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Barcelona y Madrid, dos modelos opuestos para el juego de azar

jueves 21 de noviembre de 2019, 09:15h
El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido la apertura de nuevos establecimientos de juegos de azar, salones de juego, bingos y casinos. La intención es evitar adicciones y preservar la salud de los ciudadanos.
Barcelona y Madrid, dos modelos opuestos para el juego de azar

Algunos informes oficiales cifran en un 0,4% de la población de entre 15 y 64 años que sufre algún tipo de trastorno relacionado con el juego en Cataluña, lo que equivale a unas 20.000 personas. Hombres y jóvenes son los colectivos más afectados.

Al igual que sucede con el plan hotelero para los barrios donde existe más presión turística, la capital catalana apuesta por el decrecimiento, o sea, por no dar nuevas licencias. Y cuando los negocios actuales dejen de operar en el futuro por cualquier motivo, no serán sustituidos. Actualmente existen 53 locales físicos especializados en estas actividades: 35 salones de juego, 17 bingos y un casino.

La situación de Barcelona contrasta con la otra gran ciudad española, Madrid, donde solo en dos barrios (Carabanchel y Puente de Vallecas) existen más locales de este tipo que en toda Cataluña. Dos ejemplos ilustran la disparidad de lo que está sucediendo en España actualmente, según refleja la memoria de 2018 de Anesar, la patronal del sector del juego.

El primero es que la Comunidad de Madrid suma 378 locales, frente a los 127 establecimientos de toda Cataluña, a pesar de que la última región tiene un millón de habitantes más. Andalucía lidera la clasificación, con 743 salones. En el caso de Baleares, existen 149 puntos para jugar. Una normativa más liberal en la capital explica que haya calles llenas de casas de juego y que, como consecuencia, hayan proliferado las quejas vecinales.

Y la segunda muestra consiste en la dispar evolución en los últimos años. Mientras que en Cataluña apenas se ha puesto en funcionamiento un único local de juego entre 2014 y 2017, en Madrid fueron 106 establecimientos. En las Baleares se pasó de 93 a 149 espacios, uno de los mayores incrementos de España en términos porcentuales.

¿Qué modalidad sube más?

Los datos de Barcelona —donde también se vetará la publicidad de esta actividad en el transporte público y se introducirán cláusulas para que las empresas combatan la adicción al juego— sirven para ilustrar la complejidad de este fenómeno. Un 60% de la población de entre 15 y 64 años jugó con dinero en 2017. Aunque la modalidad presencial sigue siendo la más importante (59,5%), el juego por Internet, con el 3,5% entre las casas de apuestas y los casinos online, va ganando adeptos. De hecho, la modalidad online es la que avanza a mayor velocidad, sobre todo entre los jóvenes, cuyas vidas giran en torno al móvil.

En Baleares, el año pasado fueron atendidas 281 personas por algún tipo de problema relacionado con los juegos de azar o la ludopatía. Esta cifra contrasta con las 126 personas de 2017, según datos de la dirección general de Salut Pública i Participació de la comunidad insular, que constata un incidencia entre cuatro y cinco veces mayor entre los hombres que entre las mujeres.

Por ello, el Ayuntamiento de Palma tiene previsto incluir los juegos de azar y las apuestas en su plan contra las adicciones, lo que incluirá algún tipo de actividades o acciones en institutos, escuelas y barrios de la capital insular. Este documento también abordará cómo luchar contra el consumo de drogas, tanto las legales como las ilegales. La voluntad pasa por identificar los factores de riesgo para después tomar medidas concretas encaminadas a la protección de la salud y a proporcionar información a la población objetivo.

Control explícito de la entrada

En las Islas Baleares sigue siendo obligatorio que los salones de juego controlen la entrada de todas las personas, de acuerdo a un decreto publicado este mismo 2019. Será el próximo 18 de noviembre cuando termine el plazo para que estos locales hagan efectiva dicha medida, que consiste en identificar a los jugadores y a impedir el acceso a los menores de edad, a los imposibilitados legalmente y a quienes lo hayan solicitado voluntariamente. Debe tenerse en cuenta que la obligación y los procedimientos para identificarse varían según de qué comunidad autónoma se trate.

El Govern de Francina Armengol (PSIB-PSOE) prevé sanciones de hasta 30.000 euros por permitir la entrada a las personas que lo tienen vetado, si bien el importe en los casos más graves podría llegar a los 450.000 euros, en el caso de que se les deje apostar.