El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha emitido este jueves un comunicado en el que denuncia que el procedimiento de contratación elegido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para construir la Ciudad de la Justicia es contrario a los principios de la ley de calidad arquitectónica y lamenta que no se haya contado con esta institución en el proyecto.
Desde este colectivo profesional explican que la arquitectura está declarada como bien de interés general por la Ley de Calidad de la Arquitectura en su capítulo primero. "Es un hecho constatado que algunas administraciones, especialmente la Comunidad de Madrid, prefieren ignorar. ¿Por qué? ¿Por qué no les interesa la buena arquitectura? ¿Por qué no la aprecian? Sabemos que nuestros dirigentes saben distinguir la buena arquitectura porque es el argumento con el que invitan a los turistas e inversores a venir a Madrid, hablando con orgullo de la Plaza Mayor, el Museo del Prado, el Círculo de Bellas Artes o la Galería de las Colecciones Reales. También comparan nuestra capital con ciudades de gran belleza como París, Berlín o Londres", añaden.
Desde el COAM aseguran que "hemos detectado que, hasta hace 15 años, la arquitectura pública madrileña se pensaba desde la Administración como una oportunidad para embellecer y mejorar el espacio público: desde la vivienda social hasta los equipamientos". Como ejemplo mencionan "Madrid Río, Matadero, Intermediae Prado, multitud de sobresalientes edificios de viviendas en los PAUs de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas…; todos ellos resultado de convocatorias de concursos de ideas de proyecto".
Sin embargo, lamentan que en la actualidad "no es así: sufrimos la época de la 'arquitectura para la legislatura', la que se anuncia y se pretende inaugurar en cuatro años. Para ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza los atajos que, en su interpretación, le permite la Ley de Contratos del Estado -priorizando el precio sobre la calidad arquitectónica- y prescindiendo de los concursos de ideas de arquitectura que, se ha demostrado, son la garantía de una mayor concurrencia, diversidad y calidad de propuestas".
El Colegio de Arquitectos argumenta que, desde la Puerta del Sol "recurren a un procedimiento de proyecto y obra para el que hay que justificar la excepcionalidad, en el que se limita extraordinariamente la concurrencia por las exigentes demandas de solvencia -lo que reduce drásticamente la cantidad y diversidad de propuestas- y restringiéndose, por tanto, la calidad arquitectónica". El COAM considera que el proyecto de la Ciudad de la Justicia "es fundamental", y por ello subrayan que "hay que cuidar al detalle su imagen".
Los arquitectos madrileños señalan cómo "en la mayoría de las Ciudades de la Justicia construidas en España se ha utilizado el procedimiento de concurso de proyectos con una amplísima participación profesional, incluso internacional, que se han materializado en edificios de gran calidad en todos los casos". Algo similar han detectado en "los palacios judiciales de ciudades como Huelva, Valencia, Vigo, Jaén, Córdoba, Málaga o Barcelona; que se han desarrollado mediante concursos de anteproyectos con participación, en varios de ellos, de sus respectivos colegios profesionales".
Por ese motivo, afean al Gobierno de la Comunidad de Madrid que haya elegido un procedimiento de contratación para la Ciudad de la Justicia "que es contrario a los principios de la Ley de Calidad de Arquitectura y que defendemos desde el COAM. Lamentamos también que, nuevamente, no se haya contado con la colaboración del Colegio de Arquitectos, que hemos ofrecido a los mayores responsables de la Consejería de Justicia en repetidas ocasiones".
Para el COAM, en un proyecto de tal envergadura e importancia para los ciudadanos, "resulta fundamental que participe la institución que representa a los arquitectos de Madrid y que es garante de la solvencia y calidad de los profesionales y sus proyectos, y que tiene entre sus fines la defensa de la Arquitectura entendida como un fin social".