La Junta de Fiscales de Sala se reúne este miércoles dividida por el enfrentamiento entre la 'número dos' de la Fiscalía, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal María de la O Silva sobre si hay que investigar a dos compañeros por un delito de revelación de secretos cometido presuntamente al difundir un comunicado de prensa con datos de correos intercambiados con la pareja de la presidenta y por lo que el afectado interpuso una querella.
Fuentes fiscales precisan a Europa Press que el desacuerdo parte de que Silva, que debe informar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si está a favor o en contra de admitir la querella, quiere investigar las comunicaciones entre la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, el fiscal de delitos económicos Julián Salto y el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para conocer cómo se llegó a la decisión de publicar aquella nota de prensa; mientras que Sánchez Conde entiende que lo pertinente es archivar la querella, como ya se hizo con la que presentó el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por los mismos hechos.
Ante tal discrepancia, Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal "recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala.
Las fuentes consultadas apuntan que el fiscal general se ha abstenido del asunto porque tiene conocimiento de los hechos que estudiarán, por lo no estará presente en la reunión de este miércoles, que tendrá lugar a las 9.00 horas. Tampoco asistirá el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado.
Así las cosas, serán 36 en la mesa, de los que 16 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la propia Sánchez Conde y dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra. Otros 9 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluidos dos de los fiscales del 'procés', Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Y los 11 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón o su antecesor Manuel Moix.
Según las fuentes consultas, los fiscales de la AF, que son minoría, mantendrán el apoyo a Silva, mientras que se prevé que los cercanos a la UPF respalden a Sánchez Conde. La clave, apuntan dichas fuentes, estará en las posturas que adopten los otros 11. Silva, que se opone a archivar la querella, necesitaría convencer a 8 de ellos para hacerse con la mayoría.
Fuentes fiscales señalan que la 'número dos' del Ministerio Público defenderá este miércoles que se debe archivar la querella que presentó la pareja de Díaz Ayuso contra los fiscales del caso por presunta revelación de secretos, no solo porque considera que no hay indicios de delito, sino porque la Fiscalía ya se pronunció en este sentido el pasado 9 de abril sobre la querella del ICAM por los mismos hechos, por lo que aboga por mantener la unidad de criterio.
Cabe recordar que la Fiscalía de Madrid, al mostrarse en contra de la admisión de que la querella del ICAM, defendió la "legitimidad constitucional" del comunicado de prensa difundido y aseguró que, sobre la base de datos ya difundidos, trató de hacer frente a informaciones "inveraces".
Sánchez Conde ya trasladó estos argumentos a Silva, que proponía que se practicasen diligencias de investigación dentro de la misma Fiscalía antes de emitir informe al TSJ de Madrid, donde ha recaído la querella toda vez que los fiscales gozan de la condición de aforados.
El pasado 15 de abril, el fiscal general del Estado asumió la "responsabilidad última" de la nota de prensa difundida el 14 de marzo a la que hace referencia la querella de la pareja de Díaz Ayuso.
García Ortiz aseguró que no iba a "consentir" que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen "perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva".
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha mostrado satisfecho este martes de que la fiscal encargada de pronunciarse sobre la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, contra los fiscales que investigan un presunto fraude fiscal, "se resistan a las presiones" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así ha respondido en el Congreso al pedírsele opinión sobre la decisión de la fiscal María de la O Silva de invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico para que la Junta de Fiscales de Sala escuche su postura, a favor de investigar los hechos denunciados por Alberto González Amador, frente a la de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que ordenó inadmitirla.
Tellado ha remarcado que García Ortiz "tendría que haber dimitido hace bastantes semanas". A su juicio, es "evidente que ejerce presiones sobre los fiscales y está "inhabilitado" para el cargo. "Pero en la España de Pedro Sánchez se ha perdido todo el pudor", se ha lamentado.
Por eso, ha celebrado actitudes como la de la fiscal Silva. "Afortunadamente algunos se resisten", ha dicho, sobre la actuación de fiscales como ella que ha cuestionado la posición de sus superiores jerárquicos.
Tras conocerse nuevas filtraciones sobre el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, fuentes cercanas a los abogados de González han señalado a Madridiario que "ya es más que evidente que los datos privados de un ciudadano se están filtrando desde la Fiscalía". Estas mismas fuentes insisten en calificar esta operación como "una cacería que nunca se ha visto" y recuerdan que "la filtración está penada con cárcel".