El pasado 30 de septiembre, la regente del quiosco ‘Los Lujos’ de La Pedriza, en Manzanares El Real, recibió una notificación que -muy a su pesar- hacía tiempo que esperaba: le advertían de que debía derribar su negocio o, por el contrario, se llevaría a cabo una ejecución forzosa a partir del 14 de octubre. El de Concepción es uno de los seis locales irregulares que la Comunidad de Madrid quiere demoler, como ya ha ido haciendo con otros seis que también se ubicaban en tramos calificados como vías pecuarias. De ahí que los afectados hayan convocado una concentración para este sábado 22 de octubre a las 11:00 horas en la zona del Tranco, para pedir al Gobierno regional que se sienten a negociar una solución que evite acabar con el que ha supuesto el sustento de un buen número de familias durante más de cinco décadas. Reclaman que se le cedan los terrenos para poder legalizar sus negocios y adecuarlos al lugar protegido en el que se sitúan.
“Que nos dejen trabajar”. Es esta su principal reivindicación. Desde hace más de 50 años, los encargados de los chiringuitos de La Pedriza trabajan de forma “alegal”. “Cuando se ha tratado de regularizar la situación, no se ha podido porque no han dejado que se hiciera”, alega la hija de Concepción, Sonia Fernández. Este intento de eliminarlos se produce después de que, en 2016, la Consejería de Medio Ambiente iniciara los expedientes para derribarlos. Fuentes del área subrayan que “se está actuando para recuperar las vías pecuarias en las que ahora están estas infraestructuras ya que se encuentran en una zona protegida”.
Pero esto no es razón suficiente para quienes están al frente de esos negocios y creen que, tras el reclamo de los terrenos, no hay una “cuestión medioambiental”, sino “otra motivación con intereses y proyectos nada transparentes”. Están convencidos de que el objetivo de esta medida es construir nuevas instalaciones que pasarán a manos de una “gran empresa concesionaria elegida por la Comunidad”, por lo que exigen que le den “la oportunidad a las familias pequeñas” de seguir trabajando.
"Esta es una decisión política porque el PP gobierna en la Comunidad y en Manzanares el PSOE"
“Es una injusticia que se reclamen unas instalaciones y otras no, porque algunas están prácticamente encima del río”, reivindica Fernández. Es por ello por lo que proclama que esta es una “decisión arbitraria, al renovarse y otorgarse otras concesiones”. Las familias critican que también se ubican en los tramos que están considerados zonas naturales protegidas diversas instalaciones públicas y privadas -como la gasolinera y la piscina del municipio- que se construyeron en los años 60, antes de que entraran en vigor las nuevas leyes de Vías Pecuarias. “Es muy injusto porque hay muchas viviendas a las que les pilla vía pecuaria y, por supuesto, no las van a tirar”, manifiesta la regente de ‘Torrero’ desde 2003, Mari Mar Torrero, quien piensa que esta es una “decisión política porque el PP gobierna en la Comunidad y aquí el PSOE”.
Entre los años 50 y 60, el Ayuntamiento de Manzanares El Real puso en pie 12 quioscos -en la actualidad, solo quedan seis- que se ubicaron en la zona de La Pedriza y del Tranco, para dar respuesta a la gran afluencia de turistas que recibía el municipio. Fue años después, una vez que esos terrenos se consideraron vía pecuaria, cuando empezó la pesadilla de estas familias, que tendrán que afrontar el importe del derribo de sus locales si la justicia -han llevado el asunto a los tribunales- no les da la razón y no se paraliza la ejecución. Desde la Consejería de Medio Ambiente afirman que ahora dependen “de lo que decidan los juzgados” y señalan que, por el momento, ya “se han recuperado” cinco terrenos. “Es cuestión de tiempo que nos llegue a todos la orden de derribo”, lamenta Torrero.
El pasado año, echaron abajo ‘La Foca’, convertido en más de una ocasión en refugio de montaña, tras un acuerdo al que llegó su regente con la administración. A esto le siguió el derribo de otras cinco casetas abandonadas. A sus 62 años, y si a su quiosco le espera el mismo destino, Concepción se verá “en la calle porque no tiene nada más”, advierte su hija.
En su caso -y el de muchos-, gestiona el local desde hace 15 años, después de una cesión y un “contrato entre particulares”, puesto que estas instalaciones no cuentan con títulos de propiedad al estar construidos irregularmente. Otros, en cambio, heredaron de sus padres los negocios.
La mayoría de los regentes han pagado durante años el IBI
Aunque cada uno de los quioscos tiene una situación determinada, la mayoría de los regentes están dados de alta como autónomos y han pagado durante años el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y permisos municipales, por ejemplo, para abrir la terraza, hasta que el Ayuntamiento, a través de la Comunidad, “instó a que no se pasara más el recibo”, reconoce la regente de ‘Torrero’. Hace 19 años, esta vecina de Manzanares constituyó su negocio -abierto por sus padres en 1965- como una Sociedad Limitada, y ahora cuenta con entre dos y tres empleados -en función de la temporada.
Ante esta situación “desesperada”, los afectados tramitaron en el último Pleno Municipal del Ayuntamiento de Manzanares El Real una moción en la que solicitaban reunirse con la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, para buscar una “solución dialogada” a esta cuestión. La proposición fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y trasladada por el Consistorio al Gobierno autonómico, del que aún no han obtenido respuesta. “Esperamos que, hasta que no haya negociaciones, no se derribe ninguno de los quioscos”, reflexiona Fernández.
Por el contrario, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente garantizan que “todos los pasos que se han dado para la recuperación de dominio público de las zonas en las que se ubican los quioscos se han hecho siempre de manera coordinada con el Ayuntamiento de Manzanares”. Esto lo desmienten los regentes de los quioscos: “No es así, el Consistorio antes negociaba más con la Comunidad, pero ahora está de nuestra parte”, añaden.
Estos locales se han convertido en uno de los símbolos de La Pedriza. Ofrecen bebidas y comida a vecinos del municipio, visitantes y excursionistas, avisan de conatos de incendio, atienden a quienes sufren un accidente o realizan labores de limpieza. Por eso tildan de “incomprensible” que la Comunidad “quiera desahuciar” a quienes prestan un servicio clave para la “conservación” de esta reserva natural.