El TSJM aúna todos los recursos contra la privatización sanitaria

En la diligencia de ordenación, fechada a 11 de octubre, el presidente de la Sala se dirige a la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) para explicar que adopta esta disposición dado que existen "diferentes secciones" con "distintos recursos" que tienen como objeto la impugnación de la resolución del Gobierno regional. En concreto, dentro del TSJM se han dictado resoluciones, al menos, en las secciones tercera y octava, que "resultan o pueden resultar contradictorias", por lo que ha acordado llamar para formar Sala a todos los magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo. "Lo estimo necesario para la Administración de Justicia", añade Martínez. Esta medida afectará a todos los recursos ya en marcha en la citada Sala, independientemente del trámite procesal en el que se encuentren, se explica en el texto, que añade que la Sala que tomará a partir de ahora las decisiones estará compuesta por el propio presidente, el presidente de la Sección correspondiente y el ponente que ya viniera establecido en la sección de origen. Además, se advierte que esta decisión también repercutirá en próximos recursos que podrían aparecer. Con esta decisión, el TSJM da respuesta, de algún modo, a las críticas vertidas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que lleva semanas demandando que todo el proceso se unifique en el TSJM dado que distintos juzgados se estaban pronunciado al respecto y en distintas direcciones, generando "confusión" e "inseguridad jurídica", en palabras de los dirigentes autonómicos.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha anunciado que su partido solicitará la recusación de Martínez Tristán al entender que el magistrado está "implicado" e "involucrado" con el Partido Popular. En concreto, el líder de los socialistas, Tomás Gómez, ha indicado que el presidente de la Sala es el marido de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García, y que se trata de "una de las personas que quiere colocar el PP" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No lo vamos a consentir. No vamos a consentir que el PP influya a través de un juez implicado e involucrado con el PP para levantar varios autos de diversas instancias judiciales", ha apostillado el líder de los socialistas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha denunciado esta maniobra de los socialistas. "Me parece algo impresentable. Vivimos en un Estado donde el principio de la separación de poderes es un principio fundamental que debe ser respetado todos", ha destacado el parlamentario en los pasillos de la Asamblea de Madrid. También el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha acusado al PSM de hacer un "uso torticero" de la Justicia.

El TSJM por su parte ha emitido un comunicado en el que defiende la decisión de Francisco Gerardo Martínez de aunar todos los recursos contra la 'externalización' porque entiende que entra dentro de sus "potestades". En concreto, ha resaltado que la medida adoptada "se enmarca dentro de las potestades que le atribuye el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)" y que ha sido efectuada en la "forma prevista en las normas de funcionamiento interno" de la Sala, aprobadas por la Sala de Gobierno del TSJM el 30 de marzo de 2009. Recuerda que sobre la causa han tomado decisiones ya cinco magistrados en un sentido y, por otra parte, otros cuatro en otro y que esto puede "resultar contradictorio". Además, destaca que esta medida ha sido tomada a sugerencia del Ministerio Fiscal. Por tanto, la decisión final la adoptará "la totalidad de los cincuenta magistrados que componen la Sala, presididos por el presidente de la misma quien cuenta con un solo voto, al igual que cada uno de los cincuenta magistrados, "garantizando con ello la mayor objetividad posible y en aras de la seguridad jurídica y del acierto".

Rechazado el recurso de CCOO
Por otro lado, el TSJM ha rechazado un recurso presentado por CC.OO. contra el proceso de privatizaciones. En su argumentación, la sala indica que la gestión externalizada es una fórmula "legalmente permitida" y amparada una norma "de rango de Ley", por lo que lo único que cabe revisar es la regularidad formal del procedimiento. El sindicato tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante la misma sala en un plazo de cinco días computados a partir de la notificación de la sentencia. La Sala ha recordado además que la propia Fiscalía manifestó en sus alegaciones la "falta de legitimidad activa" del sindicato para recurrir dicho acto administrativo.
 
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