El cierre de la planta de Fuenlabrada afectaría a 370 trabajadores, aunque la empresa calcula que si todos se acogieran a la posibilidad de recolocación, no tendría por qué haber ninguna salida, aunque cuentan con que esta circunstancia no se dé, conscientes de que habrá empleados que prefieran acogerse a las condiciones de la indemnización.
Frente a las críticas por la "destrucción" de la producción en Madrid con el cierre de la planta de Fuenlabrada, la empresa recuerda que dentro del plan de optimización de recursos, el Servicio de Atención al Cliente (SAC) en Madrid se refuerza y la sede estará también en la región, donde se centralizarán departamentos como el de comunicación o logística.
Desde la empresa aseguran que la decisión del cierre de esta fábrica madrileña ha sido meditada y estudiada con todas sus consecuencias. El fin era optimizar los recursos con una "reorganización razonada". De este modo, han explicado que se plantearon todos los escenarios posibles y que, según los estudios, lo que resulta más eficaz es producir en el perímetro y distribuir hacia el interior, destacan desde la compañía.
Tras cerrarse el proyecto de integración de las embotelladoras de Casbega, Colebega, Cobega, Rendelsur, Begano, Norbega y Asturbega en un embotellador único el pasado 17 de febrero en 2013, y con el reparto de competencias, se anunció que la plantilla del embotellador único sufriría un ajuste que afectaría a un total de 1.250 personas. De estos, se plantean 500 puestos de recolocación en todo el territorio nacional, mientras que los 700 restantes, la mitad sería prejubilaciones y la otra mitad despidos, por lo que 350 personas perderían su empleo.
La Comunidad pide a Coca-Cola respetar los derechos de los trabajadores
El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha pedido este viernes a la embotelladora de Coca-Cola de Fuenlabrada que respete los derechos de los trabajadores, al tiempo que ha rechazado "actuaciones violentas o intimidatorias" como las ocurridas en la fábrica madrileña en la madrugada de este viernes.
"Creo que hay que animar al diálogo entre la empresa y los trabajadores y Coca-Cola ha expresado su disposición a llegar a algún tipo de acuerdo. Desde el Gobierno regional ya hemos indicado que dado que se trata de unas circunstancias de reorganización de las plantas de embotellamiento que tiene en toda España, pero les pedimos que salvaguarden los derechos consolidados de los trabajadores y que se cuide con todo el rigor que esos derechos no se vean perjudicados por una decisión que obedece a razones organizativas, que no económicas", ha explicado.
Victoria ha respetado la decisión empresarial que tome la compañía y ha recordado que la autoridad competente para revisar el expediente de regulación de empleo (ERE) es la autoridad estatal porque afecta a varias comunidades. "Desde el primer día el Gobierno regional ha expresado su ánimo de salvaguarda y garantía de los derechos de los trabajadores. La Consejería de Economía ya se ha puesto en contacto con la empresa y ha expresado su interés de que esto sea así. Los trabajadores saben que el Gobierno regional está detrás en el margen que le permiten sus competencias, pero la autoridad que revisa ese ERE es la estatal", ha reiterado.
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