Lo que digan los profesores de la educación pública y la concertada a partir de marzo del año 2010 será 'toda la verdad y nada más que la verdad". Ello será posible gracias a la Ley de Autoridad del Profesor, que Esperanza Aguirre anunció en el debate sobre el estado de la región y cuyo anteproyecto aprobó este jueves el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La principal novedad es que la autoridad -de efectos administrativos y sancionadores, que no penales- será vigente sólo en toda la educación pública y que los
centros concertados deberán adecuar sus reglamentos a la misma aunque con cierta libertad. En la Comunidad Valenciana ya existe una norma similar que se aplica a los centros concertados que ha pasado "todos los filtros" legislativos necesarios, según la presidenta y la consejera de Educación, Lucía Figar.
La norma entrará en vigor en la primavera de 2010 tras pasar por el Consejo Escolar. Una vez en marcha, los profesores podrán tomar las llamadas 'medidas cautelares provisionales', como
mandar a casa a cualquier chico hasta el día siguiente si perturba la clase,
insulta o amenaza a él o a otro alumno; o
retirarle cualquier objeto si se está molestando al resto de sus compañeros. En cualquier caso el director seguirá teniendo que ratificar las medidas adoptadas siendo el único que puede expulsar a un alumno del centro.
Punto Espinoso
La Consejería de Educación ha valorado al poner en marcha la ley que hasta el momento las sanciones a alumnos díscolos se tramitaban demasiado despacio. Como les informó
Madridiario, eso colocaba a los profesores en una
encrucijada a la hora de denunciar o no las agresiones verbales o incluso las físicas. Eso no ocurrirá ahora, detalló Lucía Figar a los periodistas tras la presentación del anteproyecto: "El procedimiento va un inspector tarda 5 días. Ahora se podrán establecer medidas cautelares en el momento. Se seguirá oyendo a todas las partes, pero lo que diga el profesor tendrá presunción de ser verdad". Ello será especialmente importante cuando los incidentes no sucedan a la vista de
testigos.
La futura ley incluye un punto espinoso, ya que el profesor podrá solictar a los
padres que faciliten información "de las circunstancias personales, familiares o sociales" de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas de convivencia "siempre que el derecho a la intimidad y otros derechos constitucionales lo permitan.
El presupuesto para Educación cae
El anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesor ha sido recibido por la oposición con el mismo
escepticismo con el que acogió la primera idea de Esperanza Aguirre. Maru Menéndez, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, denunció que la autoridad no es el camino para sacar a la educación del absentismo y
los malos resultados. "Es necesario invertir en el sistema educativo", recalcó, y no que el presupuesto para la educación pública descienda para 2010 un 2%. Inés Sabanés (IU) apuntó que esta nueva ley demuestra que el polémico
Decreto de Conviencia, recurrido en los tribunales y pendiente de decisión judicial, "no ha funcionado".
FSIE, el sindicato independiente de enseñanza mayoritario en la concertada, dio la bienvenida a la ley y avanzó a
Madridiario que propondrá que la condición de autoridad se extienda también
al resto de trabajadores de los centros ya que "los monitores de recreo o comedor se llevan a veces la peor parte". El presidente de la
FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, se mostró cauto en declaraciones a este digital hasta conocer la ley, aunque recalcó que esta ha sido presentada "de forma unilateral" y valoró que hay que estudiar si la Comunidad tiene capacidad legal para aplicarla. Los portavoces consultados del sindicato de profesores
ANPE se felicitaron por haber sido "pioneros" en pedir esta regulación, aunque advirtieron que no es la "panacea" para solucionar los problemas del sistema.