Latina se concentra contra la "criminalización generalizada" de los Menas

Los vecinos de Latina se han polarizado entre defensores y detractores del albergue juvenil Richard Schirrmann, reconvertido en un centro de acogida temporal de 66 menores extranjeros no acompañados (Menas). La conflictividad en el barrio se ha intensificado en la ‘nueva normalidad’ con un repunte de robos y agresiones atribuidos a quienes allí residen, hechos que han provocado una “criminalización generalizada” de estos jóvenes que denuncia la recién fundada Plataforma Convivencia Latina. Este sábado se concentrarán en apoyo a estos chicos y para reclamar a la Comunidad de Madrid medidas que favorezcan su inclusión.

Aránzazu Huerta, portavoz de la asociación, no niega que "hay sensación de inseguridad en el barrio". Sin embargo, asegura que estos actos delictivos puntuales también se dan en "otras situaciones y por gente no inmigrante". Por ello, no entiende que se haya creado un clima de odio contra los menas injustificado y "por desconocimiento". "Excluimos al colectivo unitariamente sin importar sus condiciones personales", lamenta.

La representante de la Plataforma sostiene que en el distrito se ha apostado "siempre" por la convivencia y que, hasta ahora, siempre habían cohabitado "pacíficamente" con el alto porcentaje de personas migrantes que viven en él. Esta calma parece haberse roto en las últimas semanas, puesto que Huerta relata que incluso se han organizado "batidas vecinales" a través de las redes sociales a raíz de los conflictos surgidos con los menores extranjeros no acompañados. "Parece que cualquier cosa que ocurre en el barrio es su culpa", se queja.

Este sábado, la Plataforma Convivencia Latina ha convocado una concentración a las 20:00 horas frente al albergue -Camino del Robledal, 2- para mostrar su rechazo a la visión que se ha dado del distrito en los últimos meses y en contra de la "instrumentalización que vienen haciendo determinados partidos políticos de los menores acogidos". Para la asociación, la condición de estos no se asocia a delincuentes, sino a "niños que necesitan tutelaje".

Menores detenidos y petición de traslado

A prinicpios de julio se sucedieron varios incidentes junto a la Casa de Campo protagonizados por estos jóvenes. La Policía Nacional detuvo a nueve de ellos por apedrear a varios vecinos y sustraer la cartera a uno de ellos tras robar previamente a una mujer. Los hechos suscitaron una protesta vecinal el pasado día 6 al considerar que la situación se estaba descontrolando. "Nadie hace nada, los vecinos tenemos miedo y estamos hartos", declararon.

Poco después, la concejala presidenta del limítrofe distrito de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, solicitó a la Comunidad de Madrid el traslado de los menores a otro emplazamiento movida por la "preocupación sobre el aumento de la delincuencia". La edil del PP pidió a la Consejería de Políticas Sociales que "encontrara un recurso habitacional más adecuado a las especiales necesidades de atención e inclusión social que necesitan".

Sin embargo, su compañera de Gobierno Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital, no se mostró partidiaria de esta solución y abogó por implantar programas para su integración similares al programa de formación desplegado para jóvenes en riesgo de exclusión en la cocina de El Mirador de Cuatro Vientos. A su juicio, mover a los chicos tan solo suponía "cambiar el problema de sitio".

Misma opinión esgrimió el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien se mostró partidario de "primero resolver el problema y luego pensar dónde es más adecuado un centro". El político de Ciudadanos señaló que estos jóvenes pasan por una fase "complicada" posterior al encierro en el centro por el coronavirus y apuntó que "hay unos casos concretos que necesitan una actuación directa, pero las actuaciones en su conjunto con los chavales son adecuadas".

El pasado martes, el consejero se reunió tanto con vecinos como con los concejales presidentes de Latina y Moncloa-Aravaca para conocer su parecer e iniciar la toma de medidas a corto plazo para terminar con el conflicto. No obstante, la Consejería no detalla hacia qué línea se encaminarán. Por su parte, la Plataforma insta al Gobierno regional a destinar un presupuesto "real y eficiente" a políticas de inclusión y "pedagogía".

En una línea opuesta se ha manifestado Vox, cuya portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado que se destine 125 euros a cada chico alojado en los centros de menores extranjeros no acompañados "cuando ya les gustaría a muchas familias españolas tener esa cuantía". "Ya está bien de dedicar dinero a estos menas que no se quieren integrar", indicó la semana pasada.

Sobre las humillaciones e insultos de un vigilante de seguridad hacia uno de estos jóvenes difundido por la Cadena Ser, la diputada de Vox reconoció que "claro que son denunciables", pero apostó por la repatriación. "Nosotros lo que proponemos es que estos menores inmigrantes, que algunos de ellos son verdaderos delincuentes y drogodependientes, se tienen que repatriar a sus países origen, quedarse con sus padres", sentenció.