La aprobación de la Ley de Vivienda estatal el pasado mes de abril fue una de las medidas más celebradas por parte de las fuerzas progresistas en la región. Muy especialmente por Unidas Podemos, pero también por Más Madrid y PSOE-M, que veían en la nueva norma un medio para “garantizar un derecho fundamental de los madrileños y las madrileñas”. El Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, dejaba desde entonces claro que no la aplicaría “donde no sea obligatorio”, y es que la competencia a la hora de determinar las conocidas como “zonas tensionadas” recae en las comunidades. El resultado en las elecciones del 28M, con mayoría absoluta ‘Popular’, no hizo más que reforzar la negativa madrileña a su aplicación práctica más allá de la capital. Ahora son los municipios del sur, el conocido como Cinturón Rojo, quienes, desde los propios ayuntamientos, pretenden dar la batalla y forzar al Gobierno autonómico a ceder ante sus demandas.
El primer Consistorio en dirigirse formalmente a la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, encabezada por Jorge Rodrigo, fue Getafe. En un escrito bajo la firma de la alcaldesa, la socialista Sara Hernández, el Gobierno local solicitaba la declaración del municipio como zona tensionada con el objetivo de “limitar el precio de los alquileres para garantizar el acceso a la vivienda a todos los vecinos de la ciudad”. La propia regidora argumentaba que “la vivienda es una de las principales preocupaciones de este Gobierno, por eso queremos sumar esta herramienta al resto de acciones que Getafe ya viene ejecutando en este sentido, como el nuevo barrio de La Aviación”.
"Han dicho que no por un motivo ideológico"
La respuesta a cargo del Ejecutivo regional no se haría esperar y en los últimos compases del pasado mes de septiembre trasladaría su ‘no’ definitivo al Ayuntamiento. “Rechazamos esta petición pues consideramos que limitar los precios y declarar las zonas tensionadas va contra la oferta de vivienda de alquiler (...). No compartimos esta iniciativa. Mucho menos topar los precios. Lo que queremos es que la vivienda se mueva con libertad en el mercado”, justificaba entonces el consejero del ramo. Lejos de tirar la toalla, fuentes del Partido Socialista en Getafe explican a Madridiario que la negativa a cargo del Gobierno regional está siendo “analizada jurídiciamente” porque “la ley existe y no pueden negarse a aplicarla. Han dicho que no por un motivo ideológico. No han analizado nuestro caso”. Otros integrantes del partido a escala regional consideran que “es el no por el no. Una valoración política e ideológica. Lo natural es que, como poco, se hubiesen sentado a hablar con la alcaldesa”.
Asimismo, desde el PSOE-M apuntan a que otros municipios del Cinturón Rojo bajo la batuta socialista estudian, previo paso por el Pleno, sumarse a la petición en cuanto a la declaración de las zonas tensionadas: “Lo único que estamos planteando es que se cumpla la ley. Creo que tiene que ver con un tema de voluntad política. La Comunidad de Madrid vuelve a hacer dejación de funciones en aquellos casos que no le interesan. Está intentando no aplicarla bajo la premisa de que sea el mercado el que ponga el precio. Y ya estamos viendo cómo está poniendo el mercado el precio... Nos consta que en los próximos días varios municipios van a pedir la declaración de zona tensionada a través de su Pleno”.
Pese a los evidentes desencuentros entre los líderes de las fuerzas progresistas, Mónica García y Juan Lobato, Más Madrid concuerda con la reivindicación socialista y une fuerzas en relación a la aplicación de la Ley de Vivienda a través de una Proposición No de Ley (PNL) que será debatida en el próximo Pleno de la Asamblea de Vallecas, ya en el mes de noviembre. En palabras del diputado Jorge Moruno la postura de su partido se justifica en que “el modelo del PP de Madrid saquea el bolsillo de los madrileños porque les obliga a dejarse una gran parte de su sueldo en mantener una economía rentista improductiva. Atenta contra la libertad de elección de los madrileños porque impide que la gente tenga autonomía para decidir cómo quiere vivir e impone la decisión de elegir entre los precios inaccesibles del mercado o vivir en casa de los padres. Y también es nocivo para la salud de los madrileños porque cuando solo se ofrece la inseguridad del mercado la gente envejece antes por culpa del estrés”.
Así, Más Madrid ha registrado ya diferentes iniciativas en los ayuntamientos donde tiene representación para exigir a Díaz Ayuso que cumpla con la normativa vigente. Este mismo jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Pinto -donde gobierna el Partido Popular de Salomón Aguado- debatirá si dirigirse o no a la Comunidad para que el municipio sea declarado zona tensionada y así poder activar la Ley de Vivienda. La medida también permitiría pasar a considerar como “gran tenedor” a los propietarios de más de cinco inmuebles, entre otras cuestiones. En este sentido, la portavoz del partido en Pinto, Elena Ancos, ha señalado que "la dificultad del acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler ha alcanzado proporciones alarmantes. Pinto se ha convertido en una zona con precios prohibitivos para muchas familias y jóvenes, que tienen que realizar un gran esfuerzo para pagar su vivienda o su alquiler". Es por ello que considera "fundamental actuar de manera urgente” para "atajar el problema de acceso a la vivienda que tienen los vecinos y vecinas".
Por contra, el Partido Popular en el municipio considera que el remedio no hace más que agravar el problema y apuesta por “incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler en la ciudad” a través del Plan Vive. “Lo que se necesita no es una declaración de zona tensionada, que agrava los problemas que en principio se buscaban resolver. Lo que necesita es un marco de seguridad jurídica para el propietario y el inquilino e incrementar la oferta de vivienda asequible en alquiler en la ciudad (...). En Pinto son más 400 las viviendas que se van a construir y cuya licencia de obra ya se está tramitando”.
"El precio de la vivienda ha crecido un 62 por ciento"
Idéntico escenario se repetirá el próximo 2 de noviembre en Fuenlabrada, donde Más Madrid, junto a Verdes Equo, ha registrado una petición similar. En un comunicado, la formación pone el foco en la escalada de los precios del alquiler desde años atrás: “El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid ha experimentado un incremento del 62 por ciento en la última década. Además, la región no solo presenta el precio más elevado de la vivienda en alquiler, sino que, además, está por encima de la media en porcentaje de incremento interanual. Es decir, la Comunidad de Madrid no solo es donde más cuesta alquilar una vivienda, sino que además el crecimiento proporcional sigue siendo alto”.
En el caso concreto de Fuenlabrada, añaden, la ciudad “cuenta con un precio del alquiler medio que se sitúa en 824 euros, llegando incluso hasta los 1.500 o 2.000 en los barrios más nuevos. Los alquileres han crecido un 12,4 por ciento respecto al año anterior y el precio de venta que en barrios como Universidad-El Hospital superan con creces los 300.000 euros”. Para el portavoz local de Más Madrid, Juan José Jurado, “el acceso a la vivienda es un derecho” y “declarar Fuenlabrada zona tensionada es un paso esencial para ayudar a aquellos que no pueden asumir los altos precios de alquiler o comprar una vivienda y evitar la migración forzada hacia áreas con viviendas más asequibles en otros municipios cercanos”.
En Parla es su vicealcalde, Miguel Fuentes, también de Más Madrid, quien llevará la voz cantante durante el debate en torno a la Ley de Vivienda del próximo Pleno, programado para el 9 de noviembre. Fuentes no duda en apuntar hacia el tope a los alquileres como respuesta frente a la “mano invisible” que defiende el Partido Popular de Díaz Ayuso. En la misma línea, critica que la presidenta ponga la “alfombra roja” a “fondos buitre y especuladores” y “abandone a los jóvenes”: “Ayuso se acaba de comprar un piso de más de un millón de euros mientras en Parla hay una única vivienda en alquiler por debajo de los 800 euros al mes y apenas una decena por debajo de 900”. Precios que tilda de “inaccesibles” para “una de las rentas medias más bajas del país”.
Siguiendo la misma línea argumental, Podemos Móstoles ha avanzado que elevará al próximo Pleno una propuesta para exigir que la Comunidad declare al municipio como zona tensionada, única vía que contemplan para regular los precios. “El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los mostoleños. Sería indecente que Ayuso se negara a aplicar la ley porque estaría actuando en contra de los derechos y beneficios de nuestros vecinos”, insiste su portavoz local, Mónica Monterreal.
La formación morada ha recordado los dos requisitos que deben cumplir los barrios y localidades para ser considerados zona tensionada. Por un lado, que el coste medio de la hipoteca o el alquiler -incluyendo los gastos- supere el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares de dicho municipio. Por otro, que el precio de compra o del alquiler en los últimos cinco años haya experimentado un crecimiento acumulado tres puntos porcentuales superior al del IPC en la región.