Este martes, 6 de febrero, se conmemora el día mundial de Internet Seguro, una iniciativa impulsada por muy diversas organizaciones internacionales y que aspira a fomentar, educar e informar con respecto a la importancia de la protección de los derechos de las personas en la red. Una cuestión cuanto menos necesaria si se atiende al incremento exponencial en la cifra de estafas informáticas a escala global. La Comunidad de Madrid no es, en absoluto, una excepción. De hecho, a tenor de las cifras oficiales, los ciberdelitos registrados en la región se han incrementado en casi un 20 por ciento durante el último año, pasando de los 48.139 contabilizados en 2022 a 57.229 en 2023. A fin de paliar esta tónica, el Ejecutivo autonómico comenzará a impartir cursos de ciberseguridad para dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para prevenir fraudes online. En paralelo, desde la Jefatura Superior de la Policía se trabaja ya en la creación de un grupo especializado en estafas tecnológicas.
“Vemos con preocupación el aumento de los métodos de engaño que acechan día a día a los ciudadanos y que cada vez son más difíciles de detectar por su personalización y profesionalización. Es muy común recibir en nuestros teléfonos móviles mensajes pidiéndonos datos sobre paquetes que no han podido ser entregados o para confirmar reservas en restaurantes. Cualquiera puede recibir un mensaje por WhatsApp en el que un supuesto familiar nos pide que llamemos a un número de teléfono para socorrerle”, explican fuentes del Gobierno. Han sido precisamente estos factores los detonantes de la puesta en marcha de un “plan integral” para “formar en ciberseguridad a todos aquellos madrileños que quieran aprender sobre esta materia y evitar caer así en las nuevas estafas que llegan a través del correo electrónico o el móvil”. El objetivo de estos cursos, añaden, no es otro que “familiarizar a los usuarios con el buen uso de Internet, para que vean en la red un lugar con numerosas posibilidades y como un entorno seguro”.
"Cada vez son más difíciles de detectar"
Esta nueva formación, que se une a los cursos de capacitación digital en funcionamiento desde el pasado curso, pondrá el foco sobre las características de la banca electrónica y los distintos tipos de operaciones que es posible llevar a cabo en ella, tales como consultar los movimientos en la cuenta, el saldo o realizar envíos de dinero, entre otras muchas. La metodología pretende ser eminentemente práctica, primando el aprendizaje a partir de ejemplos en trámites cotidianos, como las transferencias. También con operaciones características de aplicaciones especializadas. Un buen ejemplo de ello sería el envío de dinero a través de bizum. La iniciativa será gratuita y abierta a toda ciudadanía, aunque se dará prioridad a aquellas personas que presenten mayores dificultades en materia de competencias digitales, como puede ser la población de mayor edad o aquellos que no disponen de sede bancaria física en sus municipios.
En cuanto a la organización, la mecánica será también muy similar a la de los cursos de capacitación que comenzaron el año pasado. Vía concurso, la Comunidad de Madrid buscará la empresa del sector que mejor se adapte a las condiciones del pliego. A posteri, será la propia Administración quien determine en qué municipios se desarrollarán, así como sus fechas concretas. A pesar de que aún no se ha determinado el inicio oficial, es previsible que arranquen este mismo mes de febrero. Tampoco se ha perfilado aún la duración exacta, aunque se aspira a replicar el modelo de los cursos de capacitación, con siete horas y media lectivas distribuidas en dos sesiones.
La consejería de Digitalización que encabeza Miguel López-Valverde será la encargada de financiar los cursos, proporcionando el profesorado, así como los equipos informáticos necesarios. “No queremos, ni dejaremos que nadie se quede atrás. Todos los madrileños que lo deseen han de poder adaptarse a las innovaciones que la sociedad les marca, sin que ni la edad ni otro tipo de circunstancias sean impedimento para ello (...). Este proyecto de divulgación e información frente a las estafas es de gran relevancia, pues los ciberdelincuentes quieren conseguir con estas prácticas un nuevo modelo económico y tenemos que dar respuesta”, ha argumentado el propio consejero.
"No dejaremos que nadie se quede atrás"
Prueba de su compromiso, tildado de “eje fundamental” en la presente legislatura, es también la reciente creación de la Agencia Madrileña de Ciberseguridad, un organismo específico para incrementar la capacidad regional de protección, prevención, detección, recuperación y respuesta frente a los temidos ciberataques. La Agencia Madrileña de Ciberseguridad aspira así a proteger con mayor eficiencia a las “infraestructuras críticas” de ámbito público, tales como hospitales, centros de salud, estaciones de Metro o el Canal de Isabel II, entre muchos otros organismos, anticipándose a los ataques y estableciendo medidas de seguridad adicionales que permitan responder con eficacia frente a virus y robos de credenciales. Otro de sus fines será brindar apoyo, formación y confianza a las administraciones locales, con especial énfasis en las de menor tamaño, el sector privado y los propios ciudadanos, al tiempo que se convierte en nexo de unión con el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas.
La Jefatura Superior de la Policía de Madrid se encuentra, por su parte, trabajando ya en la creación de un grupo de estafas tecnológicas y fraudes electrónicos que tendrá su sede en la comisaria del distrito de Retiro y que estará supervisada por la Brigada Provincial de la Policía Judicial. Una iniciativa que responde “al incremento de todo el fenómeno de delitos de estafa relacionados con las nuevas tecnologías”, así como a la “sensación de impunidad que queda en el ciudadano, que ve como este tipo de hechos no son esclarecidos en muchas ocasiones”, han confirmado fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
A la reunión inicial, celebrada el pasado 18 de enero, se suma la del pasado lunes, donde el propio SUP trasladó a la Jefatura algunas de sus recomendaciones para la luz verde definitiva. Entre ellas, el descontento ligado a la “falta de cautela” ante la “adscripción forzosa de agentes a esta nueva Unidad, sin preguntarles siquiera si quieren ir. Sobre todo si tenemos en cuenta que se está imponiendo cambiar el devenir diario de los policías en el plazo escaso de tres días". A modo de respuesta, desde el máximo órgano de dirección regional trasladan su firme compromiso de que los jefes de Grupo “tendrán en cuenta todos los casos que por conciliación familiar necesitan adecuar sus condiciones laborales a las familiares, con el fin de minimizar el trastorno que van a sufrir en sus vidas”.