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De ilegal campo de golf a parque e instalaciones públicas en Chamberí

martes 19 de diciembre de 2017, 07:45h

El 14 de abril de 2003, miren ustedes por dónde, Alberto Ruiz-Gallardón, como presidente de la Comunidad y José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid, colocaban la primera piedra de lo que sería, según sus propias palabras, un gran parque en la avenida de Islas Filipinas para uso y disfrute de los vecinos y vecinas del distrito de Chamberí.

En el Convenio Urbanístico suscrito por el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid para el aprovechamiento mutuo de terrenos el Canal presentó al Ayuntamiento un proyecto de rehabilitación de la cubierta del Depósito número 3 que permitiera su uso público en el distrito de Chamberí, el más necesitado de Madrid en zonas verdes de acceso público.

El Ayuntamiento, siendo ya alcalde Gallardón, aprueba ese proyecto en 2003 y se expone al público en grandes carteles, y con una publicidad que se consideró digna de la futura zona verde, destinada en su integridad a parque público.

Y en esto llegó la Comunidad de Madrid, personificada por Esperanza Aguirre que venía a ocupar el hueco dejado por Gallardón y lo hacía como la dueña del cortijo, manifestando implícitamente que los terrenos a reutilizar eran de responsabilidad suya.

Todo ello no habría sido más que una nueva muestra de soberbia de esta señora... si no fuera por el escarnio a los más elementales principios de legalidad, la burla a las expectativas de los vecinos y vecinas de Chamberí y el más absoluto desprecio al proyecto planificado por sus correligionarios Gallardón y Manzano. Y así, pelillos a la mar, impone en 2004 cambios sustanciales en el Proyecto, entre ellos un recinto inaccesible de campo de tiro de golf con vallas y torres metálicas que restringe gravemente el uso abierto y público de todo el parque. La ocurrencia queda completada con un pequeño campo de golf de césped artificial, que más parecía un mini-golf grande que lo que pretendía ser.

El Canal pone en marcha el despropósito. Dan comienzo las obras contrarias al Proyecto aprobado. Comienza también el juego de equívocos, tergiversaciones y acomodaticias decisiones de Esperanza Aguirre, para ganarle el pulso a la realidad.

El Ayuntamiento inspecciona las obras en varias ocasiones y al observar que no se corresponden con el Proyecto aprobado notifica al Canal la relación de obras no autorizadas, sin que este haga el más mínimo caso, solicitando modificación del Proyecto al Ayuntamiento que la deniega.

Tras informe de la CIPHAM, organismo municipal de protección del patrimonio arquitectónico, el Ayuntamiento emite orden de suspensión de las obras el 16 de octubre de 2006.

La Comunidad contraataca y declara las obras de especial interés general por Decreto de 18 de enero de 2007 y en base a esa declaración aprueba las obras, ya realizadas ilegalmente en su mayor parte, de restauración y consolidación del Depósito 3 del Canal.

Terminadas las obras, que inaugura para mayor gloria de sí misma Esperanza Aguirre, se concede la gestión de los espacios deportivos y del restaurante a la empresa Green Canal que comercializaba los usos de las instalaciones, manteniendo el uso restringido del enorme recinto del campo de tiro de golf.

Parecía que cuando el Ayuntamiento aceptó el indudable y excepcional interés público que recogía el Decreto de interés general en esta refriega había ganado finalmente la Comunidad. Ni una ni otro, Comunidad y Ayuntamiento, Esperanza y Alberto, prestaron la atención que merecían los vecinas y vecinos de Chamberí.

Los vecinos se habían puesto en marcha en 2005 cuando descubrieron que las obras que se están haciendo no se correspondían con el destino de todo parque. La Asociación Vecinal El Organillo de Chamberí, con asesoramiento del estudio jurídico de José Antonio Jiménez y Manuel Iglesias, presenta un recurso contencioso-administrativo contra la declaración de especial interés general hecha por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que, tras ganarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es ratificado por la sentencia del Tribunal Supremo el 12 de diciembre de 2012.

Frente a esto ¿qué hizo la Comunidad? ¿Acatar las sentencias de los tribunales? ¿Aceptar lo señalado por los responsables de la disciplina urbanística municipal? ¿Atender las demandas ciudadanas? No, en absoluto. Esperanza Aguirre se enroca y pone de manifiesto nuevamente su terquedad. Otra cosa no será, pero... he aquí, todo un muestrario:

Que el interés general no se sostiene, por inexistente, pues se fabrica un Plan Especial de Infraestructuras con el objeto de legalizar los campos de golf construidos, aunque esta vía tampoco se ajuste a la legalidad ya que, como es sabido, la ordenación de este espacio debe ser objeto de un estudio detallado de evaluación de impacto ambiental, como exige la normativa de la propia Comunidad de Madrid.

Que la revisión del Plan General entonces en curso debería incluir el desmontaje de las instalaciones de golf infrautilizadas e ilegales, pues se obvia y no se incluye.

La situación planteada era más que sospechosa, rayana en lo absurdo. Se produjeron entonces denuncias por lo que todo apuntaba claros indicios de corrupción y apropiación de lo público para intereses del Partido Popular, cuando no directamente para el enriquecimiento personal de algunos de sus dirigentes mediante el saqueo de las empresas públicas. Con la arrogancia de quien considera que nunca será descubierto. Con la terquedad de quien se considera por encima del bien y del mal.

Esas denuncias fueron promovidas socialmente por la Asociación El Organillo y en estrecha colaboración con Parque Sí en Chamberí, asociación constituida con el objetivo principal de reclamar ese parque público y que fue negado obstinadamente hasta logra sentencia por la que se ordenaba a Canal de Isabel II Gestión y a la Comunidad de Madrid, entre otras cuestiones, la adopción de las medidas necesarias para la reposición de la parcela a su estado físico anterior a la ejecución de las obras.

Ambas organizaciones vecinales consiguen poner de manifiesto que el trabajo conjunto ofrece sus frutos. Un trabajo para recuperar todo el espacio del Depósito nº 3 del Canal para zona verde abierta al público. En esta reclamación contaron con la ayuda permanente de Ecologistas en Acción, con las asociaciones de madres y padres de alumnos del distrito, con miles de firmas de vecinos y vecinas y con los partidos políticos de la oposición.

Estos son los antecedentes. A partir de todo ello, y sobre la base y el impulso que representa todo ese esfuerzo ejemplar de compromiso cívico del tejido social de Chamberí, el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid presentó diversas iniciativas en el Parlamento regional, como una Proposición No de Ley en las que se instaba a la Comunidad a revertir su ilegal actuación y transformar este dislate en un parque público. Así como a que se restableciera la legalidad y se volviera a impulsar el proyecto inicial que en su concepción general nunca debió ser enterrado.

Tras esta memorable lucha llegamos al momento actual. El Canal, además de solicitar licencia de derribo de la ilegales instalaciones, inició un proceso de dialogo con las asociaciones y los colectivos que han protagonizado y visibilizado la oposición ciudadana a esta agresión para Chamberí para definir los nuevos usos en el conjunto de las instalaciones para lograr, como señalaba una histórica aspiración de El Organillo, un Chamberí mejor en un Madrid más humano.

Diego Cruz Torrijos es diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Portavoz de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Diego Cruz Torrijos

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista Asamblea de Madrid y portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno

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