Javier Font es, desde hace años, la voz de los madrileños con discapacidad. Un trabajo "agotador", según confiesa a Madridiario, pero muy gratificante: conseguir que mejore la vida de estas personas y que se integren cada día más en la sociedad.
A estas alturas, ¿cree que se ha acabado con la discriminación de las personas con discapacidad?
Depende de a qué llamemos discriminación. La discriminación entre personas sin y con discapacidad cada día es menor y estamos alcanzando unas cotas de integración importantes. Por el contrario, algunos productos y servicios continúan vedados para las personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando no existen medios adaptados para utilizar las nuevas tecnologías, estamos siendo discriminados; cuando no podemos acceder a un edificio porque tiene barreras arquitectónicas, estamos siendo discriminados. Pero en la sociedad madrileña, la visión de las personas con discapacidad está cada vez más normalizada. Antes la gente se quedaba mirando a las personas en silla de ruedas porque les parecía raro, pero ahora ya forman parte de la normalidad.
FAMMA ha denunciado varias veces que la crisis está afectando especialmente a este colectivo. ¿Siguen sin cumplirse las cuotas de empleo en las empresas privadas?
Así es. En el empleo privado no se cumplen porque faltan inspectores que velen por ese cumplimiento, y en el empleo público tampoco. Quien tiene que empezar a dar ejemplo es la Administración, cubriendo esas plazas con personas con discapacidad, pero hay que incrementar esa reserva en las empresas privadas. Las personas con discapacidad también quieren crear empleo y aportar, no ser meros perceptores de ayudas sociales y asistenciales. Egoístamente, la propia Administración tendría que potenciar eso si quiere un retorno económico a las arcas públicas por las cotizaciones de estas personas.
Y ello supondría ampliar el abanico de posibilidades laborales para ellas...
Los horizontes laborales son posibles dependiendo de los niveles formativos de las personas con discapacidad. Hace falta más acceso a la educación desde las escuelas infantiles, dificultado por la escasez de profesionales, y más acceso a la formación secundaria y universitaria, porque en una sociedad tan competitiva como la nuestra, cuanto más formados estemos, los niveles de discriminación serán más bajos. Eso debe ir en conjunción con un apoyo de la Administración, pero esta no tiene por qué ser siempre la protectora de todo el mundo. Por eso creo que la obligación del sector privado debe ser ofrecer oportunidades. Los centros especiales de empleo deben dar cobertura a aquellas personas que por su propia discapacidad, muy elevada, tengan más dificultades de acceso al empleo ordinario y requiera una comprensión al tener que realizar rehabilitación con mucha frecuencia.
¿Cree que la sociedad sigue confundiendo discapacidad y dependencia?
La autonomía personal cada vez está calando más en la sociedad y sobre todo en la Administración. Se está entendiendo que las personas con discapacidad quieren participar de la sociedad, pero para ello necesitan cierta autonomía personal y apoyos, sobre todo de asistencia personal. Una persona que tiene un alto grado de discapacidad y que depende de otra persona para sus actividades de la vida diaria, o el transporte, o cualquier otra cuestión derivada de sus carencias por su alto grado de discapacidad necesita un apoyo vital para poder vivir en su entorno habitual y trabajar. La filosofía ahora mismo está en potenciar las capacidades de las personas para el empleo en la sociedad, y además sin olvidarnos de aquellos que no pueden, a los que habrá que atender de la mejor manera posible.
Y todo esto, ¿cómo encaja en la Ley de Dependencia?
Esta ley tiene grandes carencias. La primera y fundamental, que no tiene un presupuesto para dar una cobertura correcta. Además se ha vendido como el cuarto pilar del Estado del bienestar, como si fuera gratuita, cuando no lo es, al igual que no lo es la educación, la sanidad… Puede ser pública, pero no gratuita. Así que habrá que conseguir recursos adecuados porque de lo contrario estamos vendiendo una situación idílica, lo que se traduce en un grave problema, y más en la Comunidad de Madrid.
¿En qué consiste ese problema?
Primero, en los retrasos que está habiendo en la valoración de los Planes Individualizados de Atención. En muchos casos, las personas mueren esperando. Otras tiene problemas burocráticos: se ha dado el caso de que les pidan un informe del médico especialista en diez días, pero la cita para este facultativo se la dan para dentro de tres meses. Estamos ante un despropósito de tal calibre que al final la gente se siente engañada y cabreada.
En Madrid, la Ley de Servicios Sociales establece la gratuidad de los servicios públicos para las personas con discapacidad. ¿Cómo encajarla con el copago que establece la Ley de Dependencia?
En Madrid la Ley de Dependencia se está solapando con la de Servicios Sociales, con lo cual le está restando competencias y al final no sabemos si lo que quieren es anularla o eliminarla por completo. La Ley de Autonomía Personal pretende crear una cartera de servicios que está formada por los mismos servicios de nuestra ley de servicios sociales, pero con carácter de subvención. Evidentemente, son prestaciones que se convierten en incompatibles cuando son por los mismos conceptos. Eso tiene su lógica. Pero no todas las personas con discapacidad tienen por qué acogerse a la Ley de Dependencia, porque no quieren ser dependientes: quieren seguir siendo asistidos por Servicios Sociales. Y hoy en día, a todo el mundo que quiere algún tipo de ayuda, técnica o lo que sea, le están obligando a ser valorado por la dependencia.
¿Qué implica eso?
Primero, que quieren convertir a todas las personas con discapacidad en dependientes, para suplir otras carencias básicas de la escasez presupuestaria que se deriva del nuevo reparto de presupuestos para cada región. Como ha habido un descenso de los ingresos por parte del Gobierno central, quieren suplir esos ingresos por la vía de la dependencia. Se pasa el informe con el número de dependientes cuantificado al Ministerio de Política Social y eso se convierte en que tienen que abonar esas cuantías a la autonomía correspondiente para que esté dotada de presupuesto y hacer frente a los gastos sociales que antes de esta ley se estaba sufragando por servicios sociales.
Pero los ciudadanos no entienden todo esto...
Ni tienen por qué entenderlo. Ellos oyen muchas buenas palabras, mucha diplomacia, pero no se solucionan sus problemas.
¿Se sienten ustedes escuchados por las Administraciones madrileñas?
Sí, pero otra cosa es que nos atiendan como creemos que debemos ser atendidos. Entendemos que hay una carencia importante. Se sigue creyendo que la atención a personas con discapacidad es una atención de beneficencia, pero son derechos que ha costado mucho conseguir.
Y así lo establece la Ley de Dependencia.
El enfoque que ha dado el Gobierno es equivocado, porque esta ley ahora se revela como electoralista; entiendo que para las personas mayores es un beneficio importante, y también lo es para aquellas comunidades autónomas que no tienen una ley de servicios sociales tan desarrollada como la nuestra, porque les reconoce un derecho, pero la ley está generando problemas institucionales y ahora estamos intentando que la gratuidad en Madrid no termine por desaparecer.
Uno de los principales problemas de la discapacidad es que supone coste económico altísimo. ¿La crisis ha agravado la situación?
En un sector donde los niveles de inserción son bajos, al igual que las prestaciones económicas. Muchas de ellas son pensiones no contributivas o con cotizaciones que no dan para mucho y eso perjudica a la normalidad de cualquier persona, y más de las personas con discapacidad. Hay que favorecer el acceso de las personas con discapacidad al medio, al empleo, a participar en la vida cotidiana, porque eso beneficiará también a la sociedad y a la propia Administración. El problema es que necesitamos apoyos y medios que nos faciliten el acceso, y dejará de ser un problema cuando tengamos todo eso. Por suerte, en muchos casos los tenemos.
¿Por ejemplo?
Podemos acceder al transporte. La EMT tiene toda la flota accesible y en los últimos 15 años se ha avanzado de forma espectacular. Por otro lado, la Universidad Complutense tiene ya 400 estudiantes con discapacidad; eso había visto nunca.
¿Qué le parece la idea de adelantar la jubilación de los discapacitados?
Está bien porque creo que es justo que estas personas, que deben hacer un sobreesfuerzo y cuya vida a veces es más corta, se contemple la posibilidad de que se jubilen antes. También ocurre eso en sectores como los bomberos o la Policía, en los que tienen mucha presión. Pero queda pendiente una baremación que determine sobre qué tipo de discapacidades y a partir de qué grado de discapacidad se va a aplicar eso. Yo creo que va a ser una liberación, al igual que el real decreto que terminó con el uso del término ”minusválidos” y lo sustituyó por el de “personas con discapacidad”. Es muy importante, teniendo en cuenta que eso ayuda a tener una visión más positiva de la discapacidad, porque queremos considerarnos, primero, personas, y luego con el tipo de discapacidad que sea. No somos menos válidos, de hecho a veces somos más válidos que otros que no tienen discapacidad.
¿Madrid es accesible en comparación con otras ciudades?
Madrid es una ciudad muy complicada porque está llena de obras todos los días. Las autoridades deberían velar por el cumplimiento de la normativa que regula los caminos accesibles en aquellos lugares donde se produzcan obras. Aquí se condena a muchas personas a no salir de sus casas. Por otro lado, la Ley de Propiedad Horizontal permite que muchas personas sigan recluidas en sus casas porque solo obliga a los vecinos a cubrir un máximo de tres cuotas del pago de la comunidad para determinadas obras. En aquellas comunidades donde haya pocos vecinos no cubren con tres cuotas el coste de un ascensor, por eso pedimos más ayudas públicas y que las comunidades deban afrontar el cien por cien de la eliminación de barreras en las zonas comunes. Y son inversiones para toda la ciudadanía, no solo para las personas con discapacidad. Las personas con movilidad reducida abarcan un colectivo más amplio: mayores, embarazadas, padres con carrito, obesos, de los que muchas veces nos olvidamos.
Decían en el Centro Estatal de Autonomía y Ayudas Técnicas (CEAPAT) que el mundo no está pensado para personas con problemas de movilidad.
No hay nada perfecto… Nosotros siempre insistimos en el diseño para todos. Por ejemplo, cuando pedimos que los taxis sean adaptados, no nos beneficia solo a nosotros. Si hay personas con discapacidad que lo requieran, pedimos que se priorice el servicio, pero por ejemplo los medios de comunicación a veces los llaman porque caben mejor ahí las cámaras y demás bultos. Pensar que solo son un servicio para nuestro colectivo no tiene sentido.
¿Qué ocurre con la accesibilidad en el transporte?
En Cercanías, se está haciendo una apuesta importante, también en largo recorrido, pero todavía no es palpable. Hay un plan de RENFE para adecuar los Cercanías para 2014, pero renovar toda una flota de trenes lleva mucho tiempo y dinero. En cuanto a Metro, empezó muy fuerte con la eliminación de barreras, pero ahora la falta de presupuesto está provocando que todos esos avances se vengan abajo: el mantenimiento de los ascensores es deficiente, tardan mucho en arreglarlos, las pestañas escamoteables que rozan con el borde del andén no funcionan, los suelos del borde de los andenes para ciegos se levantan y no se reponen o nos ponen una rampa,
como la de Pacífico, con una inclinación del 20 por ciento cuando lo máximo permitido es un 12. Es decir, la propia Administración incumple la normativa. Creemos que nos están tomando el pelo.
¿Las Administraciones son conscientes de esas cosas?
No siempre. A medida que hemos puesto en marcha órganos de participación, nos damos cuenta de la enorme desinformación que hay sobre los problemas del colectivo. Seguimos siendo minorías y no somos electoralmente rentables, pero eso es un error, porque nosotros votamos y nuestras familias también. Y lo que más valora el ciudadano a la hora de votar es la atención sociosanitaria y el empleo. Sin embargo, algunos profesionales sanitarios siguen sin saber en muchos casos cómo tratarnos; necesitan cursos de formación continua. Además, no queremos el Área Única, no ya por una cuestión de privacidad, que también, sino porque nuestro médico ya nos conoce. Entiendo que la Consejería tenga problemas con los sindicatos, pero nosotros no tenemos la culpa.
¿Cuál es la solución?
Reclamamos políticas de discapacidad con carácter transversal. Todos ellos tienen que coordinarse para integrar mejor, y optimizar mejor los recursos que tenemos, y más en estos tiempos que corren, de la mejor manera. Los presupuestos, coordinados entre distintas consejerías, podrían dar un resultado mejor. Por ejemplo, Asuntos Sociales da 145 euros para taxis adaptados, una cifra que solo da para ir a trabajar tres o cuatro veces al mes; quizá la solución estaría en coordinarse con otras áreas. La comisión de políticas integrales para la discapacidad que se ha puesto en marcha hace poco en la Asamblea de Madrid va a potenciar eso. Hay que crear una figura de coordinación; es muy simple, pero a la vez muy complicado, porque cada uno tiene que tener sus presupuestos y sus actuaciones, pero hay determinados colectivos que requieren de un apoyo. Además, tampoco debería olvidárseles, y se les olvida, que además de adoptar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU hay que cumplirla. Nosotros tenemos que estar ahí todos los días para recordárselo.
¿No es agotador?
Sí, pero me gusta mi trabajo, sobre todo cuando veo resultados con nombres y apellidos, cuando puedo ayudar a las personas. Lo hago con aspectos más generales, porque se provoca la creación de nuevas normas que repercuten en el colectivo; cuando avanza la accesibilidad, porque veo cómo está reconocida la labor del colectivo en todos los ámbitos, de las personas con discapacidad, que van alcanzando unas cotas de integración mejores… Y detrás de mí hay muchas personas trabajando, de la mía y de otras organizaciones que trabajan en la misma dirección.