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La atención a drogodependientes pasa a la Comunidad

martes 30 de octubre de 2012, 00:00h
El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, ha subrayado que la transferencia del Instituto de Adicciones a la Comunidad de Madrid será efectiva a principios de 2013 (porque las acciones sobre drogodependencia son claramente de ámbito autonómico) y que el Ayuntamiento ha incidido en las virtudes que tiene la aplicación de un modelo sociosanitario, aunque será la Comunidad la que determine qué modelo aplicará.
Así lo ha manifestado De Guindos durante el Pleno municipal en respuesta a la pregunta formulada por la concejal de Izquierda Unida Milagros Hernández sobre cómo se está produciendo el proceso de traspaso de dicho Instituto a la Comunidad.

El delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad ha manifestado que la Comunidad y el Ayuntamiento están aplicando la máxima de "una competencia y una administración" y que la cesión vendrá recogida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y será desarrollada mediante decretos.

De Guindos ha relatado que se han mantenido varias reuniones con responsables de la Agencia Antidroga para aportar información sobre las actuaciones del Instituto, el personal y su retribución y los usuarios de dicha red. En este punto, el delegado ha recalcado que en estas reuniones se ha constatado que el enfoque municipal de prestación era más sociosanitario mientras el de la Comunidad era estrictamente más sanitario.

Por su parte, Hernández ha asegurado que la red de atención a la drogodependencia del Instituto es una de las mejores de Europa y ha lamentado que la política de recortes haya traído la supresión de diez programas de atención, prevención y reinserción social para este colectivo. Además, ha pedido al equipo de Gobierno que trabaje para garantizar el mantenimiento de esta red asistencial.

Mientras, el delegado también ha informado en el Pleno que la aplicación de los decretos que aumentan la jornada laboral de los funcionarios ha tenido una adaptación propia en el caso de Samur-Protección Civil, que tendrán 128 horas más supeditadas a las necesidades generadas por el propio servicio. Ante ello, ha remarcado que no ha habido acuerdo con los trabajadores y se aplica, en consecuencia, la normativa.

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta formulada por la edil del PSOE Carmen Sánchez Carazo, quien ha reclamado a De Guindos que vuelva a convocar la mesa de negociación para aplicar consenso en lugar de medidas "unilaterales" que hacen que el personal del Samur "esté siempre disponible a golpe de teléfono". Además, ha exigido que se acabe con la interinidad de gran parte de la plantilla y ha reclamado que haya racionalización en el gasto de los cargos de libre designación, cuyas retribuciones alcanzan hasta los 104.000 euros anuales.

Finalmente, el delegado ha manifestado que esta medida no es ningún castigo sino responde a la necesidad de unas normativa actual, por lo que el Ayuntamiento ha actuado con total prudencia a la hora de aplicarla en el ámbito municipal.
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