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Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid
Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid

La gran oficina administrativa

miércoles 07 de mayo de 2014, 09:55h
En España hay casi 2,7 millones de empleados públicos. De ellos, más de 300.000 trabajan en la Comunidad de Madrid. Es la segunda región que más funcionarios emplea, solo por detrás de Andalucía, aunque, en proporción, un funcionario por cada 21 habitantes, la supera, ya que esta tiene dos millones de habitantes más. Son profesionales sanitarios, profesores, bomberos, policías, personal administrativo... Ello convierte a Madrid en la capital de la administración pública.
Los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y personal eventual o de confianza. Solo a los que han conseguido plaza fija mediante oposición se les conoce comúnmente como funcionarios y es muy difícil que se les pueda despedir. El personal laboral, por su parte, ostenta contratos ordinarios de trabajo (ya sean fijos, indefinidos o temporales) regidos por el Estatuto de los Trabajadores y por convenios colectivos. El personal eventual realiza funciones "de confianza o asesoramiento especial en virtud de nombramiento y con carácter no permanente". Y por último, los interinos son similares a los funcionarios pero no tienen plaza a perpetuidad, sino que son nombrados "por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia".

El secretario general del sindicato CSIT-UP, José Ángel Montero, que representa a los empleados públicos de las distintas administraciones, asegura que en la región hay actualmente "280.000 empleados públicos entre estatutarios y personal laboral" pero "falta mucha transparencia para obtener los datos de personal eventual". Abordar un sector tan amplio es difícil porque nadie parece compartir las cifras que se manejan. Hasta en el cálculo del sueldo medio de los empleados públicos hay desacuerdo, quizás porque a las nóminas hay que sumar a las retribuciones básicas (sueldo base, más trienios y pagas extra), las complementarias (complemento de destino, de productividad, específico de puesto, entre otros, como la nocturnidad para funcionarios de prisiones y sanitarios) y las específicas de Madrid. Según la última encuesta de estructura salarial del INE de 2010, los empleados públicos percibían una retribución media de 29.811,67 euros brutos al año, un 30,8 por ciento más alta que el salario medio español, que es de 22.790 euros brutos.

Fuentes sindicales aseguran, sin embargo, que esta diferencia "no es real" y la achacan a "los sueldos de los altos directivos del sector". Tampoco hay acuerdo sobre la reducción de plantillas, causada por los recortes presupuestarios. El secretario general de CSIT-UP estima que "solo en sanidad se perdieron 3.600 empleos públicos en 2013". A esta pérdida habría que sumar la reducción de 2.574 empleados públicos prevista para este año por el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio. Nadie cuestiona, sin embargo, que los trabajadores públicos han experimentado mermas salariales debido a la congelación de sueldos y a la eliminación de la paga extra de Navidad. CSIT-UP calcula que llevan acumulada una pérdida de poder adquisitivo que alcanza el 19,7 por ciento. El personal laboral de la Comunidad de Madrid ha visto aumentada su jornada de 35 a 37,5 horas semanales.

Tres administraciones

Todos los empleados públicos dependen de alguna de las tres administraciones con competencias en la región: la Administración General del Estado (ministerios, Agencia Tributaria, prisiones, justicia, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Guardia Civil o entidades públicas empresariales), la Comunidad de Madrid (personal sanitario, profesorado, personal de justicia...) o alguno de los 179 ayuntamientos que gestionan los servicios públicos a nivel local (policía local, bomberos, trabajadores sociales, personal administrativo...). Según datos de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solo el 25 por ciento de los empleados públicos trabajan en las estructuras puramente administrativas, estando el resto dedicados a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia. Según los últimos datos disponibles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 21,6 por ciento del gasto para empleados públicos en 2011 correspondió al Gobierno central, el 34,3 por ciento al regional, el 12,3 por ciento al local, y el 31,9 por ciento a la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de la Función Pública. Tiene encomendadas las tareas de selección de los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración General del Estado, la formación de directivos públicos y del resto de las personas que componen las organizaciones administrativas, así como la reflexión sobre las principales líneas de actuación de la Administración española. Su actual director, Manuel Arenilla, cree que el desasosiego social hacia el funcionariado en parte es consecuencia de que los jefes de los empleados públicos son políticos: "No hay que olvidar que lo que está en descrédito son las instituciones políticas, que tienen la más baja valoración de los países de nuestro entorno. Por tanto, es tarea del sistema político recuperar la credibilidad ante los ciudadanos teniendo en cuenta que la población es cada vez más crítica y más consciente de sus derechos. Además, la administración pública tiene que profundizar en la eficiencia, en la eficacia y en la efectividad. No basta con hacer las cosas bien, hay que conseguir los resultados que los ciudadanos esperan", añade Arenilla.

Un sector en transformación

El Gobierno de la nación trabaja en una ley que transformará la Administración pública restando competencias a los ayuntamientos y transfiriéndolas a las comunidades autónomas para "evitar duplicidades que impiden que se haga plenamente efectivo el principio 'una Administración, una competencia'". En la práctica supondrá que las administraciones locales pierdan toda competencia en sanidad, educación o servicios sociales, que serán gestionadas directamente por parte de las comunidades autónomas.

Otro asunto que está suponiendo una metamorfosis de la Administración pública en Madrid es la 'externalización' de determinados servicios. Es decir, servicios que siguen siendo financiados mediante los impuestos de la ciudadanía pero que son ofrecidos por empresas privadas bajo la supervisión de los organismos públicos. Esta situación se repite prácticamente en todos los sectores: hospitales, limpieza viaria, recogida de basuras, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores, residencias, peajes en carreteras, etcétera. El director del Instituto Nacional de Administración Pública considera que "la mayor liberalización de los servicios públicos es una tendencia imparable" y recuerda que el nivel de 'externalización' en España es muy bajo en comparación a otros países de la OCDE.

Mención aparte merecen las empresas públicas, que actúan como compañías que pretenden obtener beneficios pero a la vez cumplen objetivos de interés social. La Comunidad de Madrid tiene más de una veintena de empresas públicas que abarcan sectores muy diversos. En los últimos años, sin embargo, la Administración ha puesto en marcha una importante poda en las mismas. Las empresas públicas regionales atienden a objetivos muy dispares, pues entre ellas está desde Metro de Madrid, que gestiona una red de 293 kilómetros y 300 estaciones del suburbano madrileño, hasta la cadena de televisión autonómica Telemadrid, que hace más de un año sufrió un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a unos 900 trabajadores. Otras empresas públicas como Aeropuertos de Madrid S.A. o Promomadrid han sido cerradas directamente por orden del Gobierno regional y otras como el Consejo de la Juventud, Alcalá Natura 21, la Sociedad Campus de la Justicia, el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña o el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) se han extinguido. También fueron disueltas Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid.

El Consistorio de la capital también dispone de algunas empresas públicas, lo que permite atender necesidades concretas como la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Mercamadrid o la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. También el Consistorio se encuentra en pleno proceso de reestructuración de su sector público. Ejemplo de ello es la fusión de Madrid Arte y Cultura (Macsa) y Madrid Espacios y Congresos (Madridec) para dar lugar a la nueva sociedad Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, o la absorción por parte de la EMT de Madrid Movilidad.

El panorama del sector público se encuentra, por tanto, en pleno proceso de adelgazamiento (en los últimos años se han perdido 600.000 empleos públicos en España, según datos del INAP). Y es que a la reducción de empresas públicas y a la reforma local se suma la escasa convocatoria de plazas de personal al servicio de las administraciones, un personal que, según la actual legislación, ha de realizar "un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos". El director del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Emilio Iranzo, considera altamente positivo este recorte en el sector pues, a su juicio, la situación anterior era "insostenible". "Las administraciones públicas habían duplicado sus funciones. Es necesaria, por tanto, una simplificación que no perjudique al ciudadano pero reduzca el gasto", afirma.

Más Made in Madrid:

1- Agricultura y ganadería

2- Industria alimentaria

3- Automoción

4- Industria farmacéutica

5- Artes gráficas

6- Industria química

7- Educación

8- Transporte de viajeros

9.- Transporte de mercancías

10.- Comercio

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