El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el conflicto entre el sector del taxi y las VTC y ha admitido, “en lo esencial”, las restricciones impuestas a este servicio. La sentencia avala el límite que impone que solo puede haber una licencia de vehículo de alquiler con conductor cada treinta taxis y la territorialidad de estas licencias, dos medidas ya incluidas en el Decreto aprobado por el Gobierno hace unas semanas.
"Feliz". El sentir del sector del taxi se resume en esa palabra que remarca con ahínco el presidente de una de las asociaciones mayoritarias después de que el Tribunal Supremo haya avalado la mayoría de las restricciones impuestas a las licencias VTC por parte del Gobierno hace tres años.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Uber, Unauto -patronal mayoritaria de VTC- y Maxi Mobility Spain (Cabify) al Decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el 20 de noviembre de 2015.
La sentencia estima que, si bien el taxi no es "en sentido jurídico un servicio público", siempre ha sido considerado "un servicio de interés general" y, como tal, ha sido "sometido a una intensa reglamentación". En este sentido, se expone que, si se mantiene tal concepción, es "preciso" imponer determinadas limitaciones al servicio de VTC para permitir una "competencia equilibrada" entre ambas modalidades y hacer posible con ello el mantenimiento "del servicio del taxi en su concepción tradicional".
En el marco de esta idea, el Supremo avala "en lo esencial" el planteamiento de la Administración y de las asociaciones de taxistas, pero también expone qué medidas son necesarias y proporcionadas y cuáles no.
La ratio 1:30, admitida
En este punto, sobre la ratio que limita a una licencia VTC cada 30 taxis, el Supremo admite que el Gobierno no ha ofrecido una justificación razonada pero tampoco los recurrentes, por lo que el límite queda establecido como un máximo que puede ser rebajado por las administraciones competentes (las comunidades autónomas).
De igual forma, el Supremo aprueba también la proporcionalidad: las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor deberán desarrollar el 80 por ciento de sus servicios en el territorio donde está domiciliada, algo que ya estaba establecido en el último Decreto de Mariano Rajoy.
Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, Uber y Unauto y anula la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que deja fuera de juego a pequeños empresarios.
"Son buenas noticias"
En un principio, en el juicio se vislumbraron dos lados excesivamente opuestos. Por una parte, la Administración y los taxistas y, por otro, Cabify, Uber y la CNMC.
Eso sí, a medida que iba transcurriendo el tiempo, Uber y la CNMC comenzaron a optar por la liberalización total de las VTC, algo que hizo a Cabify desligarse de esa estrategia y perseguir una vía más amable.
En este sentido, tal y como recuerda Eduardo Martín, presidente de Unauto, comenzaron a defendieron la ratio, por lo que esta sentencia la tacha de "buena noticia". "Unauto aprobó el Decreto Ley", remarca.
Lo que sí quisieron derogar fue la limitación de tener siete licencias para constituir una empresa de VTC, algo que han conseguido.
Por su parte, Uber ha lanzado un statement en el que explica que esperan "ponerse a trabajar" con el Gobierno y los taxistas para hacer posible "que cada vez más gente deje su coche en casa".
Matrículas azules para evitar la especulación
Como era de esperar, la sentencia pone coto a la entrega de nuevas licencias de VTC pero no a la concesión de las pedidas entre 2009 y 2015 cuando se produjo un vacío legal. Según fuentes conocedoras del caso, se darán unas 6.000 más en toda España y, luego, se cerrará el grifo.
Eso sí, este dato no preocupa en exceso al sector del taxi. Tal y como ha explicado en varias ocasiones Miguel Ángel Leal a Madridiario, lo principal siempre ha sido parar la concesión de nuevas licencias.
Además, para las que llegan, el Gobierno y las asociaciones trabajan desde hace unos meses en implantar matrículas azules para reconocer los taxis y los coches de Uber y Cabify y para dificultar la "piratería" y el "intrusismo" en el sector.
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