Los autores del 11-M son condenados a 115.000 años

El tribunal que juzgó los atentados del 11 de marzo de 2004 y el suicidio de varios islamistas implicados el 3 de abril en Leganés, en conjunto el atentado terrorista con más víctimas de Europa, comunicó su resolución el 31 de octubre de 2007 con penas de 115.000 años de cárcel e indemnizaciones a las víctimas por valor de 273 millones de euros.

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, leyó el resumen de la sentencia poniendo así fin al proceso que comenzó el 15 de febrero del mismo año para esclarecer la implicación de 28 acusados. Un total de 291 personas murieron en los tres de cercanías de Madrid en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo y a la altura de la calle Téllez. Además, otras 1.841 personas resultaron heridas.

Tres grandes condenas. Absuelto “El Egipcio”
El tribunal encontró culpables a José Emilio Suárez Trashorras, que fue colaborador necesario al proporcionar los explosivos a los terroristas, 34.715 años de prisión. Jamal Zougam y Othman El Gnaoui, principales encausados, fueron encontrados culpables de ser los autores materiales de los atentados del 11-M, por lo que fueron condenados a 42.922 años de prisión.

En cambio, el señalado por la Fiscalía como autor intelectual de la masacre, un Rabei Osman "El Egipcio" que siguió la sentencia por videoconferencia desde un tribunal de Italia, fue absuelto de todos los cargos. Al conocer en directo el veredicto del juez, Osman rompió a llorar y gritó "¡Me han absuelto!". A pesar de ello, la Fiscalía anunció posteriormente que recurría esta decisión.

A Hassan El Haski, acusado de ser uno de los dirigentes del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) en Europa, se le imponen 15 años de cárcel por pertenencia a banda armada y ser dirigente de la misma.

El tribunal consideró probado que Basel Ghalyoun, Fouad El Morabit Anghar, Mouhannad Almallah Dabas, Sael El Harrak, Mohamed Bouharrat, Youssef Beldhadj, y Mohamed Larbi Den Sellam pertenencen a la red de Al Qaeda en España, llegando a estar en contacto con los suicidas de Leganés. Por todo ello se le impuso 12 años de prisión a cada uno.

El tribunal dictaminó 18 años de prisión para A Rachid Aglif y a Abdelmajid Bouchar por pertenencia a banda terrorista y tenencia de explosivos. El primero estuvo implicado en las operaciones de compra-venta de los explosivos utilizados en los atentados y el segundo huyó del piso de los suicidas de Leganés al detectar la presencia de la Policía.

Hamid Ahmidan, primo de "El Chino", que se suicidó junto a otros seis terroristas islamistas en Leganés el 3 de abril, deberá cumplir 23 años de prisión por colaborar en la preparación de los explosivos del 11-M en la casa de Morata de Tajuña.

Rafa Zouhier, confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, puso en contacto a Suárez Trashorras con Jamal Ahmidan, alias "El Chino", facilitando así el acceso de la célula islamista a la dinamita que sería utilizada en los atentados. Cumplirá 10 años por colaborar con la banda terrorista.

A Abdelilah El Fadoual El Akil se le imponen 9 años de cárcel por ser colaborador de "El Chino". Estuvo en Morata de Tajuña, facilitó documentación falsa a Ahmidan y le ayudó trasladando desde Ceuta el coche que éste utilizó para traer los explosivos desde Asturias a Madrid. Colaboró además en la financiación de la célula a través del tráfico de drogas. Nasreddine Bousbaa y Mahmoud Sleiman Aoun, que falsificaron documentación para "El Chino", cumplirán 3 años de cárcel.

A Raúl González Peláez, trabajador de Mina Conchita, que suministró los explosivos que José Emilio Suárez Trashorras vendió a los autores del 11-M, se le sentencia a 5 años de cárcel. Mientras, Antonio Iván Reis Palicio y Sergio Álvarez Sánchez, que transportaron los explosivos a Madrid a petición de Trashorras, cumplirán 3 años. Sobre estos acusados, pertenecientes a la conocida como "trama asturiana",  el tribunal decidió imponer medidas cautelares, ya que entonces se encontraban en libertad.

Quedaron libres sin cargos Antonio Toro Castro, Carmen Toro Castro, Emilio Llano Álvarez, Mohamed y Brahim Moussaten, Javier González Díaz, e Iván Granados Peña.

Después de conocerse las penas, diez condenados se pusieron en huelga de hambre, pero bastaron pocos días para que volvieran a comer. En el momento de iniciarla, un funcionario preguntó a Jamal Zougam cuánto tiempo iba a mantener el ayuno y éste le respondió que tenía «42.922 años para pensarlo».

Recursos a sentencias e indemnizaciones
La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo que preside Pilar Manjón afirmó que pediría la revisión de las indemnizaciones a las víctimas del atentado fijadas por la Audiencia Nacional, al considerar que las indemnizaciones destinadas a los heridos más graves eran en muchas ocasiones inferiores a las percibidas por las víctimas de atentados perpetrados por ETA.

Además, anunció a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que presentaría un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de los atentados para recurrir las penas del absuelto Rabei Osman El Sayed, alias "Mohamed El Egipcio"; "Hassan El Haski" (15 años) y "Youssef Belhadj" (12 años); y las de la ex mujer de José Emilio Suárez Trashorras y su ex-cuñados, Carmen y Antonio Toro.

También comunicó su apelación contra las penas impuestas a Rafa Zouhier, Abdelmajid Bouchar y Fouat El Morabit.

ETA no está vinculada al 11-M
La tesis de alguna de las defensas de que los atentados del 11-M fueron obra de ETA fue desmontada. De acuerdo con los numerosos informes sobre la relación de presos etarras e islamistas, de los acusados y etarras; el informe negativo sobre uso de Goma 2 por parte de ETA; las pesquisas sobre furgoneta Kangoo encontrada en Alcalá de Henares y sobre la mochila encontrada en los trenes de El Pozo pusieron de manifiesto que "ninguna de estas pruebas avala la tesis alternativa de que ETA participó en el atentado".

La declaración que más polémica provocó debido a las repercusiones generadas fue la del director general de la Policía en el momento en que se produjo la masacre, Agustín Díaz de Mera, que se negó a revelar al tribunal el nombre o número profesional de la persona que le informó sobre la existencia de un presunto informe que vinculaba a la banda terrorista ETA con los atentados.

Esa supuesta fuente, el comisario Enrique García Castaño, responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo, negó posteriormente (cuando Díaz de Mera dio su nombre) que “jamás” dijera que ETA “tuviera una relación ni por asomo con el 11 de marzo".

Reacciones
Tras la sentencia llegaron las reacciones políticas. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se mostró convencido de que "las víctimas podrán sentir algún consuelo y alivio en sus sentimientos". Además,  hizo un llamamiento "a las fuerzas políticas y al conjunto de la sociedad para trabajar unidos contra el terrorismo".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se atribuyó en cambio el mérito de que "la mayoría de los condenados fueron capturados en un tiempo récord por el Gobierno del PP”. Rajoy afirmó que quería "dejar bien claro que respetamos las decisiones de los tribunales”, aunque añadió que el PP seguirá apoyando "cualquier investigación" que permita avanzar en la acción de la Justicia.

El portavoz adjunto del IU, Gregorio Gordo, apeló a la "sensatez y responsabilidad" del Partido Popular para que "asuma y acate la sentencia" y que se acabe con "la crispación social artificialmente generada".

Para Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, la región deseaba "pasar página y mirar hacia adelante". Mientras, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón (PP), expresó su "satisfacción" por que se haya hecho "justicia" en relación a los atentados del 11 de marzo de 2004 en la capital española, y llamó a acatar "el criterio de los jueces" fijado en la sentencia, que descarta la implicación de ETA y desmiente la teoría de la conspiración.