La ley de autoridad del profesor de la Comunidad de Madrid, por la que se acentúa la protección de los 75.000 profesionales (65.000 de la pública/concertada y 8.000 de la privada) de la Educación de la Comunidad de Madrid ya está aprobada. ¿Y ahora, qué?
Con un año por delante para poder valorar el funcionamiento de la norma, la Asociación Nacional de Profesores Estatales de Madrid ha dibujado la situación de partida gracias a los datos de su
Defensor del Profesor. Según los mismos, en el curso 2009/2010 (hasta el mes de abril) cayó en ocho puntos (del 34 al 26%) la cantidad de profesores que denunciaba encontrarse con
dificultades para impartir su materia de forma normal. En cambio, y a pesar del decreto de convivencia que todos
los centros aplican desde 2007, las faltas de respeto, los insultos y agresiones por parte de padres y alumnos se mantuvieron.
Así, en el curso que acaba de concluir, hasta 1.989 profesores acudieron al Defensor del Profesor en busca de ayuda o asesoramiento. El 24% y 25% aseguraba padecer
amenazas de los propios chavales o de sus padres, respectivamente; y el 21% se quejaba de faltas de respeto,
insultos (el 17%) o de ser víctimas de
grabaciones y fotografías en clase (10%). El 10% de las llamadas fueron como consecuencia de una agresión por parte de un alumno y sólo el 2% por altercados que llegaron a las manos con los padres. El número de profesores afectados apenas varió, ya que, aunque bajaron las llamadas de docentes de Secundaria en seis puntos y las de Infantil en un punto, aumentaron las llamadas desde Primaria cuatro puntos. Por segundo año consecutivo, el 48% de los contactados aseguraban tener
ansiedad y el 20%
depresión, mientras que el 15% habían tenido que coger la baja.
Inmaculada Suárez, coordinadora del Defensor del Profesor explica a
Madridiario que el conocido como
decreto de convivencia, que obligó a todos los centros escolares a prohibir el uso de móviles en las aulas y a establecer sanciones de expulsión en casos graves, ha funcionado, pero no es suficiente. "Los chicos no cambian de la noche a la mañana. Desde el decreto, cuando un alumno altera el orden, se le corta de inmediato y se le expulsa. Así, los problemas en clase han disminuido, pero
los alumnos suelen vengarse después y, de hecho, seguimos recibiendo muchas llamadas de profesores denunciado acoso y daños a sus coches".
¿Prevenir, disuadir o curar?
Un profesor, por ser un funcionario público al servicio del Estado, ya tenía reconocido por ley su tratamiento como
autoridad pública, a pesar de que los profesores revindicasen que los jueces no aplicaban esta posibilidad con toda la firmeza. Por este mismo motivo, PSOE e IU se negaban a aprobar la ley de autoridad, pero la Comunidad de Madrid ha logrado cierto consenso al incluir en esta protección a los
profesores de los centros concertados y privados. El argumento es que, aun no siendo funcionarios, ejercen como tal, ya que sus sueldos los sufraga la Consejería de Educación.
La ley
se aprobó el pasado jueves en la Asamblea de Madrid con el voto del PP y el voto en contra de IU. El PSOE se abstuvo tras incluirse en la ley modificaciones relativas a que las sanciones que se apliquen deben ser proporcionada y con un valor educativo añadido. No se trata sólo de sancionar, de "auctoritas VS potestas", como recalcó la diputada socialista
Fátima Peinado, sino de promover la mejora de la convivencia. Con todo, y como subrayó
Eulalia Vaquero (IU), la autoridad no es la solución mientras no se inviertan recursos en el sistema educativo, que IU y PSOE continúan denunciando que escasean mientras el Gobierno de Esperanza Aguirre aumenta los fondos a la escuela privada-concertada.
Lucía Figar, consejera de Educación, subrayó que, a partir de hoar, los profesores podrán ejercer "en un clima de orden, disciplina y respeto"
Para ANPE, la ley de autoridad será el paso definitivo para que los profesores no permanezcan en una
encrucijada a la hora de denunciar a los alumnos,
como les narró este digital, y, especialmente, que tanto estos como sus padres tomen conciencia de que sus comportamientos "ya no van a quedar en una multa de 100 euros por agresión, sino que pueden acarrear una sanción penal".