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Alberto Ruíz Gallardón
Alberto Ruíz Gallardón

El Gobierno limita el aborto a que exista riesgo para la madre o violación

viernes 20 de diciembre de 2013, 16:16h

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha detallado este viernes que el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada establece dos supuestos de despenalización del aborto: que sea "necesario" por existir "grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer" durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea resultado de un delito contra su libertad o su indemnidad sexual, siempre que se produzca en las doce primeras semanas y el hecho haya sido denunciado.

Según ha avanzado en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado la iniciativa, en ambos supuestos habrá determinadas condiciones: que el aborto sea "necesario porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico de ninguna otra forma" y que no hacerlo vaya a suponer "un menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero" para la salud "tanto física como psíquica" de la mujer.

Será condición "que se acredite dicho conflicto de forma suficiente y con las debidas garantías con un informe motivado emitido con anterioridad por dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genera el grave peligro para la salud o la vida de la mujer" y que deberán ser distintos de aquel que practique el aborto y no trabajar en el centro médico donde se vaya a producir. Ante peligro vital para la mujer en caso de urgencia, no será necesario este informe.

Superadas las 22 semanas de gestación "lo adecuado será la práctica de un parto inducido" salvo en dos excepciones: cuando existan anomalías incompatibles con la vida del feto que "no se hubieran detectado antes con un diagnóstico certero" o exista riesgo vital para la mujer "y no sea posible dentro de la clínicamente exigible la protección de la vida del concebido".

En cuanto a la existencia de problemas fetales, Gallardón ha apuntado que en caso de que "exista riesgo psíquico para la mujer" por la existencia de anomalías fetales "incompatibles con la vida", se podrá practicar el aborto y para ello se requerirán dos informes: uno sobre el riesgo de daño para ella y otro sobre el estado del feto, en el que "quede probada" dicha incompatibilidad, conforme los cánones del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia al respecto.

De este modo, "será el hecho de que esa anomalía cause un daño psíquico de la mujer lo que le lleve a la despenalización" y no la circunstancia de que el embrión tenga problemas. "Si esas anomalías causan daño psicológico a la mujer entramos en un supuesto de despenalización pero no consecuencia del embrión, sino de que sus circunstancias generan un daño a la mujer. Si tal daño no existiese, no entraríamos en ese supuesto", ha concretado.

Asimismo, ha apuntado que la ley "solamente regula un supuesto específico que son las anomalías incompatibles con la vida" pero no entra en los problemas fetales que puedan causar "efectos en la salud psíquica de la mujer", asunto que "tendrán que apreciar los especialistas". Se evita así establecer distinciones entre malformaciones, algo, conforme ha recordado, "expresamente vetado por Naciones Unidas".

"Lo que estamos haciendo es hacer bueno y efectivo el cumplimiento que marcó el constitucional pero cuando existe de verdad un daño físico, un daño psíquico, el hecho de que dos médicos tengan que certificarlo no es una limitación, sino una constatación, porque si no fuesen en la misma dirección, el problema no sería el informe, sino que no es el supuesto contemplado en la legislación", ha añadido.

Para Gallardón, "lo cabe dentro de este proyecto es hacer depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún interés constitucional digno de protección y esa es la razón por la que en la nueva legislación el sistema de plazos no se introduce". En este sentido, ha puesto el acento en que la norma, como ya había anunciado, no establecerá "por primera vez" ningún reproche penal para la mujer que se practique un aborto, pues se trata de "una víctima" del mismo y no de la culpable.

No son las únicas novedades del anteproyecto. Se elimina la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años se practiquen un aborto sin consentimiento de sus padres y se reforma el sistema de consentimiento informado, de modo que las mujeres tendrán que someterse tras recibirlo, a un periodo de siete días de reflexión (el actual es de tres).

Según el ministro, se busca que la mujer reciba una información "asistencial, individualizada, verbal, no sólo por escrito", de manos de "médicos y profesionales sanitarios y de servicios sociales que tendrán que ser diferentes de aquellos que practiquen el aborto". Además, "un colaborador del sistema público" ofrecerá "asesoramiento social" sobre las alternativas a la interrupción del embarazo.

En cuanto a la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario, ha avanzado que cualquier profesional que intervenga en el aborto podrá acogerse a la misma "hasta el último momento" para "abstenerse" de participar en la intervención.

El ministro ha incidido en que la reforma "recupera el amplio espacio de consenso" existente con la legislación de 1985, que estuvo vigente hasta 2010 con sucesivos gobiernos del PSOE y el PP, un acuerdo que los socialistas, a su juicio "rompieron unilateralmente" obviando además la doctrina del Tribunal Constitucional, "que se ha pronunciado hasta en tres ocasiones" para establecer que entre dos bienes jurídicos a proteger en conflicto, el legislador debe buscar el equilibrio.

Según los últimos datos disponibles, en 2011 se produjeron un total de 118.359 interrupciones voluntarias del embarazo en España, un 4,7 por ciento más que en 2010. De ellos, el 65,56 por ciento se produjo antes de las ocho semanas, y un 89,58 por ciento se llevaron a cabo sin que la mujer alegara motivo alguno para abortar. En un 11,8 por ciento de los casos las gestantes tenían menos de 20 años de edad (14.586, casi la mitad que el grupo de edad más numeroso, de 20 a 24 años, que supone el 21,34 por ciento).

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que se siente tan "cómoda con la ley como lo estaba con la ley de 1985".  La ley del aborto de 1985 permitía la interrupción del embarazo en tres supuestos: si había un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; en las 12 primeras semanas en caso de violación; y dentro de las 22 semanas si el feto podía a nacer con "graves taras físicas o psíquicas". 

Protesta frente al Ministerio de Justicia

Varios cientos de personas se han concentrado este viernes ante la sede del Ministerio de Justicia, después de que el Consejo de Ministros diera luz verde, a propuesta del titular del departamento, Alberto Ruiz Gallardón, al anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada.

Entre gritos de 'Nosotras parimos, nosotras decidimos', 'Gallardón, dimisión', 'Misóginos', 'Nadie te escucha, mujer si no gritas', los asistentes han manifestado su rechazo a la futura reforma del Ejecutivo, portando carteles en los que se podían leer leyendas como 'Contra el machismo y la explotación, mujeres en lucha' o 'Jaque al patriarcado. Por nuestros derechos sexuales y reproductivos'.

Entre los asistentes se encontraba, por ejemplo, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, o Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista y la Plataforma Mujeres ante el Congreso, que considera que "la nueva ley es una bofetada a los derechos de las mujeres". A su juicio, la primera consecuencia de esta norma es que "va a llevar a las mujeres a abortar en la clandestinidad o en otros países".

Más información:

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