Después de estudiar sobre el terreno la situación, Libicki y Cashman se dirigirán la semana que viene a la comisión de Peticiones con un documento sobre sus conclusiones, que será discutido junto a representantes de todos los grupos políticos y de la Comisión Europea.
Ésta no es la primera vez que la comisión parlamentaria se pronuncia sobre el urbanismo español y, de hecho, esta última visita es la tercera que realizan miembros de la Eurocámara a España para analizar hechos similares, si bien las otras dos anteriores estuvieron centradas en la Comunidad Valenciana.
Como consecuencia, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2005 un informe contra la norma que entonces regulaba en la Comunidad Valenciana estas actividades, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que elaboró la liberal francesa y miembro del comité de Peticiones, Janelli Fourtou.
La Eurocámara constató entonces que el incremento "de manera muy notable" de las denuncias por abusos urbanísticos y "casos de corrupción", así como "falta de transparencia" de la norma y solicitó "urgentemente" la suspensión de la tramitación y aprobación de programas de actuación integrada (PAI) en suelos no urbanizables.