La situación del alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste (PP), se complica. Investigado ya por un delito de falso testimonio y pendiente de que se fije la fecha de ese juicio, la Justicia ha abierto la puerta a celebrar otro por falsedad documental, lo que implica penas de prisión de tres a seis años.
Todo mana del conocido como caso de los arquitectos. En 2013, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a dos arquitectos honoríficos por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios al entender que se habían estado beneficiando de su doble labor como trabajadores municipales y coadministradores de una sociedad privada al aprobarse a sí mismos proyectos urbanísticos particulares.
Cambio de firmas
En un auto al que ha tenido acceso Madridiario, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Colmenar Viejo cree que existen "indicios racionales" de que en aquel juicio se alteraran unos expedientes "con la aprobación del alcalde hoy investigado".
En concreto, la Justicia pone el foco en un informe técnico emitido por los dos arquitectos honoríficos que posteriormente la defensa presentó firmado por un tercero para ser usado como "prueba exculpatoria". Por este motivo, el juez instructor ha descartado archivar el caso y ordena seguir adelante con el proceso penal contra los tres, al tiempo que sobresee provisionalmente las actuaciones contra los otros cuatro acusados.
Como recuerda el auto, el alcalde declaró como testigo en 2013 que uno de los arquitectos condenados "no había emitido informes técnicos", algo que resulta "coherente" con el "expediente alterado" pero no con el "original", de ahí que ya vaya a ser juzgado por falso testimonio.
Pendientes de los recursos
Según han detallado fuentes jurídicas, ni la Fiscalía ni la acusación popular han formulado aún su escrito de acusación para pedir la apertura de juicio oral -el siguiente paso en el procedimiento abreviado-. Hay sobre la mesa varios recursos de reforma desde los dos bandos que piden tanto incluir al vicesecretario municipal como imputado como archivar todo el caso.
La oposición en la localidad ha vuelto a pedir la dimisión de García Yuste por "responsabilidad política". "Cuando hay un procesamiento o una imputación (en este caso se dan los dos) es porque después de una investigación hay pruebas fundadas, obtenidas con garantías judiciales, de que se ha podido cometer un delito. A nadie le procesan por que sí", valora Manuel Reche, portavoz de Ahora Guadalix y miembro de IU.
A escala regional, el PP ha recibido las críticas de PSOE y Ciudadanos ante la protección que la expresidenta Cristina Cifuentes ha brindado a García Yuste hasta el penúltimo minuto al considerar que sus imputaciones no infringen el código ético. Paradójicamente, a día de hoy, ambos están investigados por la presunta comisión del mismo delito.
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