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Protesta de los vigilantes de seguridad contra el descuelgue salarial y los ERES y la patronal Aproser en la Puerta del Sol.
Protesta de los vigilantes de seguridad contra el descuelgue salarial y los ERES y la patronal Aproser en la Puerta del Sol.

Botella quiere limitar las manifestaciones "en determinados espacios"

miércoles 26 de marzo de 2014, 12:58h
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha avanzado este miércoles que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponer que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas.

"El derecho de manifestación se puede y se debe regular", concretó la regidora, que ha señalado que "urge tomar medidas" ya que la "libertad sin límites para unos cuantos no puede cercenar los derechos y libertades de todos los ciudadanos". La primera edil ha defendido que "no se puede entorpecer la movilidad de Madrid de manera frecuente con manifestaciones". Por ello ha opinado que se debe "pactar con las organizaciones que convocan las protestas los itinerarios alternativos" y que se hagan cumplir "fuera del corazón de la ciudad". "Hay que conciliar la protección del empleo, la movilidad y el turismo con el respeto al derecho a manifestarse", ha declarado.

"La capital de España no puede tolerar, como vengo denunciando desde que presido este Ayuntamiento, que el espacio público de todos, especialmente el centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan", ha expuesto.

Botella ha puesto como ejemplo el caso de Francia, donde "se regulan escrupulosamente las medidas que refuerzan el mantenimiento del orden público, rechazando aquellas que supongan una amenaza grave para la seguridad y preservando el centro de su capital". De hecho, en París "las manifestaciones quedan limitadas a las grandes avenidas que evitan el centro de la ciudad, además de prohibirlas en la proximidad de los edificios de la Asamblea Nacional". A eso se suma que los actos vandálicos que tienen lugar al calor de las manifestaciones son castigados por las leyes francesas "con cuantiosas multas y penas de prisión de hasta cinco años si el bien deteriorado es de utilidad pública o mobiliario urbano".

La alcaldesa ha remarcado que la "protesta permanente en las calles de Madrid está causando perjuicios muy graves a vecinos y comerciantes" y que, en unos momentos difíciles para todos, el espacio público "debe protegerse para la convivencia, para la libertad y para la actividad económica, que crean riqueza y empleo". El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, ha secundado la medida propuesta por la primera edil.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido a la alcaldesa que "sus propuestas mediáticas", como la instalación de más cámaras de videovigilancia en el centro de Madrid o la propuesta de limitación de manifestaciones en algunos puntos de la capital, le lleguen "por los cauces legales y no a través de los medios de comunicación".

"Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el derecho de reunión es un derecho fundamental que pueden ejercer todos los españoles que viven en todas las ciudades, y no sólo en Madrid", ha recordado la delegada. Además, ha explicado que este ejercicio no puede realizarse de manera diferente en una ciudad que en otra, "y no puede haber criterios distintos en función del lugar de residencia, porque se vulnerarían abiertamente los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación".

Precisamente por ello, Cifuentes considera que la propuesta que hace Ana Botella podría requerir la modificación del artículo 21 de la Constitución, donde se establecen los criterios básicos para manifestarse, así como de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, "lo que requiere, en ambos casos, de mayorías cualificadas y de un amplio consenso a nivel estatal". "Así pues, por tratarse de un derecho fundamental de todos los españoles, por estar regulado en normas de ámbito nacional, y por exceder de las competencias de la Delegación del Gobierno en Madrid, la reunión que, al parecer, quiere celebrar Ana Botella para tratar su propuesta, debe realizarla, no con esta Delegación, sino, al menos, con los ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, y Educación y Cultura, así como con la Federación Española de Municipios", le ha transmitido a la alcaldesa.

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