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7-O: Por un trabajo decente también en Madrid

miércoles 07 de octubre de 2020, 21:24h

En este aciago 2020 hemos cumplido el decimotercer aniversario de la JMTD (Jornada Mundial por el Trabajo Decente). El 7 de octubre, desde el sindicalismo de clase hemos gritado al unísono en todo el mundo “por el trabajo decente” una vez más y con más motivos que nunca. Esta jornada, este zarpazo a las conciencias, fue ideado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

En esta ocasión, con el terrible escenario de la pandemia por COVID-19, la reivindicación internacional, que debe ser permanente, se basa en la necesidad de un “nuevo contrato social para la recuperación y la resiliencia”, es decir, para empujar esa adaptación a las circunstancias que es característica del ser humano en la naturaleza pero menos en la selva del capitalismo.

La CSI cifra en 400 millones los empleos perdidos en todo el planeta como consecuencia de la pandemia. Un destrozo mundial que conlleva economía sumergida (con cerca del 60 por ciento de personas) y precariedad en la economía formal (con el 40 por ciento). Una circunstancia que afecta a todo el mundo, pero también a España y a la Comunidad de Madrid.

Sin duda, nos encontramos en una situación extraordinariamente difícil y complicada, donde la pandemia ha hecho que crezca el paro, la precariedad, la temporalidad y el trabajo en peores condiciones. Por eso, desde las Comisiones Obreras de Madrid nos queremos acordar muy especialmente de quienes sobreviven en la economía informal como los inmigrantes que no tienen regularizada su situación. Pero también de tantas mujeres, como las empleadas del hogar, que no tienen un contrato o están contratadas de forma irregular.

Son personas que sufren especialmente la ausencia de ingresos y nutren buena parte de las “colas del hambre”, amparadas en la solidaridad vecinal como bien sabemos en la Comunidad de Madrid y en la propia capital de España.

Es por ello que este 7 de octubre incidimos en la denuncia de la situación y exigimos un cambio. La crisis surgida por la pandemia está demostrando algo, y es que si estamos salvando la situación es porque hemos sido capaces de estar confinados manteniendo los trabajos esenciales porque miles de trabajadores en precario, y sobre todo trabajadoras, han estado dando la cara y trabajando con el riesgo al contagio. Estas personas han sido determinantes para salir del confinamiento en nuestras casas.

Nadie puede negar este hecho, y por eso creemos que no hay ninguna justificación para seguir manteniendo esas condiciones salariales, esas condiciones laborales de precariedad que están sufriendo, por ejemplo, desde las trabajadoras de las residencias, las cajeras de los supermercados, los reponedores, el personal de limpieza hasta el sanitario, un largo etcétera de trabajos, muchos de ellos invisibles, esenciales y paradójicamente maltratados.

El mejor reconocimiento que se puede hacer a estas personas es justicia. Y esa justicia pasa por un cambio en sus condiciones salariales y laborales. Y mejorar estas condiciones significa cumplir dos tareas fundamentales.

Por una parte, aprovechar todas las propuestas de reconstrucción a nivel europeo, nacional y regional con la propuesta de la Asamblea de Madrid surgida tras los debates de la Comisión de reconstrucción realizada en los meses previos al verano. Unos resultados que no pueden quedar en papel mojado. Propuestas que persiguen un cambio en nuestro modelo de producción de bienes y servicios, sostenible, avanzado tecnológicamente, digitalizado y con trabajo decente. Un cambio que se debe recorrer con una transición justa y con igualdad.

En segundo lugar, va a ser fundamental también que se pongan en marcha cambios importantes desde el punto de vista laboral. Por eso hay que exigir la derogación de la reforma laboral. Hay que pelear por el cambio de las condiciones laborales y la capacidad de los trabajadores para que, organizados, negocien sus condiciones de trabajo. Un mercado laboral para un nuevo modelo productivo no puede asentarse en la precariedad que promueven las últimas reformas laborales.

Es a partir de esas premisas desde donde esta región puede tener un futuro, desde donde podemos tener un modelo productivo diferente y mejor, pero sobre todo, un trabajo decente, que reduzca la desigualdad social y alcance una sociedad más cohesionada. Pero ese gran contrato social también debe ser la base sólida para reforzar los servicios públicos, el valor del trabajo, las actividades vinculadas a los cuidados, a las actividades sanitarias, educativas, a los servicios públicos…, todo eso que durante tres lustros en la región de Madrid se ha atacado en beneficio de privatizaciones que sólo benefician a unos pocos.

Con todo, las reivindicaciones de este 7 de octubre a nivel internacional se enmarcan en la línea que establecen la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el octavo objetivo de desarrollo. Por eso, desde CCOO instamos a que los gobiernos incidan en un trabajo seguro, con derechos y protección social; salarios mínimos vitales; protección social universal también para las trabajadoras y trabajadores en la economía informal; servicios públicos universales y de calidad en sanidad, educación y cuidados; igualdad en la participación económica de las mujeres, todos los grupos raciales, migrantes y jóvenes, y su protección frente a la discriminación; el derecho universal a la libertad sindical y la negociación colectiva; garantías de salud y seguridad en el trabajo; transiciones justas respecto al clima y la tecnología.

Así como apoyo público a las empresas condicionado a: mantenimiento del empleo en las empresas; prohibición de los paraísos fiscales; diálogo social y medidas de transición justa acordadas con las trabajadoras y trabajadores y sus sindicatos; solidaridad mundial para asegurar que los países vulnerables dispongan de la asistencia financiera directa que necesiten para dar forma a un mejor futuro para toda su ciudadanía; extensión del alivio de la deuda para los países más pobres y vulnerables de hasta dos años y creación de un fondo mundial para la protección social, con una garantía de cinco años para los países más pobres.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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