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Estudiantes de la Complutense se manifiestan contra el reingreso en su puesto de funcionaria de Cristina Cifuentes.
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Estudiantes de la Complutense se manifiestan contra el reingreso en su puesto de funcionaria de Cristina Cifuentes. (Foto: Silvia Aguilar)

Podemos incluye testigos y un registro de TFM en su enmienda bis a la Lemes para evitar otro 'mastergate'

viernes 08 de junio de 2018, 16:03h
La Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes) regresa a la casilla de salida en su tramitación parlamentaria. Con una salvedad. Podemos ha incluido en su nueva enmienda a la totalidad un sistema de registro y publicación de trabajos fin de máster para evitar por ley casos como el que ha llevado a la dimisión (y a los tribunales) a la expresidenta.

Cuando Cristina Cifuentes era todavía Cristina Cifuentes, se olvidó votar durante el debate de una de sus medidas estrella, la Lemes, y le aprobó por error a Podemos la enmienda a la totalidad registrada contra esta normativa llamada a ordenar la Educación superior madrileña.

Su entonces segundo, Ángel Garrido, se comprometió al minuto a paralizar la tramitación del texto alternativo morado que acompañaba a esa enmienda y volver a enviar a la Asamblea de Madrid el original, el del PP, apoyado por Ciudadanos (Cs) y más respetuoso con la "voluntad popular", dijo.

Registro público

El Gobierno regional se mantiene firmen en su idea de que la Lemes esté lista antes del verano. Hoy, cumplido aquel compromiso que la oposición tildó de "atentado", llega el turno de reactivar todo el proceder parlamentario y presentar, otra vez, las nuevas enmiendas a la totalidad. Podemos ha hecho lo propio este viernes y ha incluido en su propuesta, de 88 páginas, una serie de puntos pensados para impedir un escándalo como el del 'mastergate' que ha tumbado a Cifuentes y que ayer le valió su reprobación al consejero Van Grieken.

En concreto, como defiende el parlamentario Eduardo Fernández Rubiño, la formación propone instaurar "un sistema de registro" de los trabajos de fin de máster (TFM) "y de las actas" en los institutos universitarios. El texto, en su artículo 34, relata que estos 'apéndices' de la organización universitaria "deberán publicar en sus portales web un listado" de los "trabajos de investigación u otros derivados de la docencia detallando la fecha de su entrega y profesor/a tutor".

Además, el proyecto obliga a que, "a los efectos de acreditar la publicidad de los actos de lectura de trabajos de fin de máster u otros cursos o diplomas de experto", se incorpore al acta "el listado completo de personas asistentes como público, debiendo firmar como testigos al menos uno de ellos". Sin realizar este trámite o sin ofrecer acceso a él, la ley morada obligaría a anular la evaluación. También, pide la conservación de todos los TFM en formato digital.

Sin rastro del TFM

Desde el minuto cero del escándalo, Cifuentes defendió que había realizado su trabajo pero que lo había extraviado entre mudanza y mudanza. Las acusaciones de que, en realidad, su título de Derecho Autonómico emitido por un instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) había sido obtenido años atrás de forma poco lícita aumentaron de voltaje cuando se descubrió que las actas que certificaban la defensa de ese trabajo final habían sido falsificadas. Hoy, la Justicia investiga estos hechos, por los que la expresidenta está imputada.

Con este mecanismo que Rubiño quiere incluir en la Lemes -una normativa amplísima y sometida a un cuestionamiento permanente-, Cifuentes, teóricamente, no habría podido promocionar.

Entre las novedades de esta enmienda, el diputado cita la constitución de "unidades de rendición de cuentas" en estos institutos, además de iniciativas para transformar "definitivamente" el Cardenal Cisneros, un "chiringuito del PP" que también se ha visto afectado en su imagen por, esta vez, una polémica con el dirigente de ese partido Pablo Casado.

Los socialistas, por su parte, han confirmado a este medio que han presentado ante el registro de Vallecas su propia enmienda a la Lemes, en la que piden la devolución del texto al Ejecutivo de Garrido.

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