Calvo: "Las obras del Paseo de la Dirección cumplirán los plazos con holgura"

José Manuel Calvo (Madrid, 1984) es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Madridiario inicia con él un ciclo de entrevistas a los portavoces de la comisión del ramo para conocer el estado del urbanismo madrileño.

¿Sigue descartando redactar un nuevo plan general?
Lo dijimos desde el principio, creemos que la solución para Madrid no pasa por un nuevo plan general, ni por una revisión del actual. Entendemos que el plan general es un instrumento obsoleto a la hora de definir un modelo de ciudad porque establece funciones, usos y propietarios del suelo. El urbanismo del siglo XXI tiene que ser más cercano a las necesidades reales de la gente. Frente a ese plan general como instrumento, que supone cuatro o cinco años de tramitación, en el que hay que tener mayoría absoluta en el Pleno, que estaría por ver, y que tendría que refrendar la Comunidad de Madrid, que también estaría por ver. Pensamos que es un esfuerzo inútil porque no resuelve los problemas de los madrileños ¿Qué hemos hecho? Poner en marcha un plan estratégico de regeneración urbana, como es el programa Mad-RE; otro de mejora del espacio público y la movilidad, ahí están los planes ciclista y similares, que se están poniendo en marcha y se siguen desarrollando, con actuaciones concretas; y un estudio pormenorizado de las grandes actuaciones que están desarrollándose en Madrid, hablamos de Puerta Norte, de Mahou-Calderón, de los desarrollos del Sureste. Esos son nuestros objetivos prioritarios y son en los que estamos trabajando.

No obstante, trabajan bajo ese marco ¿Se puede hacer urbanismo de izquierdas con un plan de derechas?
Etiquetar el urbanismo es bastante osado. Para los debates del Pleno está bien, pero el urbanismo es algo muy serio como para meterlo en esas categorías. Por ejemplo, la intervención de Madrid Río, con independencia de los sobrecostes y la forma de gestionarlo, que consideramos que no fue adecuada, fue un buen proyecto para la ciudad. Igual que ha habido aberraciones como el Anillo Olímpico o la Ciudad de la Justicia, también ha habido cosas buenas. Hay que hablar de buen y mal urbanismo. Estamos radicalmente en contra del modelo urbano que ha construido el PP en los últimos 25 años, porque se ha renunciado a una planificación global, curiosamente mientras se tenía una planificación global, y se ha ido construyendo a través de las interacciones mercantilistas y los intereses económicos. Creemos que es necesario recuperar la planificación integral de la ciudad. Por eso hemos hecho un diagnóstico global de las zonas más degradadas de la ciudad para ir reequilibrando todo el municipio. Y, luego, tener una idea global de las grandes actuaciones, pues han estado desligadas del devenir del resto de la ciudad. Por eso tenemos hoy esa cantidad de cadáveres urbanísticos. Estamos recuperando el conjunto de actuaciones de la ciudad y los tratamos de insertar en ese planeamiento. El plan de 1997 ha sido negado de facto. Se cuenta que el concejal que lo redactó dijo durante su tramitación que estaba deseando aprobar el plan para modificarlo. El plan general ha sido modificado tantas veces que es irreconocible. Es una sucesión de modificaciones que han llevado un modelos urbanos que tiene que ver con una serie de políticas concretas, que con el planeamiento. Nosotros creemos que es necesario un gobierno consecuente y consciente con que debe haber un proyecto urbano que se tiene que trabajar como un todo. Trabajamos en esa línea.

El principal ejemplo del plan general son los nuevos desarrollos. Empecemos por Valdebebas. ¿Cuándo van a ver la luz los cooperativistas?
Hemos resuelto este año el problema de cinco cooperativas cuyos vecinos estaban viviendo de forma ilegal, sin licencia de primera ocupación. Ni este, ni ninguno de los otros desarrollos van a tener un horizonte real de seguridad jurídica hasta que se produzca la sentencia sobre 28 ámbitos que está al caer este mes. Tenemos esperanzas en que esa sentencia nos aclare el marco jurídico. Que sea, preferiblemente, una herramienta con un soporte jurídico claro.

Hay desarrollos con los que no se tiene claro qué va a ocurrir con ellos.
Es necesario hacer una reflexión profunda sobre los desarrollos del sureste, pues su superficie equivale a la de todo el interior de la M-30 o toda la ciudad de Barcelona. La organización de ese modelo urbano ha fracasado porque lo que tenemos es un erial donde miles de personas han enterrado su dinero. Es un fracaso económico y social. Un desastre que tardará mucho tiempo en resolverse porque necesitará un largo período para ser urbanizada. A partir de este concepto, cada ámbito requiere soluciones concretas, en función de sus circunstancias. No puede ser lo mismo lo que se haga en Valdecarros, a lo que se haga en Berrocales, porque el nivel de ejecución e infraestructuras es distinta. Parece razonable que si en un desarrollo ya urbanizado y con cooperativistas ir valorando la pertinencia de ir poniendo en carga ese suelo. Tras reunirnos con la junta de compensación de Berrocales, hemos valorado la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico para desarrollar la primera fase de las seis que están previstas.

¿Y el resto?
Nos propusieron poner en carga la 1 y la 3, aunque consideramos que era excesivo, porque incluso ellos son conscientes que no tienen tanta demanda. Estamos hablando de más de 10.000 viviendas. Es más razonable poner en marcha la fase uno e ir, poco a poco, poniendo suelo en carga. Porque el problema que ha ocurrido en Madrid es que se ha puesto demasiado suelo en carga y tenemos desarrollos picoteados. Te encuentras eriales enormes en donde surgen bloques solitarios. Eso es la anticiudad. Preferimos ser prudentes e ir progresivamente poniendo en carga los suelos a medida que se vaya creando demanda real de las viviendas. En esa línea, vamos a dar una solución individualizada a cada ámbito. No es lo mismo Ahijones, que Berrocales, que Cañaveral o Valdecarros.

¿Tienen previsto reducir edificabilidad de cara a esta redefinición de desarrollos?
Para abordar un análisis profundo de estos desarrollos, consideramos fundamental establecer un diálogo con todos los agentes de la sociedad madrileña que tengan algo que decir al respecto. Es importante contar con colegios profesionales, colectivos ecologistas, el movimiento vecinal y toda la gente que piensa la ciudad. Hemos pensado crear un foro sobre el conjunto de los desarrollos del sureste. Obtener soluciones entre todos para ese ámbito que envuelve la M-30, que no se va a asimilar rápidamente. El problema no está en la edificabilidad pues los PAU tienen 30 vecinos por hectárea, muy por debajo de los 90 de la primera corona periférica o los 150 del ensanche. El problema es la cantidad de suelo que ocupan para tan poco rendimiento. La solución pasará por la concentración. Si los viales y los parques son descomunales, hay que ir a un modelo más lineal, redefiniendo las propias manzanas.

Independientemente de los anuncios de denuncia, ¿existe posibilidad de conciliación, a través de una garantía de mínimos, para que los inversores de Distrito Castellana Norte, entren en Madrid Puerta Norte?
No son necesarios mínimos. El banco es un agente secundario. El problema de la antigua operación Chamartín es que el Ministerio de Fomento tiene una empresa pública que se llama Adif que tiene una enorme deuda, quizás porque construyó estaciones de tren donde no vivía nadie o donde solo pasa un tren a la semana. Para rescatar Adif, necesitan vender esos suelos. Y tienen un convenio con ese banco que especifica que, por 1.300 millones, se quedan con esos suelos ¿Esa cifra procede de extraer una rentabilidad de unos suelos? No. Procede de la necesidad de rescatar una empresa pública. El problema es que tenemos un Ministerio que no se puede mover de esa cifra y un banco que, yo estoy convencido, estaría dispuesto a entrar en el nuevo convenio, si no estuviese suscrito el convenio anterior. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto sobre la mesa un documento abierto de bases y estrategia. Si hubiésemos querido, el Ayuntamiento podría haber iniciado una modificación puntual sobre el ámbito, porque tengo competencias para ello, y habría esperado a ver qué me decía la Comunidad de Madrid sobre ello. Nuestro documento abre diálogo con las administraciones y con el banco como propietario de derechos de cesión sobre el suelo. Cada uno puede plantear sus necesidades reales, y tiene que estar dispuesto a ceder. El Ayuntamiento está dispuesto a ceder. Pero cuando se nos pone en la tesitura de elegir entre lo suyo o nada, no nos dejan margen de maniobra y están bloqueando el proyecto. Para rescatar una empresa pública, el Ministerio no puede esperar que el Ayuntamiento hipoteque Madrid. Además, no nos parece adecuado que las administraciones costeen sus deudas con la venta de suelo, aunque no estamos en ese debate. Estamos abiertos al sentarnos, sobre la base de ese proyecto, aunque sin posturas maximalistas. En todo este marco, la posición del Ministerio la entiendo, pero no se entiende la postura de la Comunidad de Madrid, más allá de que la presidenta regional se ha alineado con la estrategia de un banco y a defender sus intereses legítimos, en vez de a defender los intereses de los madrileños.

¿Se va a desbloquear la operación Campamento? ¿Habrá corredor ecológico?
En el caso de que la Comunidad calificase el corredor ecológico, tal y como hemos pedido varios ayuntamientos, habría que hacer cambios de planeamiento. El proyecto de Campamento no está mal, es aceptable, con elementos seguramente cuestionables y revisables, pero no es malo. El problema de este ámbito es que el propietario del suelo -el Ministerio de Defensa- no ha sacado a subasta esos suelos y no sería razonable que lo hiciera en este momento, al estar en funciones. Ahí no tenemos nada que decir. Cuando los saquen, tendremos que hablar para conciliar un producto que beneficie a la sociedad y a sus promotores. Al igual que hemos hecho con los de Mahou- Calderón. Aunque primará siempre el interés general y se abrirá otro debate participativo con todos los agentes implicados. Porque buscar soluciones entre todos hace que los problemas judiciales sean menores, si se busca consenso y no confrontación.

Con las mismas, ¿podría bloquearse el proyecto Mahou- Calderón?
No porque la naturaleza del problema provenía de que no se respetaba la limitación en altura de los edificios, y porque se interpretaba la intervención como una actuación de dotación y, por tanto, no exigía la cesión del diez por ciento de vivienda protegida. Está en el catorce por ciento. Siempre te puedes encontrar con un recurso pero el proyecto cumple con la Ley. No creemos que vaya a haber un nuevo proyecto judicial.

¿Cómo se va a arreglar el desaguisado urbanístico con el Real Madrid?
La Comisión Europea es la que ha aplicado el correctivo al equipo y establece que pague en dinero en efectivo. A nosotros nos interesaría que nos facilitasen parcelas como las de Opañel porque la zona tiene necesidades, pero ese tipo de acuerdos tendría que ser de carácter bilateral. Nosotros, por ahora, nos vamos a ceñir a lo que exige la Comisión.

¿Va a llegar a tiempo el Paseo de la Dirección?
La fecha límite del convenio era el 9 de octubre para una serie de actuaciones y el proyecto de urbanización para enero. Van a cumplir los plazos con holgura. Es un éxito de gestión. Nos encontramos el Paseo de la Dirección con menos del 50 por ciento de la ejecución realizada en ocho años de concesión y con solo uno de los bloques de realojo terminados. A partir de ahí, exigimos a Dragados que cumpliesen los plazos establecidos en el convenio. Hemos alcanzado el 98 por ciento de ejecución y está a punto de terminarse el segundo bloque de realojo. En poco más de un año, hemos resuelto un problema urbanístico enquistado que generaba problemas en Tetuán. Hemos alcanzado un acuerdo con Dragados para resolver la concesión, para que el Ayuntamiento pueda recuperar casi 100.000 metros cuadrados para vivienda protegida, con el objeto de desarrollar nuestra estrategia de vivienda protegida, sin la necesidad de intermediarios. También se reduce la cuantía en suelo que había que pagar al concesionario de 176 a 127 millones.