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    19 de noviembre de 2019

Ignacio González

CASO LEZO

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha abandonado la cárcel de Soto del Real tras depositar la fianza de 400.000 que le impuso ayer el juez.

CASO LEZO

La hermana y dos de las hijas de Ignacio González han acudido a la Audiencia Nacional para depositar la fianza de 400.000 euros bajo la que el expresidente madrileño podrá abandonar la prisión de Soto del Real, en la que lleva preso desde el pasado mes de abril en el marco de la investigación del caso Lezo, tras acordarlo así el juez, que considera que ha disminuido el riesgo de fuga.

El juez acepta la petición de Anticorrupción y permitirá a Ignacio González salir de la cárcel si paga una fianza de 400.000 euros.

CASO LEZO

La última petición de libertad de Ignacio González, encarcelado desde el pasado mes de abril por la investigación del conocido como caso Lezo, ha recibido una primera respuesta afirmativa: Anticorrupción cree que el expresidente madrileño puede salir de prisión con una fianza de 400.000 euros.

Los tres partidos de la oposición han reprochado este viernes que los servicios jurídicos del Canal de Isabel II puedan estar pagando la defensa de varios imputados por la Lezo, tal y como ha ilustrado uno de los comparecientes este viernes en la nueva sesión de la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid.

COMISIÓN DE CORRUPCIÓN

El exmiembro del Consejo de Administración de Canal Extensia, José Javier Soler Gallego, ha asegurado que en las polémicas 'bolsas colombianas' que persiguen a Ignacio González en su viaje a Cartagena de Indias "no había dinero" sino "una toalla, una gorrita, una botellita de agua y una crema". También, que él se reunió con el "ministro de justicia e interior" de ese país durante esa expedición, según lo poco que ha querido dejar caer en su no-comparecencia este viernes en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid. En el caso de Avelino Martínez, solo ha abierto los labios para reconocer que su defensa judicial la paga el Canal. Los más esperados, los exdirectivos Adrián Martín y María Fernanda Richmond, no han contestado a ninguna de las preguntas de los partidos.

El debate sobre las bodas en fincas rústicas está más de actualidad que nunca. El PP consiguió la pasada semana paralizar el intento de la izquierda para prohibir la moda de celebrar fiestas en lugares protegidos. Esta semana, la formación quiere sacar adelante su contrapropuesta para, aseguran, clarificar la ambigüedad reinante, todo un problema judicial. La reforma, en realidad, calca unos párrafos del borrador de la Ley del Suelo presentado por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes en abril y que está paralizado ante un millar de enmiendas. Este autoplagio es un ejercicio de coherencia para el partido de gobierno y un atajo reprochable para la oposición. Mientras los ecologistas creen que el objetivo último del PP es legalizar la barra libre actual, los hosteleros publican listas negras de fincas "ilegales". El futuro de esta parcela de la vida pública madrileña dependerá, una vez más, de lo que decida Ciudadanos.

La Lezo seguirá dando trabajo a la comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid. María Fernanda Richmond, la antigua directora financiera del Canal de Isabel II, y Adrián Martín, su exgerente, deberán comparecer ante los diputados el próximo viernes 20. Ambos fueron dos de los primeros en ser detenidos por su supuesta implicación en la operación Lezo.

El nuevo consejero de Sanidad es un médico de Pozuelo con piso en Sevilla, tiene un exclusivo máster de negocios y participaciones en varias sociedades. Con una trayectoria larguísima a la sombra derecha de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, da por fin el paso a la primera línea pública de la mano de Cristina Cifuentes. Su tarea, antes de cualquier obra megalómana, es coser la herida abierta entre la oposición, parte de la comunidad médica y su antecesor Jesús Sánchez Martos.

Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, ha declarado este lunes ante el juez Manuel García Castellón, por un delito de blanqueo de dinero. La mujer del expresidente ha afirmado que "nunca", ni ella ni él, manejaron dinero negro.

Esta próxima semana, tendrán que declarar en la Audiencia Nacional Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González, y sus sobrinas Rocío y Lourdes Bonet Cavero sobre la pieza número 5 del 'caso Lezo', referente al blanqueo de capitales.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, no valorará durante el Debate del Estado de la Región la imputación del expresidente autonómico y exalcalde, Alberto Ruiz Gallardón, dentro de la Lezo.

La UCO acreditó reuniones del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con dos subsecretarios de Estado meses antes de que estallara el caso Lezo.

El pasado mes de noviembre, la Fiscalía pidió imputar a Gallardón por la compra de Inassa, que supuso un desfalco de 70 millones.

Juan Miguel Villar Mir, que ha declarado en la Audiencia Nacional durante dos horas, ha mantenido su versión desde que fue imputado en mayo, negando el pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González para hacerse con la construcción de la adjudicación del tren de Navalcarnero.

Se rechaza por segunda vez la excarcelación del expresidente de la Comunidad Ignacio González por existir indicios de huída, además de por manejar grandes cantidades de dinero.

Eusebio González Jabonero es uno de los candidatos, en principio, 'pequeños' para la batalla por la Secretaría General del PSOE-M. Maestro de Primaria y sindicalista, a este exdiputado se le ha ubicado en la corriente 'tomasista', una familia que lucha por sobrevivir a su aniquilación. Aunque sea, como en el caso de Jabonero, abominando de las guerras internas y cegando el retrovisor que mira al pasado. Por el momento, confía en tener avales suficientes como para sobrevivir al domingo y ya ha pedido un debate televisado. Un gesto para despertar a la militancia y sacar jugo a una competición que, parece, tiene un ganador prefijado.

El expresidente de la Comunidad de Madrid ha pasado a compartir barrotes y espacio con los internos que estudian carreras universitarias debido a la falta de espacio en donde estaba antes.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la prisión incondicional de la que 'disfruta' Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, está plenamente motivada y considera el recurso que ha presentado su defensa para pedir su puesta en libertad bajo arresto domiciliario es "errática y extravagante".