Garzón vuelve al banquillo del Supremo

El juez Baltasar Garzón volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de prevaricación al investigar sin competencias los crímenes y desapariciones del franquismo. Garzón se enfrenta a una inhabilitación de su cargo durante 20 años.

Después de haber sido juzgado la semana pasada por intervenir las escuchas que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ con sus abogados. Este martes se ha citado a las partes para tratar las cuestiones previas a la vista, como las posibles peticiones de anulación por vulneración de derechos fundamentales. El asunto se reactivará el 31 de enero, cuando se interrogue al juez Garzón, y las sesiones proseguirán hasta mediados de febrero.

La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón, al igual que ha hecho en los otros procedimientos abiertos al juez de la Audiencia Nacional. Por su parte, el sindicato Manos Limpias, que concurre como acusación popular junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea multado e inhabilitado por veinte años.

Manos Limpias sostiene en su escrito de acusación que en todas sus actuaciones, el magistrado “era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

Por ello, el sindicato solicita al Tribunal Supremo que la condena impuesta para el juez Garzón sea una pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, junto a los 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Al igual que ocurrió en el juicio por las escuchas de ‘Gürtel, la Plataforma de Apoyo de Garzón ha convocado concentraciones a las puertas del tribunal por lo que consideran un “juicio político” contra el único magistrado que se ha atrevido a enjuiciar la dictadura de Francisco Franco.