Madrid registra más de 2.100 protocolos por conductas autolíticas o con riesgo de suicidio tan solo en los tres primeros meses del curso, con una media de siete casos abiertos por centro educativo, según un estudio realizado por CCOO Enseñanza.
“Es una emergencia sanitaria que se ha convertido en una emergencia educativa”, recalca Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO, que - junto a Pablo García de Vicuña, coordinador del estudio y Encarnación Pizarro secretaria de la Federación Laboral y Formación FE de CCOO - ha presentado el informe de salud mental y valoración de la situación de la salud mental del alumnado y del profesorado en Madrid.
“Los institutos de Madrid tienen 18, 19 o 20 protocolos en situación límite o muy grave. Tenemos que tener en cuenta que están sucediendo casos de estas características en todos los centros educativos”, dice Galvín. Tan solo en el curso pasado se registraron más de 1.800 protocolos, de los que solo se han cerrado un 10 por ciento.
Para hacer frente a esta situación, los centros educativos cuentan con una guía y un protocolo de actuación. Sin embargo, desde el sindicato consideran que sería necesaria un plan de medidas que atajen la situación por un valor de 26.8 millones de euros, es decir, un 0.4 por ciento del presupuesto en Educación de la Comunidad de Madrid para este 2024 y que beneficiaría a la salud mental y emocional para 160.000 alumnos de Secundaria y algo más de 57.000 de Bachillerato.
La prevención en la etapa de Infantil y Primaria tendría un coste de 59 millones de euros, lo que supone un uno por ciento del presupuesto. Una cifra “insignificante” que ayudaría a ampliar el número de enfermeras escolares y añadir unos 75 psicólogos escolares al programa.
Entre las medidas que contemplaría está la contratación directa por parte de la Consejería de 150 psicólogos y psicólogos educativos adscritos a las direcciones de área en un número proporcional al número de centros, al de alumnado y al número de protocolos abiertos. "Estos profesionales serán los encargados del diagnóstico, la valoración de la gravedad y el riesgo, así como del seguimiento y la atención directa al alumnado, en coordinación con los servicios sanitarios", ha indicado.
CCOO Enseñanza Madrid plantea la figura del Profesor de Servicios de la Comunidad para ejercer como coordinador del bienestar que recoge la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, lo que significa un total de 300 profesiones de este perfil. “Esta figura tiene reguladas funciones específicas para estas situaciones de riesgo que sufre el alumnado motivado por salud mental o emocional", ha apostillado.
“Tenemos que ofrecer una atención directa en los centros y coordinarlos con los psicólogos de los centros de salud, ahorrando ansiedad y preocupación a las familias y el coste que supone, a veces, la atención privada de estos profesionales”, apunta Galvín.
El estudio de CCOO refleja la "grave situación" que se vive en España respecto a la salud mental del alumnado y de la insuficiencia de políticas públicas y de financiación para resolverlo. En este sentido, el Ministerio de Educación, FP y Deportes apenas dedica cinco millones de euros para repartir entre todas las comunidades autónomas - según ha manifestado García de Vicuña- quien ha hecho especial hincapié en el profesorado. "Hay muy pocos estudios de cómo afecta todo esto en el colectivo docente", apunta.
De los 3.000 profesores encuestados en España, un 40 por ciento ha experimentado sentimientos negativos desde el punto de vista psicológicos (ansiedad, depresión o desesperación) y el 75 por ciento considera su trabajo bastante o muy estresante.
El estrés y la ansiedad "parecen innatos en la profesión" pero "son un añadido de inestabilidad emocional en el colectivo" que produce que el 13 por ciento "presente conductas autolesivas".
Encarnación Pizarro ha querido hacer hincapié en el "enfoque integral" del problema, ya que no solo vale con prestar atención al alumnado, también deben tener en cuenta "las familias y las personas que trabajan en educación" para atajar la situación.
Para Pizarro, las consecuencias de la pandemia como el confinamiento o la muerte de un ser querido ha supuesto un "acelerador" para las personas y jóvenes en el empeoramiento de su salud mental. "Fue una situación extraordinaria que sigue afectando de manera muy grave a esta población. De hecho, los intentos de suicidio en la población infanto-juvenil ha aumentado en un 59 por ciento tras la pandemia", apunta.
"Estamos en una emergencia educativa tremenda, necesitamos medidas de urgencia con departamentos de orientación en colegios", expone.
Pizarro insiste en la importancia de reducir el número de alumnos por aula para reducir el estrés de los profesores y para que estos puedan detectar más rápido los problemas que se pueden generar en el aula.
Asimismo, la secretaria de Salud Laboral de CCOO ha solicitado más recursos y que se desarrollen protocolos y buenas prácticas" para que los profesores sepan cómo actuar": "Tenemos que trabajar para cuidarnos entre todos".
Por otro lado, desea que las empresas apuestan por la conciliación familiar: "No podemos dejar a nuestros hijos de siete de la mañana a siete de la tarde en los colegios como si fuera un parking".