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Cuando la okupación arruina las ciudades

miércoles 09 de septiembre de 2020, 08:15h

Impotencia, frustración, incredulidad.... Estos sentimientos son los que experimentan miles de familias que viven afectadas, directa o indirectamente por la okupación ilegal y las mafias que la promocionan. Un problema nacido de la ineficacia de la ley y, por tanto, de la dificultad que encuentran las Administraciones, la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacerla cumplir.

En un momento en el que las ciudades están viviendo una transformación en muchos aspectos -social, digital, ecológico- y en el que el urbanismo está respondiendo de forma activa para mejorar la vida de los ciudadanos, sigue apareciendo la okupación ilegal -con ‘k’- como un problema que nuestro sistema no acierta a solucionar. Cuando la ley debería proteger a propietarios y familias, las mafias siguen aumentando su actividad.

Son muchos los barrios y municipios madrileños en los que la herida de la okupación se hace presente. Fuenlabrada, Móstoles, Mejorada, Nuevo Baztán o los distritos Carabanchel, Usera y Vallecas en Madrid capital destacan entre ellos, al igual que el distrito Centro, con Lavapiés a la cabeza. Pongo como ejemplo a este último, barrio multiétnico, con espíritu castizo, que vive un proceso de evolución desde la ‘marginación urbana’ a referente de cultura y vanguardismo gracias a sus vecinos, comerciantes y asociaciones.

Pero ese avance se da directamente de bruces con las narcomafias, que transforman las plazas en guetos, recordando el peor Lavapiés de los años 80. Las viviendas se convierten en ´narcopisos´ que destruyen la convivencia vecinal. Las calles pasan a ser ‘no lugares’ donde la percepción de inseguridad es cada vez mayor. Todo ello lleva asociado la desaparición del comercio local y el deterioro cultural, patrimonial y urbano que caracterizan el tejido social. Una espiral destructiva, en definitiva, que hunde la esencia, destroza el espíritu y que, en el mejor de los casos, lleva décadas recuperar, como se puede comprobar en zonas de Madrid como Chueca o Tetuán.

La apuesta por la rehabilitación y regeneración urbanas choca con la inacción y, en muchos casos, la justificación de parte de nuestros representantes públicos. Si todos estamos de acuerdo en que los desahucios sin alternativa habitacional necesitan de una respuesta eficaz y en que hay que apostar por la vivienda pública social y sostenible, todos deberíamos ser igualmente conscientes de que tolerar o flirtear con el apoyo a la okupación ilegal significa devaluar el lienzo urbano y permitir que la convivencia y la economía de barrio salten por los aires. Es cínico y triste que los autoproclamados portavoces de “la gente” y “los de abajo” compadreen con la okupación ilegal, anteponiendo supuestos principios ideológicos al bienestar de vecinos y trabajadores.

Desde Ciudadanos llevamos años proponiendo al resto de partidos políticos una reforma legal realista y efectiva, que dé a la Justicia y a las Fuerzas de Seguridad -pero, también, a los residentes y propietarios- las herramientas necesarias para acabar con este fenómeno. La Ley de Garantías para la Seguridad y la Convivencia que hemos presentado en el Congreso de los Diputados ampara al legítimo dueño y dota de instrumentos a Juntas de Propietarios y a los cuerpos policiales para poder actuar, endureciendo, además, las penas por delitos de usurpación. El propio programa de gobierno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid recoge la exigencia al Gobierno central de que agilice lo ante posible los desalojos de viviendas okupadas y su recuperación por sus propietarios.

En definitiva, es urgente actuar y hay que hacerlo ya. Es injusto para el conjunto de la sociedad española que se permita a cualquiera arrebatar a otro lo que tanto esfuerzo le ha costado conseguir, como es el hogar, y que las mafias se lleven por delante, con ello, la vida de barrios y pueblos enteros. No podemos permitir que la okupación arruine nuestras ciudades.

Miguel Díaz

Diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid

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