actuará inmediatamente".
"Si no cumplen con la legalidad, tendrán que parar y justificar una serie de requerimientos", ha adelantado Ayala. "No vamos a consentir que esto siga adelante atropellando los derechos de la ciudadanía de Fuenlabrada", ha agregado.
Así, los servicios municipales trabajan en "armar el expediente", para lo que se alegará previsiblemente que hay abierto un expediente de reversión de la instalación que debe finalizarse.
El Ayuntamiento fuenlabreño activó la clausula del convenio que establecía la vuelta del centro de La Cantueña a la Administración local si se incumplía el objeto del convenio.
"Vamos a actuar de manera inmediata, para que se cumpla la legalidad urbanística como a todo el mundo", ha señalado Ayala. "Lo que no pueden hacer es saltarse a la torera los requerimientos que ha estado haciendo el Ayuntamiento a la Comunidad", ha zanjado el primer edil.
Las declaraciones del regidor han sido acogidas con recelo en el seno del Ejecutivo Regional. "Es un ejercicio de cinismo brutal. No hace caso a la instalación durante 20 años y cuando se decide darle un uso lo que hace es criticarlo", ha lanzado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
A su entender, puesto que la instalación en disputa es "titularidad" de la Comunidad y "las obras han sido aprobadas en tiempo y forma", el nuevo uso "cumple con todo los requisitos legales". Así, el margen de maniobra del Consistorio sería, cuanto menos, limitado: "No se dan las circunstancias para que el Ayuntamiento pueda paralizar los trabajos".