El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció este martes que la Comunidad no dará dinero hasta que se aclare la situación, si bien no ha especificado qué pasará con las ayudas ya concedidas.
La Comunidad de Madrid detectó irregularidades y comenzó a abrir expedientes de revocación de las ayudas en junio de 2013. Ese año ordenó a 35 asociaciones empresariales devolver los 4,4 millones de euros de dinero para formación continua a distancia por presuntas irregularidades en la gestión de cursos subvencionados en 2011 que se tendrían que haber impartido en 2012. En este momento, las asociaciones aún están en plazo de devolución, pero no se descarta recurrir a embargos cuando concluya el plazo. En su mayor parte, las presuntas irregularidades se corresponden con cursos gestionados por Sinergia Empresarial.
Según fuentes de la Comunidad, la Consejería de Empleo detectó las irregularidades al hacer un seguimiento de los cursos superior a lo que marcaba la convocatoria estatal, que obliga a controlar el 5 por ciento de los cursos subvencionados. Los técnicos de Empleo detectaron que había alumnos que en realidad no habían hecho los cursos y DNI falsos. En la actualidad, la Comunidad sigue investigando las plataformas de formación on-line de las asociaciones y sindicatos, que reciben las subvenciones procedentes del Estado a través de la Comunidad, y que después pueden externalizar a empresas, como Sinergia Empresarial, que ahora está siendo investigada.
La consejería ha trasladado a la policía la documentación generada fruto de su investigación. La policía investiga el caso a raíz de la denuncia de una las asociaciones afectadas. Ante las críticas por no haber denunciado el caso ante la Fiscalía, fuentes de la Comunidad han indicado que "lo primero era reclamar el dinero", como han hecho, y han recordado que el director general de Estrategia y Fomento del Empleo, Valentín Bote, aseguró en la última comisión del ramo en la Asamblea que la Comunidad no descarta "ninguna actuación en el ámbito administrativo o en el ámbito penal para castigar un mal uso de los fondos de formación".
Por su parte, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, ha solicitado comparecer en el pleno de la Asamblea de Madrid para explicar las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid para esclarecer estos hecho. Previsiblemente, esta comparecencia se realizará el 13 de marzo. Esta semana, los grupos de la oposición también han registrado varias preguntas parlamentarias y han solicitado la creación de una comisión de investigación.
Además, González ha propuesto que el dinero destinado a formación continua vaya directamente a favorecer la contratación de trabajadores y la creación de empleo y va a solicitar al Ministerio de Trabajo que investigue estas prácticas a nivel nacional y refuerce los controles de la impartición de estos cursos dado que la mayoría del dinero procede del Ministerio.
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