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Francisco Granados junto a  Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalva
Francisco Granados junto a Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalva

Las redes de Granados, con contratos de hasta 100 millones

jueves 30 de octubre de 2014, 07:38h
Las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Así consta en el auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que señala que Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada".

La resolución judicial apunta que las "autoridades municipales" detenidas -entre los que se encuentran los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE), y Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), en prisión eludible bajo sendas fianzas de 60.000 euros- "se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos".

Los detenidos, a los que se imputan once delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal, formaban "una trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos".

También se adjudicaban, según el juez, "aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios públicos de muy diverso tipo que, dependiendo de las autoridades públicas, actúan en beneficio de personas físicas y jurídicas que forman parte de la trama".

De esta forma, en los ayuntamientos donde la trama operaba (Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Almendralejo) "se instrumentaron procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados".

Los miembros de la red, que también operaron en varias áreas de la Comunidad de Madrid, el Instituto de Turismo y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y la Diputación de León, influían "a lo largo de todo el expediente de contratación desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación".

La investigación se inició a partir de una comisión rogatoria que las autoridades suizas cursaron el día de Nochebuena de 2013 tras detectar varias cuentas sospechosas de Granados; su esposa, Nieves Alarcón; el empresario y 'conseguidor' David Marjaliza; su mujer, Adela Cubas; y la sociedad Sheraton Trading.

Estas pesquisas, según el auto, han permitido "cerrar el círculo de la operativa de blanqueo en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación".

Las operaciones se cerraban en cacerías y partidas de póquer

En la documentación aportada por Manos Limpias a la Fiscalía Anticorrupción consta además que el que fuera director financiero de la promotora Dico entre 2002 y 2003, David Merino, confesó de forma manuscrita y mediante diversas actas ante un notario de Madrid el "modus operandi" en Valdemoro de la trama. Según indica, cerraban sus operaciones en cacerías con "bodas de sangre incluidas", partidas de póquer y "juergas" celebradas en chalets.

Según el manuscrito, de 12 folios y que contiene esquemas explicativos del funcionamiento de la presunta trama corrupta e incluso croquis de las timbas de póquer, Dico tenía un empleado que era propietario de gran cantidad de suelo en Valdemoro y amigo de Majarliza y Cid, a quienes vendía sus terrenos para que éstos, en connivencia con los responsables municipales, pasaran de rústico a urbanizable a través del Plan General del Municipio o el impulso de planes parciales o PERIS.

Según este empresario, que buscaría a juicio de Manos Limpias "salvaguardar sus responsabilidades que pudieran originarse" cuando la trama se conociera, el importe pactado de las comisiones "siempre lo entregaban a Francisco Granados, bien J. Jiménez o bien Paco Colado". Merino se atribuye la función de "responsable de buscar tal dinero, que normalmente era en el mencionado dinero B".

Más información:

Prisión eludible con fianzas para los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco

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