La Ciudad de la Justicia, uno de los macroproyectos fetiche de los sucesivos ejecutivos madrileños desde la época de Esperanza Aguirre, verá la luz antes de 2030. Al menos esa es la intención del Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso, que ya se encuentra inmerso en pleno proceso de redacción del anteproyecto de obra. Tras numerosos fracasos, apilados en las oficinas de la Puerta del Sol desde hace más de una década, la Comunidad ha optado en esta ocasión por dar una vuelta de tuerca al enfoque inicial al asumir los costes -con un precio base de licitación de 660 millones de euros- a través de los presupuestos generales de la región. Con ello se aspira a reducir la incertidumbre existente entre las constructoras, que ya dejaron desierto el último proceso de licitación, celebrado en junio de este mismo año, al tiempo que se abraza la gestión directa de las futuras instalaciones. La proyección por fases permitirá que algunos de los servicios comiencen a funcionar, previsiblemente, en 2027, aunque no será hasta tres años más tarde cuando los trabajos toquen a su fin, concentrando así por fin todos los órganos de la judicatura regional en Valdebebas.
"Supondrá un importante ahorro en alquileres"
El nuevo modelo, que continuará apostando por la colaboración público-privada -al carecer la Comunidad de una empresa pública para la ejecución de la obra-, permitirá que sea la propia Administración regional quien ostente en último término la propiedad. La concentración de todas las sedes judiciales en un mismo punto que será, además, público, traerá consigo un “importante ahorro” en la medida en que se liga al vencimiento de los contratos de alquiler vigentes en los edificios donde se encuentran repartidos los órganos judiciales en la actualidad. Tal y como explican fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, “la optimización de recursos en las nuevas instalaciones supondrá un ahorro de más del 50 por ciento en los costes derivados de servicios -seguridad, mantenimiento o limpieza, entre otros- y alquileres”, un gasto que ronda los 40 millones de euros anuales. A su vez, la propiedad situará a la Comunidad en posición de “beneficiarse de los ingresos obtenidos por la explotación de los servicios adicionales”.
Mismas fuentes apuntan a su ubicación en la parcela prevista con anterioridad en el barrio madrieño de Valdebebas. En concreto, el proyecto se desarrollar sobre una superficie total de 236.475 metros cuadrados en superficie y 198.711 más bajo rasante. El espacio disponible se traducirá en más de una decena de infraestructuras, cuya edificación será progresiva. La Fase 0, ya en marcha, incluye la redacción del anteproyecto de obra, además de la adjudicación y la licitación, fijada para el segundo semestre de 2024. La Fase 1, que arrancará, si todo sigue el guion previsto, a principios de 2025, prolongándose a lo largo de todo 2026, supondrá el pistoletazo de salida a los trabajos con la urbanización perimetral de 155.400 metros cuadrados en superficie. Este espacio será destinado a los nuevos edificios para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Audiencia Provincial y los juzgados de primera instancia. También se ubicarán en este punto zonas comunes, servicios de hostelería, áreas de descanso, zonas verdes, un párking público de hasta 60.000 metros cuadrados y otros aparcamientos subterráneos.
El Gobierno madrileño ha decidido otorgar prioridad al traslado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante la Fase 1. En la actualidad, el máximo órgano judicial de la comunidad autónoma se encuentra en la calle General Castaños, en Madrid. Está previsto que, una vez en la Ciudad de la Justicia, el TSJM se ubique en una parcela de 19.000 metros cuadrados y cuente con un edificio “singular” y de “diseño atractivo”. La primera fase contempla asimismo el traslado de la Audiencia Provincial, cuyas secciones -15 de lo Penal y 15 de lo Civil- están en estos momentos repartidas por la capital. A lo largo de la presente legislatura se producirá también el traslado de 105 juzgados de primera instancia -del total de 130 de los que dispone la Comunidad-, diseminados del mismo modo por los distintos rincones de Madrid.
El calendario propuesto por el Ejecutivo, sujeto a modificaciones derivadas de causas sobrevenidas, establece que la Fase 2 debe arrancar en 2027, a finales de la vigente legislatura, con dos edificios destinados a albergar el resto del Orden Civil: 19 juzgados de lo Mercantil, 49 de los Social y 34 de lo Contencioso-Administrativo, incluyendo aparcamientos subterráneos y otros servicios propios. Las Fases 3 y 4 se emplazan ya a la próxima legislatura, en el periodo comprendido entre 2027 y 2031. Estos trabajos suponen la consecución de tres edificios para Penal (54 juzgados de Instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, siete de Menores y seis de Vigilancia Penitenciaria y otros espacios, como la Fiscalía y el Archivo Judicial Territorial.
"Será más eficiente y accesible"
La parcela seleccionada para la construcción de la Ciudad de la Justicia facilitará su conexión mediante trasporte público tanto con la capital como con los municipios próximos. A tal fin se contempla la llegada de la Línea 11 de Metro, cuya ampliación se encuentra ya en el horno, así como la inauguración del nuevo intercambiador de Valdebebas, agendada para el próximo curso. En palabras del propio consejero de Presidencia, Justicia e Interior y portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, “con este gran proyecto el Gobierno regional apuesta por la reunificación de las 28 sedes del partido judicial en Madrid, con 374 órganos jurisdiccionales que dan cabida a 33.000 personas diarias entre profesionales de la Justicia, empleados y ciudadanos, para hacer una Administración de Justicia muy centrada en las personas, más accesible, eficiente y cohesionada en beneficio de los madrileños y de los propios trabajadores”.
Una de las cuestiones pendientes de resolver por parte de Díaz Ayuso y su equipo pasa por definir el destino que aguarda a los seis edificios de titularidad pública que alojan órganos judiciales una vez se produzca el traslado a la Ciudad de la Justicia. Se trata de los ubicados en Plaza Castilla, Gran Vía, General Oraá, Martínez Page y Fernando el Católico.
En un desayuno informativo junto a la prensa, García ha desgranado otros de los proyectos que ultima la cartera de Presidencia, Justicia e Interior con vistas a 2024. Entre ellos figura la incorporación de dos nuevas Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano. A través de esta iniciativa se duplicará la asistencia en las 144 localidades de menos de 20.000 habitantes que no disponen de una sede fija a fin de evitar desplazamientos. Así, a partir del primer semestre del próximo curso, los municipios con más de 650 habitantes contarán, al menos, con una visita semanal a cargo de las oficinas itinerantes. Por debajo de esta cifra la frecuencia pasará a ser quincenal.
Recuperar el patrimonio histórico y cultural en los pequeños municipios es otro de los objetivos fijados en la hoja de ruta de la Comunidad. Con la vista puesta en conservar la identidad e historia de cada localidad, al tiempo que se reactiva su economía, e integrada en el Plan de Inversión Regional (PIR), la iniciativa contará con una partida presupuestaria de hasta 40 millones de euros para la recuperación de castillos, puentes, ermitas, arcos, cruces, molinos, pozos, pilones o bebederos, entre otros símbolos.
En último término, la Comunidad creará dos nuevos centros de día con programas específicos en ciberviolencia para la reinserción sociolaboral de menores infractores en régimen abierto. Aún sin ubicación concreta, está previsto que las nuevas instalaciones comiencen a operar en en las zonas norte y oeste de la región en la segunda mitad de 2024. La inversión asciende, en este caso, a los 450.000 euros.