Cuando llegó a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales procedente de Hacienda, Engracia Hidalgo (Mérida, 1957) recibió el encargo de impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia en Madrid, un proceso largo y complejo. Su compromiso es firme: nadie tendrá que esperar más de seis meses para estar atendido.
¿Qué tal va la aplicación de la Ley de Dependencia?
Tenemos un auténtico compromiso con ella y con la atención a las personas dependientes. La ley nació del consenso de todos los grupos políticos, convencidos de que es un incremento del estado del bienestar para los ciudadanos, pero su aplicación ha traído problemas. El desarrollo normativo lo han hecho las comunidades autónomas y cada una aplica al ley según su criterio, por lo que tenemos 17 sistemas diferentes.Y además el punto de partida de cada comunidad autónoma era distinto. Eso hace que a las que tuvieran un sistema muy fuerte de servicios sociales les resulte más complejo adaptarse a la nueva ley. Por eso los tiempos de adaptación han sido distintos al principio, cosa que sucede en cualquier sistema, como la sanidad o la educación. También hay un problema de financiación estructural.
¿En qué consiste ese problema?
La financiación es inadecuada e insuficiente. Inadecuada, porque la aportación de la administración general del estado siempre es la misma, al margen de la prestación que se dé al ciudadano. E insuficiente, porque debía cofinanciarse con un 50 por ciento por parte de la Administración General del Estado y esto no está siendo así. Eso solo ocurre en el caso de la protección económica por cuidado del entorno familiar de los grandes dependientes. En los demás tipos de prestaciones, algunas de las cuales llegan a costar 4.000 euros al mes, la Administración General del Estado cubre entre un 10 y un 34 por ciento. Creo que desde la colaboración, la coordinación y la lealtad es necesario abordar la financiación de la ley y su desarrollo normativo.
Así las cosas, el ciudadano de a pie está un poco perdido. ¿Cuál es el tiempo de espera actual para la valoración de los dependientes madrileños?
Es cierto que al principio hubo un poco de retraso y esos tiempos de valoración no estaban establecidos homogéneamente, pero además la adecuación de los servicios sociales preexistentes a los nuevos ha llevado a un gran cambio en los sistemas informáticos y de gestión. No obstante, el compromiso de la Comunidad es que los ciudadanos esperen menos de seis meses. Para lograrlo no solo hemos abierto
nuevas oficinas de atención a la dependencia, sino que además hemos incorporado a 90 nuevos valoradores. Los inicios de un sistema tan potente, que significa nuevas prestaciones y transformación de las preexistentes, han sido complicados y ha podido haber gente que ha esperado más de lo debido; a veces, las cosas son así. Pero tenemos el compromiso riguroso de que esos plazos se reduzcan a menos de seis meses.
El silencio negativo en la valoración alarmó a algunos colectivos. ¿Hay motivo para ello?
Cuando un derecho que se da a una persona depende de parámetros que hay que medir, obviamente solo puedes reconocer ese derecho cuando mides esos parámetros. El mero transcurso del tiempo no puede decidir que una persona es dependiente. Y en las pensiones, en la seguridad social, en todos los ámbitos que reconocen una situación subjetiva de la persona, los silencios son negativos. Una persona siempre será reconocida, o no, como dependiente con la aplicación del baremo de la dependencia. Con lo cual, debe haber total tranquilidad, porque no se va a dejar de valorar a nadie. Estamos hablando de algo muy serio, que es el reconocimiento de un derecho subjetivo por parte de la Administración, que tiene que poner los mecanismos que garanticen que las personas que son dependientes lo son y no consentir que una persona, por el mero paso del tiempo, tenga reconocido el derecho subjetivo.
¿Cuántos dependientes calculan que puede haber en la Comunidad?
El Libro Blanco recogía unos estudios que se hicieron con la población de 1999 [apuntaba
unos 200.000 madrileños con alguna discapacidad para valerse en la vida diaria], pero no creemos que haya grandes divergencias. Allí no se incluía a las personas de 0 a 6 años, y hoy tenemos a 3.500 niños en la Comunidad que reciben atención temprana. Tampoco se reflejaba fielmente lo relacionado con la enfermedad mental, pero no creo que, cuando acabemos de aplicar la ley, la foto final sea muy diferente.
¿Cómo están encajando el sistema de servicios sociales madrileño con la ley?
Aquí tenemos una red muy sólida. El propio IMSERSO reconoce que en 2008 Madrid era la comunidad que más plazas residenciales, más centros de día y más atención domiciliaria tenía. Y es obvio que de repente no podemos pasar de ser los primeros a ser los últimos.Por ejemplo, una persona que ya tuviera ayuda a domicilio estaba atendida, pero al ser compatible este servicio con la prestación económica puede pedir que su PIA le reconozca las dos. Eso supone reconfigurar todo el sistema. Por eso, al partir de esa infraestructura tan sólida, los primeros años están siendo complejos.
¿Qué va a suponer la implantación de la tarjeta monedero?
La ley ofrece la posibilidad de que el ciudadano pida lo que prefiera, siempre y cuando tengamos la garantía de que la persona va a estar bien atendida. Ya tenemos reconocidas 8.000 prestaciones por cuidados en el entorno familiar. En cuanto a la tarjeta monedero, es una forma de implantar una de las prestaciones que se reconocen en la ley, que es la económica vinculada al servicio. En vez de dar a una persona una cuantía mensual y que esta lo pague a la residencia, estamos diseñando una tarjeta que sirva para pagar en el establecimiento con un datáfono conectado con nuestros ordenadores centrales. Creemos que así evitaremos problemas de gestión tanto a las personas usuarias como a nosotros mismos. Además, eso permite introducir la libertad de elección del usuario.
¿Participarán todas las residencias de la región en este proyecto?
Estoy segura. Todas las residencias que tengan el reconocimiento, la autorización y la acreditación de la Comunidad de Madrid. Para nosotros es muy importante la calidad y hemos reforzado la inspección. Hay muchísimas plazas concertadas y la media de edad de las personas que las ocupan es de 83 años, y el 90 por ciento son personas muy dependientes. Lo cual convierte la calidad en un objetivo prioritario. Desde el punto de vista económico, de los 1.238 millones de euros del presupuesto regional, casi 900 se dedican a la atención de personas dependientes, un ocho por ciento más que el año anterior. Y esto en un contexto de situación económica de austeridad en el gasto público. Además, de cada diez plazas residenciales, centros de día, centros ocupacionales o de discapacidad, seis se han creado desde el año 2004. Así que nadie puede poner en duda que Esperanza Aguirre ha apostado decididamente por la atención a las personas dependientes.
Ahora ¿hay lista de espera para la valoración o para recibir el servicio?
No hay lista de espera como tal. Nuestro objetivo es tardar menos de seis meses, aunque siempre alguien pueda sacar un caso especialmente complicado. Pero eso pasa en todos los ámbitos de la Administración, y lo que importa es lo que ocurre con carácter general cuando estamos hablando de mucho volumen, y vamos a cumplir nuestro compromiso.
La atención a la discapacidad es gratuita en Madrid, pero la Ley de Dependencia establece un copago. ¿Van a cambiar las cosas?
En Madrid tenemos 17.000 plazas residenciales, centros ocupacionales, programas específicos de enfermedad mental grave... Todo totalmente gratuito, porque así lo recogía la Ley de Servicios Sociales 2003. Y tengo que decir que hay recursos en discapacidad que llegan a costar 4.000 euros al mes. No obstante, en torno al 50 por ciento de las personas con discapacidad no son dependientes. En cuanto a los que sí puedan serlo y soliciten su valoración, no tienen nada que temer porque no les vamos a aplicar el copago. Nadie está pagando un solo euro por obtener un servicio destinado a la discapacidad.
Entonces, los ciudadanos pueden estar tranquilos.
Absolutamente. La atención a las personas dependientes es un objetivo prioritario del Gobierno de la Comunidad de Madrid; de cada diez recursos, seis se han creado desde que Esperanza Aguirre es presidenta. Cuando ella llegó aquí había 1.300 plazas para personas con enfermedad mental y ahora hay 5.700. La atención está por encima de la media del resto de España, y pedimos disculpas a aquellas personas que hayan tenido que esperar más tiempo del debido en este proceso de transformación y de adecuación, en el que hemos sido respetuosísimos con la aplicación de la ley, pero el objetivo es que estén atendidas con el recurso que necesiten en menos de seis meses.