Más de mes y medio después del fracaso de Alberto Núñez Feijóo y a falta de apenas diez días para que venza el plazo contemplado en la Ley Electoral -lo que conduciría inevitablemente a nuevas elecciones-, Pedro Sánchez afronta este miércoles la primera jornada en su Debate de Investidura. Salvo giro dramático de los acontecimientos, está previsto que el candidato socialista recabe un total de 179 votos favorables, frente a los 176 necesarios en la primera vuelta, lo que le permitiría, de facto, repetir cargo al frente del Gobierno. Buena parte de estos apoyos proceden de las fuerzas independentistas, lo que, sumado a la polémica Ley de Amnistía, se ha materializado en fuertes críticas a cargo de los sectores más conservadores.
La falta de consenso social reflejada en las protestas ciudadanas contra la amnistía para los políticos encausados durante el procés choca con el apoyo cosechado por el todavía presidente en funciones, capaz de lograr el ‘sí’ por parte de todas las fuerzas con representación parlamentaria a excepción de Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). En concreto, las 121 actas socialistas se unirían a las de Sumar (31), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (7), Junts per Catalunya (7), Euskal Herria Bildu (6), Partido Nacionalista Vasco (PNV) (5), Bloque Nacionalista Galego (BNG) (1) y Coalición Canaria (CC) (1) -partido que ya votó a favor de la investidura de Feijóo- para revalidar el mandato de Sánchez a los mandos de La Moncloa.
La única esperanza en el seno de la oposición bebe a estas alturas de un posible caso de transfuguismo a cargo de los diputados socialistas descontentos con la deriva del partido y su política de pactos con las formaciones independentistas. En especial, en lo referido a la polémica amnistía acordada en los últimos días con Junts. Enfrascados en la convocatoria de elecciones generales como única alternativa al “inicio de la dictadura” y el “fin del Estado de derecho” y con la vista puesta en los representantes manchegos en la órbita de Emiliano García-Page, algunos cargos del PP, como su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, han retado incluso a los socialistas a disgusto a romper filas, desmarcarse de sus compañeros y votar en contra de la investidura, en lo que sería un nuevo -y más sonado aún si cabe- ‘tamayazo’.
Asimismo, para tratar de dilatar todo lo posible la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta -147 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 116 en contra (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG)- en el Senado para reformar el Reglamento de la Cámara Alta. Con ello, la amnistía podría no entrar en vigor hasta bien entrado 2024, además de obligar tanto al presidente del Gobierno como a sus ministros a comparecer en el mismo Senado cuando así lo soliciten, al menos, dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, optó por la vía judicial para tratar de poner freno a la amnistía. Así, este mismo martes acudió al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el propio Pedro Sánchez. Como medida cautelar, además, se planteaba la suspensión de la sesión de investidura. El objetivo, en palabras del propio Abascal, no era otro que usar todas las herramientas a su alcance para "detener el golpe de Estado" a cargo del PSOE. Desde el Gobierno en funciones, sin embargo, insistían en que la nueva norma resulta “impecable desde el punto de vista constitucional” y destacaban la “valentía” del todavía presidente durante las negociaciones.
Este mismo miércoles, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar pedida por Vox "al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno". En cualquier caso, ha otorgado un plazo de cinco días al partido para aportar poder especial donde conste contra quién va dirigida la querella y cuál es el delito cometido.
“Cada atropello va a tener respuesta”
En la Comunidad de Madrid ha sido la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha encargado de liderar la ofensiva contra Pedro Sánchez y sus pactos de Gobierno. Durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales, la regidora ha ratificado sus palabras del pasado domingo cuando, en el transcurso de la movilización Popular contra la Ley de Amnistía, señaló que su partido respondería “golpe por golpe” al PSOE. Así, este mismo lunes, Díaz Ayuso ha vuelto a advertir que “cada atropello va a tener una respuesta” porque “no se le puede estar haciendo más daño gratuito a España”. Esto, ha añadido, “merece una contestación. Para eso me han elegido los madrileños, para defender los intereses de todos, empezando por los intereses de España y, por tanto, los intereses de Madrid. Por mucho desgaste que conlleve”. Erigida desde hace meses como punta de lanza frente a las políticas del Ejecutivo central, la máxima mandataria regional ha abogado, al igual que Feijóo, por la convocatoria de nuevas elecciones para alcanzar “grandes pactos de Estado” e impedir que “las minorías que odian España se salgan con la suya”.
Más allá de la movilización del domingo, tildada de "éxito histórico" por los organizadores, el descontento en las palabras de Ayuso tiene su reflejo en las manifestaciones diarias frente a la sede socialista de Ferraz. También en la más que previsible protesta en los alrededores del Congreso de los Diputados mientras tiene lugar el Debate de Investidura. A fin de evitar que los manifestantes dificulten el acceso de los diputados o el mismo desarrollo de la sesión, la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en los alrededores de la Cámara Baja con cerca de 1.500 agentes -a falta de la cifra oficial ofrecida por el Ministerio del Interior-. También se ha procedido al vallado del perímetro del Congreso, en paralelo al cierre del tráfico en vías próximas, como la Carrera de San Jerónimo, la calle Cedaceros, la calle Zorrilla, la plaza de Neptuno o el Paseo del Prado.
El resto de fuerzas con representación en la Asamblea de Vallecas, Más Madrid, PSOE-M y Vox, al igual que la presidenta, tampoco se han mantenido al margen del debate en torno a la amnistía. Mientras la líder de la oposición, Mónica García, culpa al PP de crear un caldo de cultivo óptimo para el devenir de protestas violentas -"la turba de ultras no sale, como los hongos, de un día para otro. salen del señor Aznar y la señora Aguirre"-, el portavoz socialista, Juan Lobato, más moderado en sus declaraciones, hace un llamamiento a “respetar y atender a todo aquel que se manifiesta y opina en libertad, con educación y sin violencia (...). Sin golpes. De ningún tipo”. Desde la óptica de Vox, Rocío Monasterio ha remarcado que su formación se querellará “contra quienes acepten la Ley de Amnistía”.
El debate de investidura de Pedro Sánchez se celebra este miércoles, 15 de noviembre, y el jueves, día 16, en dos jornadas consecutivas de pleno en Congreso de los Diputados. El candidato dará su discurso de investidura nada más arrancar la primera sesión, pasadas las 12:00 horas, sin límite de tiempo ni posibilidad de réplica para el resto de fuerzas con representación parlamentaria. El objetivo no es otro que pedir, de manera formal, la confianza de sus socios y aliados.
Tras un receso a cargo de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, será el turno de intervención para los demás grupos parlamentarios. Cada fuerza, por orden de mayor a menor número de diputados, dispondrá de un máximo de 30 minutos. El primero en intervenir será el Partido Popular, seguido de Vox, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y, finalmente, el Grupo Mixto, repartiendo su tiempo entre BNG, Coalición Canaria y UPN. Frente a ello, el candidato podrá escoger entre una réplica individual, al término de cada turno, o una conjunta, una vez todos concluyan. Los portavoces podrán responder de nuevo, pero con un tiempo máximo de diez minutos. Cabe destacar que, como presidente del Ejecutivo en funciones, Sánchez podría tomar la palabra en cualquier punto de la sesión.
Ante la previsión de que no haya tiempo suficiente para recoger la totalidad de las intervenciones, el debate se retomaría el jueves para, en último término, dar paso a la votación. Los diputados darán a conocer su posicionamiento a viva voz, con un ‘sí’, un ‘no’ o ‘abstención’, desde su propio escaño. La lógica dicta que Sánchez saldría investido en la primera consulta, con hasta 179 apoyos, aunque la mayoría absoluta esté fijada en 176. Llegados a este punto, Armengol se reuniría con el Rey Felipe VI para informarle del resultado. De manera oficial, el nombramiento tendría lugar el viernes, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras la toma de posesión, Sánchez debería nombrar la nueva Ejecutiva. La apertura oficial de la legislatura, con un acto solemne en el propio hemiciclo, no tendría lugar hasta que todos los ministros jurasen o prometiesen el cargo.
En caso de que el candidato socialista no lograse finalmente recabar los apoyos necesarios en la primera votación -escenario altamente improbable dado que serían necesarios hasta cuatro casos de transfuguismo- se celebraría una segunda ronda pasadas 48 horas. En ella sería necesaria una mayoría simple para seguir adelante con la investidura. Si llegado el caso Sánchez tampoco obtuviese los apoyos, la Ley Electoral determina que, consecuencia directa de lo ajustado de los plazos, se deberían disolver las cortes y convocar elecciones generales. Atendiendo a la normativa, la nueva cita con las urnas se celebraría en los primeros compases de 2024.