Entonces, el Ayuntamiento no rescindió el contrato acordado por el anterior equipo de Gobierno de Ana Botella con Bonopark, sino que tan solo llevó a cabo una cesión por un total de 10,5 millones de euros que luego fue respaldada por un perito judicial. Sin embargo, ese documento cuenta con una serie de restricciones que impiden, por ejemplo, la ampliación a otros distritos como Ciudad Lineal o Barajas y la suma de nuevas bicicletas.
Según ha explicado en Pleno la concejala de Chamberí, Esther Gómez, ese acuerdo “tiene un límite de 4.000 bicis para toda la ciudad” y, por eso, plantean la gestión directa con el fin de “cumplir con las demandas de lo madrileños”. Por su parte, el edil socialista Ignacio Benito ha criticado la tardanza en la remunicipalización del servicio aunque ha mostado el “total apoyo” de su grupo a la gestión pública de BiciMAD. Eso sí, con un cambio: según explica el concejal, la actual Ley de Contratos no permite que el Ayuntamiento asuma la gestión de BiciMAD sin que la EMT sea medio propio. Por eso, pide que la empresa sea declarada como tal o que se realice un informe específico por parte de Asesoría Jurídica indicando que la decisión es “perfectamente legal”. “Queremos la ampliación y la remunicipalización, pero de un modo garantista que no pueda ser tumbado en los tribunales”, asegura.
Fuentes del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid dirigida por Inés Sabanés han explicado después a Madridiario que la gestión directa supondría la compra de 1.500 bicis más este año y 1.000 anuales hasta llegar a las 10.000. Además, puntualizan que se abre la puerta a que las ampliaciones sean “más rápidas”.