Piden reformas urgentes para la Justicia

La asociación de profesionales de la magistratura denuncia que la administración de Justicia, tal como se encuentra configurada en estos momentos, resulta insuficiente para atender las necesidades de la sociedad a la que va dirigida.

Según explicó esta organización en una jornada organizada por la Sección Territorial de Madrid de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Fundación Ciudadanía y Valores bajo el título 'Reflexiones sobre los actuales problemas de la Justicia en España', "las respuestas que se han dado no han sido más que meros parches y remedios coyunturales que no resuelven el problema.

A la tradicional escasez de medios personales y materiales se une la antigüedad de las normas procesales que resultan inadecuadas e insuficientes para desempeñar con eficacia la función de administrar justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado". Por último, agregan que existe una falta de aprecio institucional por la labor de los jueces y magistrados que desempeñan sus funciones en condiciones verdaderamente precarias.

Concretamente, los problemas de la administración de Justicia actual radican en la insuficiencia de órganos judiciales y la necesidad de especialización de los mismos, siendo necesaria la reestructuración de la Planta y Demarcación Judicial; la escasa inversión en la Administración de Justicia, proponiendo el incremento de la misma de acuerdo con la media Europea, pasando del 1 por ciento actual al 3,5 por ciento en un plazo máximo de 5 años; los insuficientes recursos personales, materiales y técnicos; la necesidad de implantar las nuevas tecnologías al quehacer diario de los Juzgados; el retraso en la implantación de la oficina judicial, proponiéndose el definitivo y completo desarrollo de la misma con fecha límite de 1 de Enero de 2010 y delimitando claramente las funciones y responsabilidades que corresponden a los Jueces y Magistrados y a los Secretarios Judiciales.

También remarcan la necesidad de impulsar la tramitación parlamentaria de las reformas procesales necesarias para su implantación; la falta de la adecuada coordinación entre los distintos intervinientes en la Administración de Justicia: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, debiendo aumentar el diálogo, consenso y ejecución de planes de actuación conjunta.