El proyecto para transformar la zona norte de Madrid, conocido como la Operación Chamartín, está a punto de cerrarse. Las últimas condiciones están ya encima de la mesa del Ayuntamiento de Madrid, a falta de una firma que se espera llegue pronto, tal y como han afirmado a Madridiario fuentes cercanas a la negociación.
El último borrador para remodelar el norte de la Castellana incluye cesiones importantes a los requerimientos del Gobierno municipal y del grupo socialista en el Ayuntamiento, como la reducción de la edificabilidad en un 36 por ciento con respecto al plan inicial de la época de Ana Botella o la disminución del área afectada de 3,2 millones de metros cuadrados a 2 millones, entre otras cuestiones.
Por eso, se espera "voluntad política" del Ayuntamiento para estampar esa última firma que desbloquee por fin el proyecto, según estas mismas fuentes, que celebran que, a pesar de los cambios, el proyecto sigue siendo el mejor para la zona norte de Madrid, que no ha perdido en infraestructuras y que, de hecho, ahora se adapta mejor al entorno.
Cuatro ámbitos
De cerrarse, el proyecto, que implica al Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid,el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Distrito Castellana Norte -formada por BBVA y la constructora San José-, se desarrollaría en cuatro ámbitos: Fuencarral-Tres Olivos, Fuencarral Malmea, Las Tablas y el distrito de Negocios, que tendrían coeficientes de edificabilidad independientes.
El uso residencial global también disminuiría, hasta un 36 por ciento, frente a la oferta de Distrito Castellana Norte, que hablaba de un 20 por ciento, debido a que se excluyen los terrenos de vías ferroviarias.
Además, según están negociando, la gestión del plan pasaría a manos del Ayuntamiento de Madrid, controlando tiempos y actuaciones -los técnicos municipales son los que se encargarían de la reforma a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)--
El borrador también recoge que la estación de Chamartín se convertiría en el centro del nuevo barrio de servicios. Para compensar a los operadores privados de la reducción de sus plusvalías, el Ayuntamiento de Madrid asumiría el coste de las infraestructuras viarias previstas.