“Estaba yendo al juzgado una y otra vez, cada vez que iba a juicio me ponía mala”, narra Jacqueline (nombre ficticio), una mujer víctima de delito que lleva inmersa en un proceso judicial desde hace dos años. Una situación muy habitual en las instancias judiciales y que se define bajo el término de revictimización.
Socialmente conocemos como victimización primaria, las consecuencias derivadas de haber sufrido un delito, esto es, sentir vulnerados tus derechos como persona y por ello asumir el rol de víctima. Por otro lado, la victimización secundaria o revictimización hace referencia a la respuesta que recibe del sistema la víctima. Un concepto que se emplea cada vez más en las instancias judiciales y cuya minimización se ha convertido en su principal objetivo.
“Supone que una persona que ha sido víctima de un delito tenga que repetir muchas veces y durante un periodo de tiempo muy largo lo que le ha pasado. Puede ocurrir que un niño que sufrió algo con 11 años, tenga que repetirlo a los 18 porque el juicio se ha retrasado” explica Carmen Martín, directora de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de Madrid.
En el año 2015 se aprobó el Estatuto de la víctima, una norma que busca la protección de las personas que han sufrido un delito y que persigue acabar, precisamente, con la revictimización. Para ello, en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha lo que se denomina Plan de Humanización de la Justicia.
Existen numerosas medidas que pueden ayudar a lograr este cometido, algunas como hacer estancias “amplias y cómodas” son tan sencillas como importantes. Madridiario pudo visitar el Juzgado de Violencia Contra la Mujer, sede que ha sido adaptada conforme a lo recogido en el estatuto de la víctima, “hay diferentes entradas para que víctima y agresor no se encuentren, salas de espera separadas y salas amigables”, explica Carmen. Medidas que evitan encuentros que pueden ser peligrosos: “A veces nos encontramos con situaciones muy violentas. Mujeres que vienen a denunciar a sus parejas, vienen acompañadas de familiares y se enzarzan”, narra la Directora de Infraestructuras Judiciales.
“Lo peor era ir tantas veces, pero sobre todo no saber si le iba a ver”, explica Jacqueline que asegura que su experiencia con el acompañamiento ha sido “muy, muy buena”. “Ellos están en contacto con el juzgado, piden biombos en el juicio, nos dan seguridad a las víctimas”, algo que agradece especialmente.
La creación y funcionamiento de las Oficinas de Atención a Víctimas (OAV), se recoge precisamente en la ley aprobada en 2015 para la protección de la víctima. Creadas con un fin asistencial que incluye “información, apoyo emocional y asesoramiento jurídico”.
En la sede penal de violencia contra la mujer, se encuentra la oficina central donde trabajan grupos de trabajo compuestos siempre por un psicólogo y un trabajador social. Ruth Otero y Cristina Cifuentes forman uno de estos equipos técnicos, como psicóloga y trabajadora social, respectivamente.
"La estancia judicial es tan fría, inhóspita"
“La estancia judicial es tan fría, inhóspita. Por eso ofrecemos nuestro acompañamiento, salimos a la puerta, solicitamos salas de seguridad, pedimos biombo para que no haya contacto visual con el acusado… Son situaciones muy duras, muy complejas, por eso intentamos que no se sientan solos”, explica la trabajadora social.
Desde la OAV trabajan en minimizar la revictimización, tal y como explica Ruth, psicóloga, no solo es duro contar varias veces lo que te ha ocurrido, también el cuestionamiento que sienten las víctimas cuando se enfrentan a jueces y abogados que tratan de comprobar la veracidad de los hechos. “De ahí surge la culpabilidad, sentirte mal porque no te están apoyando, sienten que son ellas a quienes son juzgadas”, detalla la psicóloga.
Casos aún más complejos son aquellos relacionados con agresiones sexuales que implican reconocimientos médicos para la emisión de un informe forense: “La exploración física de los genitales en ese momento es muy dura”.
En la Comunidad de Madrid, las Oficinas de Atención a Víctimas ayudaron a 3.851 personas en 2020. Atendiendo a la variable del sexo, existe un claro predominio femenino siendo nueve de cada diez mujeres. Los menores de edad constituyen también un grueso de las víctimas, las OAV hicieron un seguimiento a 305 menores de los que 191 eran mujeres y 114 hombres.
Cristina, trabajadora social, cuenta que en las oficinas atienden a “víctimas de cualquier tipo de delito, aunque el tanto por ciento más elevado es violencia de género y abuso o agresión sexual”, lo que explica las cifras anteriores. El acompañamiento que ofrecen es un servicio gratuito que las víctimas pueden solicitar directamente o al que derivan organismos judiciales en casos de mayor sensibilidad.
“Cuando has sido víctima de un delito grave, a veces no tiene consecuencias manifiestas, pero sí consecuencias emocionales, vienen no tanto con el delito sino con el proceso judicial”, explica Ruth. Por ello, el acompañamiento a la víctima y su protección no debe limitarse a periodo del proceso judicial sino que debe ir más allá. Para Cristina, “el funcionamiento del proceso judicial es el que es, y las ayudas públicas también. Nosotros podemos hasta donde llegamos, nos limitamos al proceso judicial. Hay recursos posteriores, pero a veces son insuficientes”.
“Tenemos un ordenamiento jurídico absolutamente revictimizador”, sentencia Mª Jesús, coordinadora la de Oficina de Atención a Víctimas. Para la profesional, una de las mayores trabas de cara a procesos judiciales con menores es la repetición del testimonio. Por ello, desde hace unos años se ha instalado en los juzgados de la región la Cámara Gesell. Se trata de una sala con dos estancias separadas por un cristal, a un lado se encuentra una psicóloga con el menor que va a declarar y al otro lado, los miembros del juicio habituales: juez, fiscal, los abogados de ambas partes y en algunos casos, el acusado.
La Cámara Gesell se utiliza para grabar pruebas preconstituidas, testimonios fundamentales para el juicio que se graban una sola vez bajo las garantías judiciales pertinentes. De esta manera, el menor solo tiene que declarar una vez. El lugar donde se encuentra el menor es una “zona amigable”, aunque este conoce en todo momento lo que está ocurriendo así como su derecho a no declarar. El juez y la psicóloga mantienen la comunicación a través de un pinganillo y se observa las reacciones del menor gracias a dos cámaras situadas en la sala.
“Otra ventaja de las pruebas preconstituidas es que se hacen en la fase de instrucción, primero por la memoria y después minimizar la influencia del entorno”, explica María Jesús, que considera fundamental que el proceso judicial afecte “lo menos posible al ritmo normal de vida” del menor.
En la misma línea de humanización de la justicia, la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la Sala Diver, una sala infantil donde puedan estar los menores que por cualquier circunstancia acudan a sedes penales. “Nos hemos dado cuenta de que muchas mujeres no vienen a denunciar porque no tienen con quien dejar a sus hijos o porque los tienen que dejar con el agresor”, explica Carmen Martín, directora de Infraestructuras Judiciales.
Esta sala es pionera en la región madrileña, y por el momento se encuentra solo en los Juzgados de Violencia Contra la Mujer pero esperan poder llevarlo a más juzgados. Este proyecto se ha fraguado en colaboración con la Fundación Diversión Solidaria que trabaja con la diversión como terapia complementaria.
En la Sala Diver no se habla a los niños de la razón que les ha llevado hasta allí, sino que el objetivo es que “se olviden de donde están”, cuenta Alba Dorado, responsable del espacio. Desde que este proyecto piloto se puso en marcha -en octubre de este mismo año- han acudido 57 niños.