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Por una agencia anticorrupción y una ley de protección al denunciante en la Comunidad de Madrid

martes 02 de marzo de 2021, 10:38h

Como ciudadanos llevamos varias décadas sufriendo la corrupción sistémica presente en muchas de nuestras instituciones, hasta tal punto que se constituye casi como un concepto que ha moldeado a la sociedad española y condicionado buena parte de la política en nuestro país, y aún hoy, no hay semana en la que no tengamos noticias de corrupción en alguna administración o partido político.

De acuerdo con el informe presentado en el Parlamento Europeo Los costes de la corrupción en la EU, los costes económicos de la corrupción en España ascienden a 90.000 millones de euros al año, cifra que representa el 8 por ciento de nuestro PIB. Solo en las últimas décadas se han abierto 587 casos con más de 2.700 imputados y la percepción de la corrupción ha crecido a un ritmo de 2,6 puntos de media en los últimos 20 años.

Sin embargo, una corrupción sistémica no solo genera costes económicos directos, sino también genera unos costes de oportunidad si cabe mucho más elevados que los directos. ¿Cuánto vale la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas y en sus gestores? ¿Cuánto vale que las empresas más competitivas dejen de acudir a concursos públicos porque están adjudicados de antemano?

El efecto directo de la corrupción, más allá del cansancio social de quienes se encuentran lejos del poder político, es evidentemente la gota malaya en la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y sus instituciones. El CIS revela que la corrupción es el principal problema en nuestro país para 1 de cada 3 ciudadanos e incluso hoy, en mitad de la peor crisis económica y sanitaria que recordamos la mayoría, la corrupción es la cuarta razón de preocupación general para los españoles.

Atajar la corrupción de raíz, proponer los mecanismos necesarios para evitar que la corrupción venga de donde venga se instale cómodamente es una de las grandes reformas pendientes en nuestro país, y por ello se hace imprescindible abordar de manera integral la transposición de la Directiva 2019/1937 del Parlamento y el Consejo Europeo a favor de las personas que informen sobre actividades delictivas de carácter político administrativo: La conocida como Ley de Alertadores.

Según el informe Blueprint Report Series sobre protección a informadores de tramas sitúa a España en la cola la UE, no cumpliendo ninguno de los 9 estándares internacionales sobre la protección de alertadores. Países como Nueva Zelanda o Noruega cuentan con leyes a tal efecto y registran uno de los menores niveles de corrupción a nivel mundial según International Transparency.

A pesar de la tardanza en la transposición de la Directiva estatal, algunas regiones han apostado no sólo por establecer un marco jurídico favorable a los alertadores, sino que han apostado de manera contundente por una protección integral de los mismos a través de instituciones verdaderamente independientes. Este es el caso de la Agencia Valenciana Antifraude, que ha cambiado el paradigma de la corrupción en la que estaba instalada esta Región y abordado con eficacia y con eficiencia más de 350 denuncias desde su creación en 2016.

Cada una de esas denuncias, ha sido investigada garantizando ampliamente los derechos de los denunciados y protegiendo de manera integral a los denunciantes, consiguiendo que la reputación de esta institución y la confianza en la misma no hayan hecho más que crecer, junto con el número de personas que se animan a denunciar amparados por la seguridad de no sentirse desprotegidos.

En Más Madrid, creemos que cuando las cosas funcionan hay que copiarlas, y por eso hemos presentado una Ley en la Asamblea de Madrid, para crear la Agencia Madrileña contra el Fraude y la Corrupción, a imagen de la Valenciana, independiente de los políticos, eficaz en su cometido y que permita, en un breve espacio de tiempo, cortar de raíz uno de los problemas más graves de una de las comunidades más azotadas por la corrupción.
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