Madrid y Barcelona exigen "lealtad" contra la polución

Desde el Palacio de Cibeles, Inés Sabanés, delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, y Janet Sanz, su homóloga en la Ciudad Condal, han sido las encargadas de recordar que, en 2017, los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona pidieron de manera conjunta al Estado la implantación de 12 medidas contra la contaminación atmosférica en los ámbitos de su competencia. Este miércoles las han recordado, dicen, porque apenas ha habido avances en dos de ellas.

"Existen cuestiones que las ciudades no podemos resolver", ha dicho Sabanés, para quien "el máximo nivel de lealtad es que cada uno cumpla con su responsabilidad". De lealtad también ha hablado Sanz, que ha instado a "trabajar desde ella". Las dos concejalas han puesto el acento en la fiscalidad, "un asunto nuclear".

Medidas estructurales y medidas de emergencia

"Trabajamos en medidas estructurales, como el Plan A, y en medidas de emergencia en casos de superación", como la activación del protocolo anticontaminación, ha recordado la responsable capitalina. Medidas necesarias e imprescindibles, pero insuficientes, según Sabanés, que ha ampliado el foco al aeropuerto y a los carriles bus-VAO en los accesos a la ciudad.

"Desde las ciudades sabemos lo que nos estamos jugando: poder vivir, que la gente viva con dignidad", ha afirmado la responsable barcelonesa, que ha incidido en que estamos ante un problema de salud pública. "Desde 2010 se están incumpliendo los límites de la UE y de la OMS", ha criticado. La aplicación de las medidas "ayudaría a evitar muertes prematuras": "La inacción no es una alternativa porque está en juego la salud de la gente", ha ahondado.

Sanz, que ha recordado que la contaminación provoca 24.000 fallecimientos cada año en España según un reciente estudio de la UE, ha incidido, además, en la necesidad de hacer una apuesta firme por el transporte público en toda España. "No hay excusas si hay voluntad política de luchar contra la contaminación. Las ciudades estamos trabajando. Necesitamos lealtad para que la gente viva mejor y con dignidad", ha zanjado la concejala catalana, para quien "esto va de muertes".

'Guerra' con el Ministerio de Medio Ambiente

No obstante, la rueda de prensa de ambas dirigentes ha estado marcada, también, por los mensajes que las dos concejalas han lanzado al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y, especialmente, a su titular, Isabel García Tejerina.

"El ministerio tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones", ha afirmado una Sabanés que ha pedido al Gobierno central "que no genere falsos debates para hacer oposición al Ayuntamiento de Madrid". En esa línea, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño ha defendido la coordinación de su departamento con la cartera de Tejerina y ha asegurado que las nuevas medidas del renovado plan de la capital, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban "más que anunciadas": "El Gobierno estatal, el ministerio y la ministra conocían estas medidas", ha insistido.

Esta reacción se produce un día después de que la ministra dijera en una entrevista televisiva que le "chocó" que el Ejecutivo local no le informara sobre algunas medidas. Y ahí ha vuelto a hablar Sabanés de lealtad: "La verdadera lealtad institucional consiste en que el Gobierno de España tome medidas con respecto a la fiscalidad del diésel, el impulso de vehículos limpios y que haga todo lo que está en manos de competencias estatales".

Fiscalidad, etiquetado DGT y transporte público, algunas claves

Estas son las demandas conjuntas realizadas por las ciudades de Madrid y Barcelona al Gobierno central para luchar contra la contaminación:

• revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando todas las ventajas fiscales que favorecen la compra de vehículos diésel;
• modificación del impuesto de matriculación de vehículos para priorizar los vehículos menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO;
  
  
• obligatoriedad de la identificación de todos los vehículos mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante;
  
  
• perfeccionamiento del etiquetado de vehículos iniciado por la DGT con las etiquetas para motocicletas y ciclomotores no eléctricos así como para vehículos industriales hibridados de bajas emisiones;
  
  
• desarrollo de sucesivos programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en términos de NO2 y PM, a favor de vehículos Cero y ECO y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales;
  
  
• aplicación de descuentos VAO, ECO en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal;
  
  
• incremento de la financiación del transporte público de proximidad, alcanzando como mínimo los niveles del año 2010;
  
  
• priorización de las inversiones vinculadas con el transporte público, incluyendo tanto las vinculadas a las infraestructuras ferroviarias como la habilitación de bus-VAO en los principales accesos a las ciudades y otras medidas favorecedoras de la intermodalidad;
  
  
• elaboración de una ley de financiación del transporte público estatal;
  
  
• modificación del texto de la ley de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, con la creación de la tipificación de una infracción específica para el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales, que podrá tener la consideración de grave o muy grave;
  
  
• modificación del Reglamento General de Circulación, en el sentido de prever la posibilidad de establecer medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales;
  
  
• revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación, eliminando los máximos existentes en la actualidad;
  
  
• promover a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a ministerio y comunidades autónomas, para que identifique y promueva aquellas medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como por ejemplo, el control de calderas, la regulación ambiental de las VTC, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.