La portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, ha anunciado este jueves el primer resultado de una comisión creada para analizar la situación de locales de ocio que acumulan sanciones, quejas e incluso órdenes de cierre, que "tardan años" en ejecutarse al tramitarse por la vía administrativa.
Ahora se abandona ese camino y se toma la vía penal con el objetivo de ganar rapidez en las ejecuciones. Así las cosas, el expediente de cada local sancionado será trasladado a la Fiscalía. Se acompañará de los pertinentes informes de Policía Municial, Agencia Tributaria y Área de Medio Ambiente, entre otros. Si hay caso, se seguirá adelante con la tramitación. Entonces, el Ayuntamiento se personará como acusación particular.
De momento, hay 12 casos abiertos, aunque, según Maestre, existe un "número elevado de locales que se encuentran en una situación similar".
El Ejecutivo local busca imponerse a las "tretas administrativas y jurídicas" empleadas por "auténticos entramados empresariales con una enorme capacidad para buscar atajos de la Administración" con los que se declaran insolventes en los procesos sancionadores.