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Francisco Granados junto a  Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalva en un acto del PP de Madrid
Francisco Granados junto a Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalva en un acto del PP de Madrid

El juez interroga a los presuntos miembros de la trama de Francisco Granados

miércoles 29 de octubre de 2014, 09:59h
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha interrogado este miércoles a parte de los detenidos en la 'operación Púnica', por su relación con la trama de corrupción de la que presuntamente formaba parte el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
Los interrogatorios han comenzado con el técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Galindo Sánchez, el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), según fuentes jurídicas; pero estaba previsto que este miércoles declarasen hasta 17 detenidos, entre los que se encuentran también el director general de Cofely, Didier Maurice; a los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); así como al consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.

También está prevista la declaración del técnico de Serranillos del Valle Marco Durán; el director comercial de Cofely, Constantino Álvarez de la Cueva; el concejal de Parla Alejandro Utrilla Palombi; el responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés; y cuatro personas vinculadas al presunto "conseguidor" David Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas, Antonio Serrano y Antonio Ruiz.

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos -PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA-, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización criminal. En Madrid, la trama política ha dejado hasta 16 detenidos.

Detención de un agente de la UCO

Por otro lado, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido este miércoles a detener a un compañero, también de esta unidad operativa del Instituto Armado, acusado de haber avisado al ex 'número dos' del Gobierno de la Comunidad de Madrid  de estar siendo investigado. En concreto se le acusa de la comisión de un presunto delito de revelación de secretos. En el marco de las pesquisas, los investigadores se percataron de que se había producido este soplo al ex dirigente 'popular'.

Las mismas fuentes consultadas precisan que la relación entre este agente de la UCO y Granados era a través de un amigo en común de Valdemoro, y que no tenían una relación fluida. Fue en un encuentro entre ambos cuando el agente se lo advirtió y Granados se mostró sorprendido.

Además de Granados, el lunes fueron arrestados el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez; el exregidor de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE) y los primeros ediles de seis municipios madrileños: Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).

La Guardia Civil también detuvo al jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero López; el teniente de alcalde y responsable de Hacienda de esta localidad, José Javier Hernández Nieto; el concejal de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez; o el jefe de gabinete del alcalde parleño, Antonio Borrego Fortea.

También en Móstoles fue detenido el adjunto al concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, a quien se le atribuye haber firmado un contrato en mayo con la empresa Cofely de 72 millones de euros. También figuran entre los detenidos varios funcionarios como el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro Soto; la ingeniera municipal de Parla, Elena María Fernández Pérez; o el técnico municipal de Serranillos del Valle Marco Durán.

Otro arrestado es el supuesto "conseguidor" David Marjaliza, a cuya actividades estaban vinculados los también detenidos Ana María Ramírez, Eduardo de la Peña, José Luis Huertas, Antonio Serrano y Antonio Ruiz. También fue puesto a disposición de la Guardia Civil José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Esta institución que se encarga de controlar todo el sistema informático de la Administración regional y que depende de la Consejería de Presidencia.

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