El Ayuntamiento de Madrid retiró de la vía pública el año pasado un total de 1.162 vehículos abandonados por sus propietarios, un problema que afecta principalmente a los vecinos que residen en las zonas donde se producen estas incidencias, bien porque pueden conllevar riesgos de inseguridad e insalubridad o bien porque limitan el espacio de estacionamiento.
En el momento que se detecta un caso de abandono, el Consistorio pone en marcha un protocolo de actuación para proceder a la retirada, vía habitual o de urgencia. Se inicia así un viaje que lleva a cientos de motocicletas, coches o furgonetas hasta un almacén al aire libre en el que se pueden llegar a acumular cuatro alturas repletas de vehículos.
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el gerente de la Empresa Municipal de Transportes Madrid (EMT Madrid), Alfonso Sánchez, ha comprobado este martes cómo se resuelven estas actuaciones, en funcionamiento desde el año 2012, a través de un protocolo de trabajo coordinado por la dirección general de Gestión y Vigilancia de la Circulación en colaboración con EMT Madrid.
En concreto, cuando se resuelven expedientes de urgencia, el protocolo entra en 'Acta de Inicio' con solicitud de retirada inmediata y se solicita que una grúa de EMT Madrid traslade el vehículo a la base municipal donde se depositan. Una vez allí, y según lo indicado en el artículo 106 del Real Decreto Ley 6/2015, el propietario tiene 2 meses para retirar el vehículo o formular alegaciones. Si en ese plazo de tiempo nadie reclama el bien, éste es achatarrado.
"Hay un protocolo establecido entre los agentes de Movilidad y la Empresa Municipal de Transporte, a través del cual se determina que un vehículo se encuentra abandonado a través de tres inspecciones que hacen los agentes de movilidad, y que son notificadas para garantizar que el propietario tiene conocimiento del problema. Una vez que se agotan los plazos se inician los trámites para poder retirarlo", ha detallado Carabante.
El protocolo de urgencia se aplica cuando los Agentes de Movilidad detectan que, además de presentar signos evidentes de abandono, el vehículo constituye un riesgo para la ciudadanía por su ubicación (cerca de centros educativos, de recreo infantil, zonas verdes de ocio) o por su deterioro (lunas rotas, guardabarros cortantes, ausencia de puertas, etc.).
En relación con el protocolo habitual, los agentes de Movilidad deben realizar un 'Acta de Inicio' y un 'Acto de Permanencia' y remitir las actuaciones al departamento jurídico municipal que iniciará el procedimiento notificando al interesado, bien por correo certificado o por edicto en el BOE, que tiene el plazo de un mes para la retirada voluntaria del vehículo.
Si tras este periodo, los agentes levantan un 'Acta de Permanencia', al haber comprobado que el vehículo no ha sido retirado por su dueño, el servicio jurídico solicitará que EMT Madrid retire el bien de la vía pública y lo ubique en el depósito municipal. Transcurridos dos meses, si no es requerido por nadie, es trasladado al Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV) para su destrucción como Residuo Doméstico.
"Vienen a estas bases de la EMT y aquí están, como máximo, 60 días. Al cabo de ese tiempo se notifica al propietario que ese vehículo, al no haber sido retirado, pasa a ser achatarrado por una empresa externa y se retira así de estas instalaciones municipales", ha señalado Carabante.
De los 2.075 servicios llevados a cabo durante 2023, un total de 1.162 casos han resultado vehículos abandonados que han sido retirados por los efectivos de Movilidad Urbana. Esta cifra supone un 1,93 por ciento más a la registrada en 2022, cuando se retiraron 1.140.
Entre las principales causas que motivan a los madrileños a abandonar sus vehículos se encuentran, por ejemplo, el fallecimiento de sus propietarios y herederos que no pueden hacerse cargo de ellos. También por propietarios que migran a sus países de origen y desconocen qué hacer con su automóvil. En ocasiones también se encuentran coches accidentados, cuyo coste de reparación es muy elevado y sus propietarios deciden desentenderse dejándolo en la vía pública. Asimismo, los técnicos municipales también han señalado que también es frecuente que los titulares de estos coches sean personas mayores que ya no hacen uso del vehículo o tienen el permiso de circulación retirado.
A la hora de detectar vehículos abandonados por sus propietarios, los Agentes de Movilidad Urbana realizan patrullas en las que comprueban ciertos indicios que pueden llevar a automóviles de estas características como polvo, golpes o suciedad en torno a las ruedas, entre otros.
Además del trabajo de los agentes, el canal en el que más avisos se reciben por este tipo de incidencias es la aplicación 'Avisa2', la manera más "efectiva" cuando la notificación proviene de la propia ciudadanía, según ha destacado Borja Carabante. En concreto, hasta un 98 por ciento de las comunicaciones son trasladadas a través de este canal por los propios vecinos que se ponen en contacto con el Ayuntamiento para detallar datos y ubicación de vehículos cuyos dueños podrían haberse desentendido.
Los distritos en los que más se registra el abandono de vehículos en la capital son Puente de Vallecas y Villaverde, con 450 casos en los últimos tres años. Les siguen Villa de Vallecas (400 vehículos retirados de la vía pública tras constatarse su abandono), Tetuán (400), Centro (370) y Salamanca (285).
Abandonar un vehículo en la calle conlleva a sus propietarios una serie de costes y sanciones que se deben de abonar a la administración pública. Movilizar la grúa municipal cuesta 147,55 euros. Esta cuantía, además, tiene un coste complementario de 68 euros si el vehículo se ubica en la periferia de la ciudad.
Una vez en el depósito, los costes van aumentando según el tiempo que permanezca en las instalaciones. Este montante se eleva en otros 19,20 euros diarios hasta un máximo de 60 días, tras los cuales será finalmente achatarrado. Todas estas tasas varían en función del tipo de vehículo.
Por otro lado, la retirada y el despiezado del vehículo no extingue el deber del propietario de abonar la correspondiente sanción económica además de las correspondientes tasas.