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Jose María Fraile, alcalde de Parla
Jose María Fraile, alcalde de Parla

Los interrogatorios aportan nuevos datos sobre la trama

jueves 30 de octubre de 2014, 07:48h
Las investigaciones sobre la operación Púnica avanzan y cada vez se conocen más detalles de cómo operaba la trama.

El alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE), recibió "una donación" por parte de la empresa Cofely, a cambio de la adjudicación a esta compañía de un contrato de eficiencia energética por valor de 54,6 millones de euros, según consta en un auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. La resolución judicial detalla que el regidor, en prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros (que ya ha pagado), participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y seleccionó como empresa auditora a la empresa Ruta Energética, vinculada al empresario y 'conseguidor' David Marjaliza, con el fin de encubrir "el pago de una comisión pactada".

El alcalde de Collado Villalba (PP), Agustín Juárez, que ayer salió en libertad bajo fianza de 40.000 euros al que se le atribuye la concertación con Cofely de un contrato de eficiencia energética por valor de 39,4 millones de euros a cambio del cual los miembros de la Corporación local "habrían recibido pagos de 70.000 euros", ha acudido este jueves al Pleno del Ayuntamiento y sin presentar su dimisión, ha abandonado la sala señalando que tenía que estar con su familia. "Estoy en una situación personal un poco delicada y estos momentos son para estar con mi familia", ha señalado como ha podido el regidor entre los gritos de 'dimisión' y 'ladrón' que lanzaba el numeroso público asistente al pleno, que ha comenzado a las 17.00 horas. Además, se ha declarado "inocente" ante los medios de comunicación.

El otro regidor para el que el juez Velasco ha dictado el ingreso en prisión con una fianza de 60.000 euros es el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP). Cuñado de Marjaliza, el regidor siguió las instrucciones de éste sobre "cuándo y a quién facturar" y le mantuvo "puntualmente informado" sobre el desarrollo de los contratos.

El primer edil de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), en libertad con comparecencias mensuales, se puso "en manos" de Marjaliza y De Pedro para la redacción de un contrato de eficiencia energética que también se adjudicó a Cofely tras la presentación de una oferta que resultó "laboriosa" debido a las condiciones del contrato.

El concejal de Móstoles Alejandro Utrilla (PP), en libertad con la obligación de acudir todos los meses al juzgado más próximo a su domicilio, está imputado por otros siete delitos por dar ventaja a la empresa en la adjudicación de un contrato por valor de 72 millones de euros. Según los pinchazos telefónicos que obran en el procedimiento, Cofely se comprometió a entregarle 240.000 euros que se justificaron en otros conceptos. Este jueves ha renunciado de manera voluntaria a su acta como concejal adjunto de Medio Ambiente de Móstoles.

En un escrito enviado al alcalde, Daniel Ortiz, el exedil señala que "los procedimientos judiciales dificultarían" su "legítima defensa" en caso de mantener sus responsabilidades públicas, y "sobre todo perjudicarían la magnífica gestión del equipo de gobierno". Agrega en el texto que "los ciudadanos esperan de los políticos la máxima ejemplaridad empezando por apartarse de la vida pública en caso de un procedimiento judicial". "A partir de ahora dedicaré todos mis esfuerzos a confirmar mi inocencia", asevera. En referencia a Daniel Ortiz, ha destacado que agradece "el apoyo y la confianza mostrada en estos años" y le pide que transmita dicho agradecimiento al resto del equipo de gobierno ajeno completamente a esta situación".

Por su parte, el consejero delegado de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, en libertad con comparecencias mensuales, participó en la trama de facturas falsas que se emplearon para pagar los trabajos de "reputación de altos cargos" de la Administración regional que realizó De Pedro. Estos se pagaron con facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su agencia. Se le atribuyen por estas actividades los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y fraude.

Arresto de otras dos personas

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este jueves a otras dos personas relacionadas con la trama corrupta desarticulada en la 'operación Púnica'. Son Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado del Castillo. A ambos se les acusa de realizar labores de intermediación con el Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba, uno de los municipios implicados.

De este modo, con estos dos arrestos ya son 38 las detenciones practicadas en esta 'operación Púnica', junto a los 35 primeros detenidos y el Guardia Civil acusado de avisar de la investigación al principal acusado, ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

 

Más información:

Las redes de Granados, con contratos de hasta 100 millones

 

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