Uno de los temas candentes en la sesión de control al Gobierno del Pleno que este jueves se desarrolla en la Asamblea de Vallecas ha sido la decisión de la Junta Electoral de Zona, motivada por el recurso presentado por el Partido Popular, de instar a Más Madrid a la retirada de las lonas desplegadas en la avenida de La Albufera y el Parque de La Elipa con el número -7.291- de fallecidos en las residencias de mayores de la región durante la pandemia. Tanto es así que la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a los de Manuela Bergerot de continuar “retorciendo el dolor de las víctimas y sus familias” para obtener rédito político.
En defensa de lo expuesto por la líder del Ejecutivo, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Fátima Matute, ha comparecido ante los medios congregados en 'banderas', habitual punto de encuentro entre representantes y periodistas que cubren la información en Entrevías, para dar a conocer el auto de archivo "definitivo" de dos denuncias contra la atención sanitaria ofrecida en estos centros. Se trata, en concreto, de los recursos presentados ante las residencias madrileñas Monte Hermoso y Adolfo Suárez, en Latina y San Blas-Canillejas respectivamente.
El primero de los autos, correspondiente al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, queda decretado el sobreseimiento y archivo de actuaciones por un posible delito del deber de omisión de socorro y homicidio por imprudencia. El fallo alude a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el caso del Madrid Arena y advierte de que la comisión por omisión de un homicidio "podría ser plenamente aplicable" si se hubiera evidenciado indiciariamente "un sujeto responsable al que imputarle tal delito" o si alguna de las partes llamadas a ejercitar la acusación lo hiciera en el caso de autos, cosa que, recuerdan, "no tiene lugar". El auto concluye así que no hay "indicios suficientes" a la vista del informe del médico forense relativo a la intervención de la geriatra de enlace, lo que unido al informe del Fiscal, "obliga al archivo de la causa".
En el segundo caso, relativo a la muerte de un anciano en la residencia pública Adolfo Suárez, se desestima un recurso interpuesto por la familia del fallecido contra el auto por el que se cerraba el procedimiento. La causa parte de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid contra la directora y los médicos de la residencia. El juzgado, sin embargo, archivó el caso al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. El auto menciona además que el informe de la médico forense es "contundente en cuanto a la ausencia de indicios de la comisión de un delito de imprudencia profesional".
“Queda constatado que tanto los profesionales como todo el sistema sanitario hicieron todo lo posible por salvar cada vida sin cometer ninguna mala praxis. En la misma línea que venimos defendiendo desde la Comunidad de Madrid desde hace ya casi cuatro años, todos los profesionales de todos los niveles asistenciales hicieron todo lo humanamente posible. Mantenemos, por supuesto, el máximo respeto y disposición para con las familias que perdieron a un ser querido durante la pandemia, pero rechazamos la instrumentalización política que se está realizando aquí para hacer daño al adversario retorciendo el dolor de las familias”, ha asegurado la titular del ramo.
Con el archivo de estas denuncias, añaden fuentes próximas al Gobierno, “ya van 21” desde que arrancasen los procesos. Hasta la fecha, concluyen, "ninguna de las investigaciones pre-procesales que la Fiscalía abrió con ocasión de la pandemia, procedentes de denuncias de particulares o agrupaciones, ha dado lugar a procesos penales judicializados en los que Díaz Ayuso sea parte.