El Ayuntamiento gasta 70.000 euros en formar a las entidades certificadoras

Los cursos de formación de las entidades certificadoras acreditadas para la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) ha costado al Ayuntamiento de Madrid 69.550 euros.

Según documentos del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, dependiente del Área de Hacienda y Administración Pública, a los que ha tenido acceso Madridiario, se realizaron tres ediciones del curso que ya narró en profundidad este digital, entre el 11 de enero y el 10 de marzo. Una de ellas en un centro externo (los otros dos en el propio Instituto). La formación ascendió a 69.550 euros, de los que 51.570 correspondieron al pago de formadores y 17.980 euros como alquiler de la sede externa.

Las empresas con los alumnos ya formados, podrán empezar a atender la primera fase de gestión de las licencias, que resolverá las comunicaciones previas y a las licencias de implantación y modificación de actividad (que en 2009 representaron el 60 por ciento). Para ello trabajarán con una autorización provisional marcada por la ordenanza municipal, y ratificada por la Entidad Nacional de Acreditación. Para la segunda fase (que entrará en vigor el 1 de abril de 2011, y responderá a los procedimientos común y abreviado), recibirán una autorización definitiva, tal y como exige la normativa. Recopilarán la documentación, asesorarán a sus clientes, realizarán inspecciones iniciales en los locales (el Ayuntamiento inspeccionará también), controlarán y validarán cada proyecto.

El coste por este servicio se pagará a las empresas privadas y no al Ayuntamiento, que renuncia al ingreso. De esta manera, pretende reducir la carga fiscal al inicio de actividades. De forma paralela, el Gobierno municipal modificó el sistema de gestión en las tasas por utilización del dominio público en los supuestos en los que intervengan las ECLU. El contribuyente que deba tramitar su licencia a través de estas entidades, siempre que requiera de una ocupación o aprovechamiento del dominio público (por ejemplo, en los casos de vallas, andamios o contenedores), deberá autoliquidar el importe de la tasa en la entidad.